FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Cual Es La Funcion De La Corte Interamericana De Derechos Humanos?

Cual Es La Funcion De La Corte Interamericana De Derechos Humanos
La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.

¿Qué son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dónde quedan sus sedes?

Capítulo II

CAPÍTULO II BASES JURÍDICAS Y ACTIVIDADES DE LA CIDH DURANTE 1999 1. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General para un período de cuatro años, renovable por cuatro años más.2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.3. La CIDH se reúne en períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones varias veces por año. Su Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones de la CIDH y sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas.4. En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. La CIDH fue creada en 1959, y se reunió por primera vez en 1960.5. Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces, ha realizado 77 visitas a 23 países miembros. Con base en observaciones de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informes especiales, de los cuales se han divulgado cincuenta hasta la fecha.6. Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegan violaciones a los derechos humanos. Hasta 1999 ha recibido varias decenas de miles de peticiones, que se han concretado en 12,000 casos tramitados o en trámite. (El método de tramitación se describe más abajo). Los informes finales publicados sobre estos casos pueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o por país.7. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a mayo de 2000, por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados Partes se comprometen internacionalmente a respetar y hacer respetar. La Convención crea, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH tiene facultades adicionales anteriores a la Convención como procesar peticiones individuales relativas a Estados que no son partes de la Convención.8. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato: 1. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención. Más adelante se describe este procedimiento en mayor detalle.2. Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un Estado en particular.3. Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General.4. Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello, entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos. Así, por ejemplo sobre: medidas para asegurar mayor independencia del poder judicial; actividades de grupos irregulares armados; la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas.5. Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes de gobiernos, académicos, grupos no gubernamentales, etc. para difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos.6. Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos.7. Requiere a los Estados que tomen “medidas cautelares” específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera “medidas provisionales” de los Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aun cuando el caso no haya sido sometido a la Corte.8. Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios.9. Solicita “opiniones consultivas” a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana.9. Actualmente la Comisión se encuentra tramitando alrededor de 1000 casos individuales. Toda persona, grupo de personas u organización no gubernamental puede presentar una denuncia ante la Comisión, alegando la violación de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y/o por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La denuncia puede ser presentada en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (castellano, francés, inglés y portugués) y puede ser presentada a nombre de la persona que realiza la petición o a nombre de una tercera persona.10. La Comisión sólo puede abrir un caso cuando se alega que uno de los Estados miembros de la OEA es responsable de la violación de derechos humanos en cuestión. La Comisión aplica la Convención Americana para procesar a aquellos Estados denunciados que son parte de la Convención. En relación con aquellos Estados no partes de dicha Convención, la Comisión aplica la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.11. En el período al que se refiere este informe, la Comisión se reunió en las cuatro ocasiones siguientes: Celebró su 102º período ordinario de sesiones entre el 22 de febrero y el 12 de marzo de 1999; su 103º período extraordinario de sesiones entre el 3 y el 7 de mayo de 1999; su 104º período ordinario de sesiones entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre de 1999, y su 105º período extraordinario de sesiones entre el 19 y el 21 de noviembre en San José de Costa Rica.12. La Comisión celebró su 102º período ordinario de sesiones entre el 22 de febrero y el 12 de marzo de 1999. Al iniciarse la actividad, la Comisión eligió sus nuevas autoridades. El jurista estadounidense Profesor Robert K. Goldman fue electo Presidente de la Comisión; el Dr. Hélio Bicudo, jurista brasileño, fue electo Primer Vicepresidente, y el jurista chileno Decano Claudio Grossman fue electo Segundo Vicepresidente. Los otros miembros de la Comisión fueron el Prof. Carlos Ayala Corao (Venezuela), el Dr. Jean Joseph Exumé (Haití), el Dr. Álvaro Tirado Mejía (Colombia) y Sir Henry Forde (Barbados).13. En el curso de este período de sesiones la Comisión consideró y aprobó el Informe Anual correspondiente a 1998, que la CIDH presentó a la Asamblea General de la OEA en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de esta última, que tuvo lugar en Antigua, Guatemala, y en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en junio de 1999.14. También en ese período de sesiones la Comisión examinó numerosas denuncias referentes a derechos humanos individuales, en que se aducían violaciones de la Convención Americana y/o de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y emitió en total 60 informes sobre esos casos y denuncias. La Comisión celebró 44 audiencias sobre denuncias individuales y casos referentes a situaciones generales y específicas relacionadas con derechos humanos en diversos Estados miembros de la OEA. En esas audiencias la Comisión escuchó manifestaciones de los Estados y de representantes de las víctimas de supuestos abusos contra los derechos humanos. La Comisión pasó revista asimismo al trámite de diferentes casos, y realizó el seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus diversos informes. Además analizó y dictó medidas cautelares en relación con varias solicitudes de medidas de ese tipo para evitar perjuicios irreparables a las personas afectadas. Conforme a los artículos 48(1) de la Convención Americana y 35(c) de su Reglamento, la Comisión decidió, tras examinar diversos expedientes, suspender la consideración de 14 casos.15. Por otra parte, durante este período de sesiones la Comisión consideró y aprobó su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, conforme a los cometidos que le asignan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 41), su Estatuto (artículo 8) y su Reglamento (artículo 62). El Informe fue recopilado a partir de información y documentos recibidos antes, durante y después de la visita in loco que realizó la Comisión a la República de Colombia del 1 al 8 de diciembre de 1997, por invitación del Gobierno de ese país. El informe pone de manifiesto el carácter sumamente complicado de la situación reinante en Colombia y la existencia de numerosos protagonistas que promueven la violencia en ese país.16. En el mismo período de sesiones la Comisión pasó revista a diversas actividades de sus relatores especiales. Estudió y aprobó el informe del Relator sobre Libertad de Expresión, Dr. Santiago Canton, presentado en cumplimiento del mandato que le fue confiado al establecerse esa relatoría. En la esfera de los derechos de los indígenas, el relator Prof. Carlos Ayala Corao presidió la delegación de la Comisión a la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que se realizó entre el 10 y el 12 de febrero de 1999. Fue la primera de tales reuniones a la que hayan asistido grupos indígenas de diversos países del Hemisferio, junto con delegaciones oficiales. El 16 de febrero de 1999 el Prof. Ayala presentó su trabajo a la Comisión en el curso de la segunda reunión de trabajo OEA/Banco Mundial sobre asociación en cuestiones referentes al patrimonio cultural. El Prof. Ayala informó también sobre sus futuras actividades relacionadas con su relatoría, haciendo especial hincapié en la negociación y adopción del proyecto de Declaración.17. Durante este período de sesiones la Comisión consideró también el programa de trabajo para 1999 del Primer Vicepresidente, Hélio Bicudo, Relator sobre los Derechos de los Niños. La Comisión expresó su intención de evaluar el avance logrado en esa esfera en su próximo período ordinario de sesiones. La Comisión estudió el informe de progreso, que fue presentado por el Dr. Alvaro Tirado Mejía, Relator sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en las Américas. Estudió asimismo las contestaciones de los Estados miembros y organizaciones no gubernamentales al cuestionario sobre ese tema que les fue remitido en 1998.18. En el período considerado, tomando como base la propuesta del Decano Claudio Grossman, Relator sobre Derechos de la Mujer, la Comisión publicó, como documento separado, el Informe sobre la Situación de los Derechos de la Mujer en las Américas. La Comisión señaló que el informe representaba la primera parte de una nueva serie especial que sería publicada por la Comisión para llamar la atención de la comunidad internacional de los derechos humanos sobre ciertos temas específicos como el mencionado. Teniendo en cuenta la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión volvió a instar a los Estados miembros de la OEA a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para cumplir su compromiso de eliminar todas las medidas discriminatorias contra la mujer en las Américas.19. Además, durante este período de sesiones la Comisión señaló que el fondo voluntario establecido en su 98º período ordinario de sesiones para financiar la labor de sus relatores especiales sigue abierto para la recepción de contribuciones de Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, entidades de cooperación, fundaciones e instituciones privadas. La Comisión manifestó que espera que el fondo voluntario reciba el apoyo necesario para que las relatorías puedan cumplir su función de promover el avance hacia la plena protección de las personas y los derechos en los que se centran los esfuerzos de los relatores. La Comisión dejó constancia de los compromisos asumidos por Argentina y el Reino de Suecia, de efectuar contribuciones al fondo voluntario establecido para el Relator de la Comisión sobre la Libertad de Expresión. La Comisión mencionó también la satisfacción con que ha recibido la noticia de que el Reino de España efectuaría una contribución destinada a reforzar el centro de documentación de la CIDH y a respaldar sus publicaciones.20. La Comisión celebró su 103º período extraordinario de sesiones entre el 3 y el 7 de mayo de 1999. El 6 de mayo su Presidente, Robert K. Goldman, en nombre de la CIDH, hizo entrega a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA del Informe Anual de 1998 de la CIDH. Al mismo tiempo entregó las versiones publicadas del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México y el Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, aprobados en el 99º y 102º períodos de sesiones.21. El Informe Anual de la Comisión correspondiente a 1998 se publicó en tres volúmenes. El Volumen I se refiere al origen y al fundamento jurídico de la CIDH y a las actividades de la Comisión y contiene informes sobre denuncias y casos individuales. El Volumen II contiene el capítulo sobre casos individuales, un análisis de la situación imperante en la Región en materia de derechos humanos, el seguimiento de las recomendaciones anteriores de la CIDH, estudios especiales y las recomendaciones de la Comisión a Estados miembros con respecto a ámbitos en que deberían adoptarse medidas encaminadas a lograr la plena observancia de los derechos humanos. El Volumen III del Informe Anual contiene el informe del Relator para la Libertad de Expresión.22. En este mismo período de sesiones la Comisión examinó numerosas comunicaciones individuales referentes a supuestas violaciones de la Convención Americana y/o de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y emitió en total 25 informes sobre casos y denuncias individuales. Conforme a los artículos 48(1)(b) de la Convención Americana y 35(c) de su Reglamento, tras examinar diversos expedientes la Comisión decidió suspender la consideración de seis casos.23. Durante el período de sesiones de que se trata la Comisión estudió las respuestas de los Estados a los cuestionarios referentes a la situación de los trabajadores migrantes y sus familias en el Hemisferio, que fueron presentadas tras el 102º período ordinario de sesiones de la CIDH. El miembro de la Comisión Dr. Alvaro Tirado Mejía, Relator sobre el tema trabajadores migrantes y sus familias, informó a la Comisión sobre recientes acontecimientos referentes al mismo que tuvieron lugar en los Estados miembros de la OEA.24. También en el período de que se trata, teniendo en cuenta la propuesta efectuada por el Decano Claudio Grossman, Relator sobre Derechos de la Mujer, la Comisión pasó revista a varios casos individuales referentes a los derechos de la mujer, así como al estado de la reforma legislativa relativa a los derechos de la mujer en las Américas, conforme a la Recomendación Nº 6 del Capítulo VIII del Informe Anual de la CIDH correspondiente a 1998. El relator informó también a la Comisión su preocupación sobre la situación de la violencia doméstica contra la mujer en el Hemisferio, que considera un asunto grave.25. Durante el período de sesiones en cuestión, la Comisión examinó los preparativos para diversas visitas in loco previstas para 1999. Además propuso fechas para una futura visita a Paraguay, respondiendo a una invitación de ese Estado. Por otra parte, la Comisión decidió seguir realizando visitas in loco especiales a diversos lugares de los Estados Unidos, conforme a la invitación formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Además, en relación con la invitación que formuló Haití a la Comisión para que realizara una visita a Haití, la Comisión prosiguió su diálogo con los representantes de ese Estado a fin de determinar fechas definitivas para la visita.26. La Comisión celebró su 104º período ordinario de sesiones entre el 27 de septiembre y el 8 de octubre de 1999. En la inauguración de la reunión de la Comisión, el Prof. Robert K. Goldman, Presidente de la misma, en su discurso de apertura ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, hizo referencia al diálogo recientemente iniciado sobre el sistema interamericano de derechos humanos. El Prof. Goldman destacó la importancia que reviste reforzar la estructura institucional del sistema, a escala nacional y regional, para promover el respeto de los derechos humanos en las Américas. También se refirió a otros temas e hizo especial hincapié en la importancia de que los Estados miembros de la OEA cumplan sus obligaciones internacionales en relación con los derechos humanos, las decisiones de los órganos del sistema y los presupuestos de la Comisión y de la Corte Interamericana.27. El 22 de septiembre de 1999 el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, solicitó una reunión con la Comisión en la sede de la CIDH, en Washington, D.C. La Comisión tuvo el honor de recibir al Presidente de Venezuela y a su distinguida comitiva, de la que formaba parte el Ministro de Relaciones Exteriores venezolano, José Vicente Rangel.28. En un comunicado de prensa independiente emitido el 22 de septiembre de 1999 referente a la visita del Presidente de Venezuela a la Comisión, la CIDH expresó que la reunión con el Presidente de la República de Venezuela le permitió compenetrarse de la visión actual y futura del mismo sobre Venezuela. El Presidente de Venezuela expresó su respaldo a la labor de la Comisión y transmitió el interés de su Gobierno de ese país de respetar y observar los derechos humanos durante el proceso de reforma constitucional.29. En el curso de la reunión con el Presidente de Venezuela, éste invitó a la Comisión a realizar una visita in loco a su país. En nombre de la Comisión, el Presidente de la misma aceptó la invitación, que ha de realizarse en una fecha futura establecida de común acuerdo.30. En el mismo período ordinario de sesiones la Comisión recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay, José Félix Fernández Estigarribia. Durante la reunión, el Ministro Fernández Estigarribia reiteró el apoyo institucional de Paraguay a la labor realizada por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y el Ministro Fernández Estigarribia examinaron diversas posibilidades de colaboración y promoción de los derechos humanos.31. Por otra parte, durante el período de sesiones de que se trata la Comisión celebró una reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Eugenia Brizuela de Ávila. La Ministra analizó temas relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos en El Salvador y mencionó algunas iniciativas adoptadas por su Gobierno. Durante la reunión la Comisión aprovechó la oportunidad para reiterar su interés en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la efectiva observancia de los derechos humanos en El Salvador. El miembro de la Comisión Álvaro Tirado Mejía, Relator de la CIDH sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, expresó su interés en participar como observador permanente en la Conferencia Regional sobre Migración, conocida como “Proceso de Puebla”, e hizo saber que esta iniciativa no tardaría en ser oficializada.32. También en el período de sesiones en cuestión la Comisión recibió al Sr. Olara Otunnu, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el tema Niñez y Conflictos Armados. El Sr. Otunnu se refirió a la importancia de ocuparse del tema de los niños en los conflictos armados en el contexto de los fundamentos estructurales de las sociedades; también destacó las graves consecuencias que suscitan los conflictos armados en América Latina en los menores y niños. El miembro de la Comisión Hélio Bicudo analizó algunas de las actividades de la Comisión y el Representante especial estuvo de acuerdo en establecer una comunicación regular en esa esfera.33. Durante el referido período de sesiones la Comisión recibió asimismo a una delegación de la Asociación Interamericana de Prensa (AIP), de la que formaban parte su Presidente, Jorge Fascetto, y varias autoridades del más alto nivel. Los miembros de la delegación de la AIP analizaron diversos problemas referentes a la libertad de expresión y presentaron cuatro denuncias sobre supuestas violaciones del derecho a la vida y a la libertad de expresión que habrían sufrido periodistas en diversos países.34. En el período que se examina la Comisión celebró 51 audiencias sobre casos individuales, la situación general en materia de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, medidas cautelares y otros temas de su competencia. Con respecto a soluciones amistosas, la Comisión celebró audiencias y sesiones de trabajo referentes a Argentina (4 casos), Brasil (3 casos), Colombia (3 casos), Ecuador (19 casos) Guatemala (2 casos), México (4 casos) Paraguay (5 casos) y Perú (2 casos). Además de los 19 casos arriba referidos correspondientes a Ecuador, el Gobierno de ese país hizo saber su intención de suscribir prontamente acuerdos de solución amistosa en ocho casos que estaban siendo negociados. La Comisión señaló que seguiría dando máxima prioridad a la solución de casos conforme al mecanismo establecido en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana.35. También durante el período ordinario de sesiones la Comisión prosiguió el estudio de varias comunicaciones individuales en que se denuncian supuestas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y/o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión adoptó 42 informes sobre casos y denuncias individuales. Conforme a los artículos 48(1)(b) de la Convención Americana y 35(c) de su Reglamento, tras examinar varios expedientes la Comisión decidió suspender la consideración de 21 casos.36. Además, durante este período de sesiones la Comisión consideró las observaciones presentadas por el Gobierno de la República Dominicana con respecto al texto preliminar del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en ese país. La Comisión analizó esta información y, en lo pertinente, la incluyó en la versión final del Informe sobre la República Dominicana cuya publicación autorizó. En el Informe se analizó la administración de justicia y las condiciones de las cárceles y de los presos. El Informe contenía también información sobre la situación de los trabajadores migrantes, las mujeres y los menores. La Comisión señaló en el Informe que los problemas que afectan a la plena observancia de los derechos humanos en la República Dominicana no obedecen a una política estatal encaminada a violar esos derechos. La Comisión reconoció en su informe que las autoridades dominicanas se ven confrontadas con problemas estructurales, modalidades culturales heredadas de su historia de autoritarismo, instituciones anacrónicas y falta de recursos.37. Además, en su Informe sobre la República Dominicana la Comisión formuló recomendaciones al Estado, solicitándole el cabal cumplimiento de sus obligaciones internacionales en cuanto al respeto de los derechos humanos. Además expresó gratitud al Estado por haberle proporcionado las instalaciones y la colaboración necesarias durante la visita in loco, y por la documentación suministrada. La Comisión expresó también su gratitud a las personas y a las organizaciones no gubernamentales que le proporcionaron información durante la visita.38. La Comisión celebró su 105º período extraordinario de sesiones en San José de Costa Rica los días 19 y 21 de noviembre de 1999. Estuvieron presentes en la reunión el Presidente de la Comisión, Prof. Robert K. Goldman, el Primer Vicepresidente Dr. Hélio Bicudo, el Segundo Vicepresidente Decano Claudio Grossman, y los miembros de la Comisión Dres. Carlos Ayala Corao, Jean Joseph Exumé y Álvaro Tirado Mejía. Además la Comisión contó con la asistencia de los siguientes miembros de la Secretaría de la Comisión: Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo, y Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto. Durante el período de sesiones la Comisión examinó 15 denuncias y casos individuales y adoptó varios informes sobre admisibilidad y fundamentos.39. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a El Paso, Texas, del 7 al 9 de julio de 1999, a invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América, a los efectos de realizar observaciones y reunir información sobre los procesos de inmigración y asilo y la situación de los trabajadores migrantes en esa región.40. La delegación de la Comisión estuvo formada por el miembro de la misma Dr. Jean Joseph Exumé; el Dr. David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto; los Dres. Relinda Eddie y Pablo Saavedra, abogados especialistas en derechos humanos; Tania Hernández, ayudante administrativa, Gerard François y Elizabeth Roure, intérpretes.41. Durante su estadía en El Paso, Texas, la Comisión se reunió con Luis García, Director de Distrito para Inmigración y Naturalización en el Distrito de El Paso; Michael D. Moon, Agente de Patrulla Jefe Adjunto de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos; Vincent J. Clausen, Director Adjunto de Distrito para Detención y Deportación del Departamento de Justicia y del Servicio de Naturalización e Inmigración; Benjamin Rincon Jr., Oficial Jefe de Aplicación de Normas sobre Detención del Servicio de Inmigración y Naturalización del Distrito de El Paso; Joseph A. Mongiello, Director de Puerto del Puerto de Entrada Puente de las Américas; Isabel Mullens, Directora de Puerto del Puerto de Entrada Paso del Norte; el Sr. Richard Duran, Director de Puerto de Ysleta, Puerto de Entrada Zaragoza, y Barbara A. Hall, Directora del Programa del Centro Juvenil de Southwest Key.42. La Comisión se reunió también con Antonio Rocco Scandiffio, Coordinador de Programa, y con otros funcionarios de la Comisión de Población Activa del Estado de Texas, y con Mary Lou Morales, Directora Adjunta del Programa de Servicios de Cuidado Sanitario del Departamento de Salud de Texas.43. Además la Comisión se reunió con miembros del colegio de abogados de El Paso, Texas, abogados especialistas en inmigración y representantes de las siguientes entidades especializadas en derechos humanos que mantienen contacto diario con inmigrantes, asilados y migrantes: Las Americas Immigrant Center, Texas Rural Legal Aid, Inc., American Friends Service Committee, Immigration Law Enforcement Monitoring Program, Diocesan Migrant and Refugee Services, Lawyers’ Committee for Civil Rights under the Law of Texas e Immigrant Refugee Rights Project, de El Paso, Southwest Migrant Farm Worker and Native American Assistance Program (SWAP), Pro Action Healthcare Outreach Program, Asociación de Trabajadores Fronterizos, La Mujer Obrera, y El Paso Coalition for the Homeless Opportunity Center,44. La Comisión visitó el Centro de Procesamiento y Establecimiento de Detención de El Paso, perteneciente al Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, el Centro Juvenil de Southwest Key, el Cuartel de Sector de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, el Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza de Paso del Norte, el Puerto de Entrada de Ysleta, el Puerto de Entrada del Puente de las Américas y el Puerto de Entrada de Paso del Norte.45. Además la Comisión recibió información sobre temas de interés a los efectos de su visita, como la referente a los cometidos del Servicio de Inmigración y Naturalización, trámites de procesamiento de la situación de solicitantes de asilo y migrantes, la Operación ” Hold the Line “, el procedimiento acelerado de remoción previsto en la Ley de Inmigración, las condiciones de detención, el acceso a servicios de abogados y patrocinio legal, el tráfico de migrantes, supuestos abusos contra los derechos humanos de los migrantes, así como las condiciones locales de los migrantes en cuanto a educación, trabajo, asistencia médica y alojamiento. La Comisión recibió también información acerca del impacto del ALCA sobre los trabajadores de la región.46. La Comisión se propone usar la información que recibió para preparar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias en el Hemisferio. Este proyecto recibió el respaldo de la Conferencia Cumbre de Presidentes de las Américas que se celebró en Santiago de Chile, y de una Resolución reiterada por la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Guatemala en junio de 1999. A los efectos de ese estudio, la Comisión se propone realizar una serie de visitas a diferentes puertos de entrada y centros de detención de inmigración en los Estados Unidos y en otros países de la Región.47. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una visita in loco a la República del Paraguay entre el 28 y el 30 de julio de 1999, a invitación del Gobierno de ese país, para observar la situación general de los derechos humanos en Paraguay.48. La delegación de la Comisión estuvo formada por su Presidente, Prof. Robert K. Goldman, el Dr. Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente, Decano Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; el Profesor Carlos Ayala Corao y Alvaro Tirado Mejía, miembros de la Comisión; el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión; los Dres. Christina M. Cerna, Ignacio J. Álvarez, abogados especialistas en derechos humanos; el Dr. Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión, y las Ayudantes Administrativas Ana Cecilia Adriazola y Tania Hernández.49. Durante la visita la Comisión se reunió con representantes gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y con diferentes sectores de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos, representantes eclesiásticos, organizaciones de campesinos y comunidades indígenas, dirigentes sindicales y supuestas víctimas de abusos contra los derechos humanos. Además la Comisión visitó varios establecimientos carcelarios y viajó a diferentes regiones del país.50. También durante la visita la Comisión se reunió con las autoridades de mayor rango de los tres poderes de Gobierno: el Presidente de la República, Dr. Luis Angel González Macchi; el Presidente del Congreso Nacional, Dr. Juan Carlos Galaverna, y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay, Dr. Wildo Rienzi Galeano.51. La Comisión se reunió asimismo con las siguientes autoridades gubernamentales pertenecientes al Poder Ejecutivo: Dr. Miguel Abdón Saguier, Ministro de Relaciones Exteriores; Dr. Silvio Ferreira, Ministro de Justicia; Dr. Nelson Argaña Contreras, Ministro de Defensa; Dr. Walter Bower Montalto, Ministro del Interior; Dr. Martín Antonio Chiola, Ministro de Salud y Bienestar Social; Dr. Aníbal de la Cruz Cabrera Veron, Fiscal General de Paraguay; Dra. Cristina Muñoz, Ministra de la Secretaría de la Mujer; Sr. Enrique José García de Zúñiga Caballero, Presidente del Instituto de Bienestar Rural (IBR); Sr. Oscar Optaciano Villamayor Sánchez, Presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI); Sr. Modesto Guggiari Zavala, Gobernador del Departamento de Concepción; Sr. César Ramón Alvarenga, Gobernador del Departamento de San Pedro; Sr. Lucio Vergara Ríos, Gobernador del Departamento de Itapúa.52. La Comisión se reunió asimismo con las siguientes autoridades gubernamentales pertenecientes al Poder Legislativo: Senador Juan Carlos Galaverna, Presidente del Senado; Senador Luis Alberto Mauro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Senador José Félix Fernández Estigarribia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Diputado Efraín Alegre, Presidente de la Cámara de Diputados; Diputada Sonia de León, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y Diputado Luis Alberto Mendoza, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. También asistieron a la reunión otros senadores y diputados del Congreso Nacional.53. Por otra parte, la Comisión se reunió con los siguientes miembros del Poder Judicial: magistrados de la Suprema Corte Dr. Raúl Sapena Brugada, Dr. Enrique Sosa, Dr. Felipe Santiago Paredes, Dr. Carlos Fernández Gadea, Dr. Jerónimo Irala Burgos, Dr. Luis Lezcano Claude, Dr. Elixeno Ayala y Dr. Bonifacio Ríos. Además la Comisión se reunió con el Juez Jorge Bogarín. En la sede del Poder Judicial, la Comisión visitó el repositorio de documentos en que se describe la represión realizada durante la dictadura, denominado “Archivo del Terror”.54. Durante la visita, la Comisión deliberó con representantes de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Paraguay, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (AFAVISEM), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), la Red Indígenista (RI), Campaña por Expresión Cívica DECIDAMOS, Defensa de la Niñez Internacional (DNI), la Fundación para la Reforma del Estado (FUNPARE), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), la Pastoral Social Nacional/Servicios de Formación y Estudios de la Mujer (SEFEM), el Servicio Paraguayo de Paz y Justicia (SERPAJ PY), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) Tierraviva, el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE) y el International Human Rights Law Group,55. Además, durante la visita la Comisión se reunió con las siguientes personas, organizaciones y grupos: Monseñor Pastor Cuquejo, de la Conferencia Episcopal del Paraguay; Profesor Luis Alfonso Reseck; entidades representativas de los campesinos, como la Federación Nacional Campesina, ONAL, Red Rural y Tekokatur ; organizaciones de trabajadores, como CNTI, CUT e ICESITEP; el grupo Ahorristas Estafados en Acción; la Coordinadora de Familiares de Presos Políticos y Perseguidos Políticos del Paraguay, y presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos. En la misma visita, el Dr. Santiago Canton, Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, se reunió con los directores de los siguientes diarios: ABC Color, El Día, La Nación, Noticias y Última Hora. También mantuvo reuniones con representantes de radios y canales de televisión.56. La Comisión celebró reuniones de seguimiento en relación con casos en trámite y en que se están diligenciando procedimientos de solución amistosa. Asistieron a las mismas las siguientes personas y representantes: Representantes del Gobierno paraguayo; representantes del el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), la Comisión de Iglesias para Ayuda de Emergencia (CIPAE) y International Human Rights Law Group, que actúa en nombre de las supuestas víctimas o sus familiares, algunos de los cuales también estuvieron presentes.57. Durante su visita, la Comisión realizó actividades programadas en Asunción, Encarnación, San Pedro y Concepción. En Asunción mantuvo reuniones con las autoridades, personas e instituciones arriba mencionadas, y además visitó tres establecimientos carcelarios: los de Tacumbú (hombres), El Buen Pastor (mujeres) y Panchito López (infractores juveniles). La Comisión recorrió las instalaciones de los tres establecimientos y se reunió con las autoridades carcelarias y con reclusos.58. La Comisión visitó Encarnación y se reunió con autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Se reunió con el Sr. Lucio Vergara Ríos, Gobernador del Departamento de Itapúa y también mantuvo reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales locales en las oficinas episcopales, entre ellas la Coordinación de Afectados por Yaciretá, la Comisión de Defensa de Derechos Sociales y los trabajadores en huelga de Radio Encarnación. Además visitó la penitenciaría de Encarnación. Durante esta última visita la Comisión recorrió las instalaciones y se reunió con las autoridades de la cárcel y con reclusos.59. La Comisión viajó a San Pedro y Concepción para mantener reuniones con autoridades locales y representantes de la sociedad civil. Se reunió con César Ramón Alvarenga, Gobernador de San Pedro, y con representantes de las comunidades rurales de Antebi Cue y Curuzú de Hierro, y así como con otros representantes de la sociedad civil local, y con grupos y representantes eclesiásticos. La Comisión visitó también las comunidades indígenas de Yackye Axa y Sawhoyamaxa, en el Chaco paraguayo.60. Durante su visita in loco a Paraguay, la Comisión recibió denuncias de personas que manifestaron, por sí o a través de sus representantes, haber sufrido violaciones de sus derechos humanos. La Comisión se reunió también con personas que deseaban ofrecer información adicional referente a denuncias en trámite ante la Comisión.61. El 11 de junio de 1999, en la ciudad de Quito, Ecuador, se firmaron doce acuerdos de solución amistosa sobre varios casos que se encuentran pendientes ante la Comisión.62. En esa ocasión, la CIDH fue representada por el Comisionado Carlos Ayala Corao y. Pablo Saavedra, abogado a cargo de Ecuador en la Secretaría Ejecutiva.63. Del 2 al 3 de diciembre de 1999, una Delegación Especial de la Comisión realizó una visita de trabajo en Managua, Nicaragua. El Prof. Hélio Bicudo, entonces Primer Vicepresidente de la CIDH y Relator de Nicaragua, acompañado por la Dra. Bertha Santoscoy, abogada a cargo de los asuntos de Nicaragua, se reunieron con altas autoridades del Gobierno y se entrevistaron con numerosos grupos de derechos humanos.64. Posteriormente, el Gobierno organizó una Conferencia sobre Derechos Humanos a la que asistieron diversas autoridades del Gobierno, la Iglesia y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El Prof. Hélio Bicudo dictó una conferencia sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos.65. La Delegación también visitó el Centro Penitenciario Nacional de Tipitapa. La Delegación observó el hacinamiento en que viven los prisioneros.66. Ese mismo día, la Delegación se reunió con el Procurador de Derechos Humanos. Cabe decir que la institución del Procurador es de reciente creación en Nicaragua. El intercambio de opiniones y el planteamiento de los temas que interesan a la Comisión fue muy fructífero.67. El Relator para Honduras, profesor Hélio Bicudo, actual Presidente de la CIDH, llevó a cabo una visita a la República de Honduras entre el 4 y el 6 de diciembre de 1999, por invitación del Estado hondureño. La Dra. Martha Braga lo acompañó en la visita en su calidad de abogada a cargo de los asuntos de Honduras en la Comisión. El objeto de la visita fue facilitar y acelerar el proceso de solución amistosa de varios casos de violaciones de derechos humanos en trámite en la Comisión y establecer contacto con organizaciones no gubenamentales dedicadas a la promoción de los derechos humanos en Honduras, a efecto de escuchar a sus representantes y recabar información con respecto a varios temas que preocupan al Relator en relación con la observancia de los derechos humanos en ese país.68. Las actividades realizadas por el relator incluyeron una reunión con organizaciones hondureñas dedicadas a la protección de los menores; la firma de un acuerdo de solución amistosa; una acto de entrega de la primera indemnización a víctimas de violaciones de derechos humanos; una reunión con organizaciones no gubernamentales que trabajan con pueblos indígenas y garífunas; una reunión con organizaciones que trabajan distintos temas (género, libertad de expresión, administración de justicia, situación de los centros penales, entre otras); una reunión con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras; y finalmente una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras con el Abogado Tomás Arita Valle, Sub Secretario de Estado a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tratados interamericanos de derechos humanos 69. El 19 de enero de 1999 la Representante Permanente de Venezuela depositó en nombre de su país el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el 5 de mayo de 1999 el Estado de Bolivia ratificó el mismo instrumento, con lo cual un total de cinco Estados miembros de la OEA han ratificado la Convención. En la misma fecha el Representante Permanente de Colombia depositó, en nombre de su país, el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y el Sancionar la Tortura, con lo cual un total de 14 Estados miembros de la OEA han ratificado ese tratado.70. El 16 de noviembre de 1999 Costa Rica ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocida también como “Protocolo de San Salvador”. El Estado de Costa Rica se convirtió en el undécimo Estado en ratificar la Convención, con lo cual ésta entró en vigencia.71. El 9 de noviembre de 1999 Ecuador y Nicaragua ratificaron el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Costa Rica ratificó ese mismo protocolo el 8 de febrero de 2000. Becas 72. En 1999 la Comisión siguió ejecutando el programa de “Becas Rómulo Gallegos”, que brinda capacitación, en relación con el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, a abogados jóvenes de países del Hemisferio seleccionados anualmente por concurso. Los aspirantes deben probar su identificación con los derechos humanos y poseer muy sólidas credenciales académicas. Actualmente la Comisión tiene cuatro becarios del programa “Rómulo Gallegos”, a los que se agregan dos becarios del programa de la Universidad de Notre Dame y la CIDH. Estos últimos reciben respaldo a través de financiamiento conjunto otorgado por la Universidad y la Comisión. Actividades de promoción 73. Los miembros de la Comisión, el Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto, así como los abogados funcionarios de la Comisión, participaron en el concurso anual de corte de justicia ficticia con fines didácticos (“Moot Court Competition”) sobre el sistema interamericano de derechos humanos, organizado por el Washington College of Law de la American University,74. La Comisión y la Secretaría participaron también en numerosas conferencias internacionales referentes al sistema interamericano de derechos humanos en Estados miembros de la OEA y en Europa y Africa, inclusive en Abidján, Côte d’Ivoire, y Arusha, Tanzanía.75. El Secretario Ejecutivo de la Comisión y un abogado funcionario de la misma participaron también en el primer concurso anual de “Moot Court” sobre el sistema interamericano de derechos humanos, organizado por la Universidad de Suriname.76. La Comisión siguió litigando en torno a varios asuntos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.77. En 1999 la Comisión inició los siguientes asuntos contenciosos ante la Corte Interamericana: Caso 11.762 (Baruch Ivcher Bronstein, contra el Estado de Perú; Caso 11.636 (José María Cantos), contra el Estado de Argentina; Caso 11.803 (Olmedo Bustos y otros), contra el Estado de Chile; Caso 11.816 (Haniff Hillaire (Trinidad y Tobago); Caso 11.455 (Miguel Aguilera y otros), contra el Estado de Venezuela; Caso 11.123 (José Carlos Trujillo Oroza), contra el Estado de Bolivia, y Caso 11.760 (Tribunal Constitucional), contra Perú. Con la presentación de los casos arriba referidos ante la Corte Interamericana, la Comisión tiene en trámite ante la Corte un total de 23 casos.78. Durante el 104º período ordinario de sesiones de la Comisión, el 24 de septiembre de 1999, la Corte Interamericana adoptó resolución sobre cuestiones de competencia en los casos de Baruch Ivcher Bronstein y de la Corte Constitucional, ambos contra la República de Perú. La Corte se declaró competente para entender en ambos casos y falló que “es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos”.79. En su Comunicado de Prensa Nº 25/99, del 29 de septiembre de 1999, la Comisión destacó el sólido fundamento jurídico de las sentencias de la Corte y estableció que éstas “constituyen un significativo aporte a la consolidación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”. La Comisión reiteró su esperanza de que el Estado peruano aproveche la oportunidad para cumplir plenamente las obligaciones libremente contraídas en relación con los derechos humanos.80. También durante su 104º período ordinario de sesiones la Comisión tomó nota de la opinión consultiva Nº OC-16/99, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, emitida por la Corte el 1º de octubre de 1999 a solicitud del Estado de México. La Corte sostuvo, inter alia, que “el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la asistencia consular”, y que “la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero, reconocido en el artículo 36.1.b)” de la Convención de Viena “afecta las garantías del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado de la vida ‘arbitrariamente’, en los términos de las disposiciones relevantes de los tratados de derechos humanos”.81. Por otra parte, el 29 de septiembre de 1999 la Comisión tomó nota de la sentencia dictada por la Corte sobre el fondo del asunto en el caso de Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, en la que declaró que el Estado peruano había violado los artículos 7(6) y 25 de la Convención Americana, en detrimento de la víctima. Por lo tanto la Corte ordenó al Estado peruano “ejecutar la resolución de habeas corpus emitida por la Sala Especializada de Derecho Público de Lima el 12 de febrero de 1997” en relación con el Sr. Cesti Hurtado. Además la Corte declaró que el Estado peruano había violado los artículos 7(1), 7(2), 7(3) y 8(1) de la Convención Americana, en detrimento del Sr. Cesti Hurtado, y ordenó la iniciación de la etapa de reparación para determinar la indemnización que debe pagarse a la víctima por las violaciones de derechos comprobadas.82. Durante el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, que tuvo lugar en Antigua, Guatemala, y en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, la Comisión estuvo representada por su Presidente, Prof. Robert K. Goldman, el Primer Vicepresidente, Dr. Hélio Bicudo, el Segundo Vicepresidente, Decano Claudio Grossman, y el Embajador Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión. El Profesor Robert K. Goldman, Presidente de la Comisión, pronunció un discurso ante la Asamblea General sobre la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y presentó oficialmente el informe anual de la Comisión correspondiente a 1998, así como informes de países referentes a Colombia y México preparados por la Comisión.83. Debe señalarse que por carta fechada el 17 de septiembre de 1999, el miembro de la Comisión Sir Henry Forde presentó renuncia como miembro de la Comisión. Ulteriormente el Gobierno de Barbados propuso al Dr. Peter Laurie como miembro de la Comisión para el resto del mandato de Sir Henry Forde.84. Durante la Asamblea General las siguientes personas fueron electas miembros de la CIDH: Prof. Robert K. Goldman, de los Estados Unidos de América; Dr. Juan Méndez, de Argentina; Dr. Julio Prado Vallejo, de Ecuador, y Dra. Marta Altolaguirre, de Guatemala.85. La Asamblea General adoptó varias resoluciones en la esfera de los derechos humanos y el derecho humanitario. Dada su importancia para la promoción y la defensa de los derechos humanos en las Américas y para la consolidación del sistema interamericano, se reproducen a continuación las siguientes resoluciones:

  • AG/RES.1609 (XXIX-O-99) DECLARACIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  • celebrada el 7 de junio de 1999)
  1. LA ASAMBLEA GENERAL,
  2. VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el tema “Atentados contra la libertad de prensa y crímenes contra periodistas” (CP/CAJP-1488/99), presentado en cumplimiento de la resolución AG/RES.1550 (XXVIII-O/98);
  3. TENIENDO PRESENTE que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 3 (l), establece como uno de sus principios que “los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”;
  4. RECORDANDO que el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio;
  5. TENIENDO EN CUENTA que los Jefes de Estado y de Gobierno, en la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, 1998), manifestaron su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este campo, en particular a la recién creada Relatoría Especial para la Libertad de Expresión;
  6. CONSIDERANDO:
  7. Que durante la misma Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron en Santiago “la importancia de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión”;
  8. Que la Asamblea General, en su vigésimo octavo período ordinario de sesiones, mediante resolución AG/RES.1550 (XXVIII-O/98), encomendó al Consejo Permanente “estudiar la conveniencia de la elaboración de una Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión”; y
  9. Que el Consejo Permanente concluyó el estudio mencionado en el párrafo anterior,
  10. RESUELVE:

1. Encomendar al Consejo Permanente que continúe la labor de preparación de una Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión para presentarla a la Asamblea General a más tardar en el trigésimo período ordinario de sesiones.2. Instar a los Estados Miembros a que continúen dando cumplimiento a lo establecido en la resolución AG/RES.1550 (XXVIII-O/98), particularmente en lo referente a sus párrafos resolutivos 2 y 4.

  • AG/RES.1610 (XXIX-O/99) DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  • celebrada el 7 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL, RECORDANDO sus resoluciones AG/RES.1022 (XIX-O/89), AG/RES.1479 (XXVII-O/97) y AG/RES.1549 (XXVIII-O/98),

  1. CONVENCIDA de que la adopción de una declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas fortalecerá el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de estas poblaciones y que contribuirá al desarrollo de actividades pertinentes de la Organización de los Estados Americanos en esa esfera;
  2. AGRADECIENDO a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y el Instituto Indigenista Interamericano sus contribuciones en la elaboración de un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas;
  3. CONSIDERANDO que, en cumplimiento de la resolución AG/RES.1549 (XXVIII-O/98), tuvo lugar en la sede de la Organización el 10, 11 y 12 de febrero de 1999 la Reunión de Expertos Gubernamentales para Analizar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas;
  4. HABIENDO EXAMINADO el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos al Consejo Permanente sobre el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (CP/CAJP-1489/99), en cumplimiento de la resolución AG/RES.1549 (XXVIII-O/98); y
  5. TENIENDO PRESENTE que, pese a los avances registrados, la Reunión de Expertos Gubernamentales no pudo completar su labor a los fines de adoptar en el presente período de sesiones una Declaración conforme a la citada resolución AG/RES.1549 (XXVIII-O/98),
  6. RESUELVE:
  7. 1. Establecer un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para continuar la consideración del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas

2. Invitar al Grupo de Trabajo a tomar en cuenta las observaciones y comentarios formulados por los Estados Miembros y los distintos órganos, organismos y entidades del sistema interamericano.3. Invitar asimismo al Grupo de Trabajo a contemplar una adecuada participación de representantes de comunidades indígenas en sus labores con el propósito de que sus observaciones y sugerencias puedan ser consideradas.4.

Solicitar al Instituto Indigenista Interamericano que brinde la asesoría necesaria al Grupo de Trabajo y que prepare, a la brevedad posible, un informe sobre las acciones desarrolladas en otras organizaciones internacionales con vistas a la promoción de los derechos de las poblaciones indígenas.5. Solicitar la Secretaría General y a los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano que presten la asistencia que requiera el Grupo de Trabajo, el cual deberá celebrar una primera reunión antes de finalizar el presente año.6.

Solicitar asimismo al Comité Jurídico Interamericano que continúe proporcionando al Grupo de Trabajo su asesoría jurídica sobre el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas.7. Solicitar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General, en su trigésimo período ordinario de sesiones, un informe sobre el cumplimiento de la labor encomendada al Grupo de Trabajo.

  • AG/RES.1611 (XXIX-O/99) LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIAS (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  • celebrada el 7 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL, HABIENDO EXAMINADO el informe anual del Consejo Permanente sobre los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias (CP/CAJP-1487/99), en cumplimiento de la resolución AG/RES.1548 (XXVIII-O/98); TOMANDO NOTA del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II.102/doc.6 rev.);

  1. RECORDANDO que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;
  2. RECORDANDO TAMBIÉN que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional;
  3. SUBRAYANDO que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establece el deber de los Estados de garantizar los derechos previstos en dicha Convención a los trabajadores migratorios y a los miembros de sus familias que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción, sin distinción de sexo, raza, color, lengua, religión o convicción, opiniones políticas, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, posición económica, propiedad, estado civil, nacimiento u otros;
  4. TENIENDO PRESENTES la Declaración y el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas;
  5. CONSIDERANDO que muchos trabajadores migratorios y sus familias se ven forzados a abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida; y
  6. CONSCIENTE de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran a menudo los trabajadores migratorios y sus familias, debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan a raíz de diferencias culturales, especialmente de idioma y costumbres, así como por la frecuente desintegración familiar que su situación conlleva,
  7. RESUELVE:

1. Reafirmar que los principios y normas consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplican a todas las personas, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias.2.

  • Instar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho a considerar seriamente la ratificación o, en su caso, adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.3.
  • Instar a los Estados Miembros a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, como está previstos en los instrumentos mencionados.4.

Reitera enfáticamente el deber de los Estados de velar por el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, particularmente con relación al derecho que tienen los extranjeros, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con un funcionario consular de su Estado en caso de ser detenidos y la obligación del Estado en cuyo territorio ocurre la detención de informar al extranjero sobre este derecho.5.

Invitar a los Estados Partes a colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de concluir, a la mayor brevedad, el informe completo sobre la situación de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias.6. Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que proporcione al Relator Especial para la cuestión de los derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias los medios necesarios y adecuados para el desempeño de sus funciones.7.

Invitar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes, órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y a otras fuentes, a contribuir al fondo voluntario de la Relatoría Especial para la cuestión de los derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias.8.

Recomendar al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que brinde apoyo a proyectos y actividades en favor de todos los trabajadores migratorios y sus familias, como manifestación de la solidaridad interamericana, elemento fundamental para el desarrollo integral de los Estados Miembros.9. Solicitar a los Consejos de la Organización que informen a la Asamblea General en su trigésimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución en sus respectivas áreas de competencia.

AG/RES.1633 (XXIX-O/99) EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU FORTALECIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999)

  • LA ASAMBLEA GENERAL,
  • VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la evaluación y el perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos (CP/CAJP-1522/99), presentado en cumplimiento de la resolución ;
  • TENIENDO PRESENTE que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 3 (l), establece como uno de sus principios que “los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”;
  • CONSCIENTES de que la promoción y la protección internacional de los derechos humanos reviste naturaleza coadyuvante y complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Miembros y tiene como fundamento la dignidad de la persona humana;
  • CONSIDERANDO:
  • Que los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, en abril de 1998, la necesidad de fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos mediante iniciativas concretas; y
  • Que es conveniente proseguir los esfuerzos tendientes a fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos, incluida la posibilidad de evaluar los instrumentos jurídicos correspondientes y los métodos y procedimientos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

RESUELVE: 1. Promover iniciativas y medidas concretas para reforzar la estructura institucional del sistema interamericano de derechos humanos en el marco de los instrumentos jurídicos que lo regulan y estimular el establecimiento de vínculos tanto con sistemas nacionales como con entidades regionales e internacionales con propósitos similares, a fin de fortalecerlo y perfeccionarlo.2.

Encomendar al Consejo Permanente que continúe con la consideración integral de los distintos aspectos relativos a la evaluación del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos para su fortalecimiento y perfeccionamiento, formulando las recomendaciones que considere del caso.3.

Encomendar al Consejo Permanente que promueva el diálogo y la cooperación entre los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y, cuando proceda, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otras organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.4.

  1. AG/RES.1635 (XXIX-O/99) DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  2. celebrada el 7 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL, VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (CP/CAJP-1523/99 corr.1), presentado en cumplimiento de la resolución AG/RES.1591 (XXVIII-O/98);

  • TENIENDO PRESENTE que en 1948 la Novena Conferencia Internacional Americana aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, inspirada en la dignidad de la persona humana, sus derechos esenciales, sus deberes y la necesidad de crear condiciones cada vez más favorables para el pleno cumplimiento de los mismos;
  • TENIENDO EN CUENTA que esa Conferencia Internacional Americana consideró también que la promoción y protección de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana deberían ser permanentemente fortalecidas;
  • RECORDANDO que el artículo II de la Declaración establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”; y
  • TENIENDO EN CUENTA que, en la citada resolución AG/RES.1591 (XXVIII-O/98), encomendó al Consejo Permanente estudiar y proponer, de ser el caso, la modificación del título “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” por “Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Persona”, u otra expresión que se considere pertinente, así como reemplazar en su texto, cuando corresponda, la palabra “hombre” por “persona” o la expresión que se acuerde,
  • RESUELVE:

1. Prorrogar el mandato otorgado al Consejo Permanente mediante la resolución AG/RES.1591 (XXVIII-O/98), “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.2. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de este mandato a la Asamblea General en su trigésimo período de ordinario sesiones.

  1. CONSIDERANDO:
  2. Que el artículo 54 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como atribución de la Asamblea General la consideración de las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo Permanente de conformidad con el artículo 91 (f) de la Carta sobre los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización;
  3. Que el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos un informe sobre su labor en el año anterior y que, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos;
  4. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual al Consejo Permanente y éste ha remitido a la Asamblea las observaciones y recomendaciones al mismo; y
  5. Que los Estados Miembros de Haití, Brasil, México y la República Dominicana han reconocido la competencia contenciosa de la Corte,
  6. RESUELVE:

1. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la Organización hizo al informe anual.2. Manifestar su beneplácito por la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte por parte de los Gobiernos de Haití, Brasil, México y la República Dominicana, lo cual contribuye al fortalecimiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.3.

Exhortar a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho a que den especial y expedita consideración a la firma, ratificación o adhesión, según el caso y de conformidad con sus procesos constitucionales y legales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y que acepten, según el caso, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.4.

Otorgar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un nivel apropiado de financiamiento y el apoyo necesario para que continúe cumpliendo con las altas funciones que le confiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos.5. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este informe e instarle a que continúe con su importante función.

  • CONSIDERANDO:
  • Que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de sus principios, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo;
  • Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago, Chile, en 1959, tiene como función principal, de acuerdo con la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promover la observancia y defensa de los derechos humanos;
  • Que los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron en la Declaración de Principios de la Segunda Cumbre de las Américas (Santiago, 1998) que “el respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los individuos constituye una preocupación primordial de nuestros gobiernos”;
  • Que los Estados Miembros han reafirmado el vínculo indisoluble entre derechos humanos, democracia y desarrollo;
  • Que los conceptos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia son principios consagrados en los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos;
  • Que los principios de buena fe, seguridad jurídica y equidad procesal son elementos esenciales para la promoción y protección de los derechos humanos dentro del sistema interamericano, cuyo fin último es la protección de los derechos humanos; y
  • Que la aceptación de contribuciones voluntarias por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender actuales y nuevos mandatos, iniciativas y propuestas no debe afectar la atención prioritaria que dicho órgano debe conceder a todos los temas que son objeto de relatoría, con cargo a los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos, y de acuerdo con las Normas Generales,

RESUELVE: 1. Tomar nota del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y agradecer su presentación.2. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe promoviendo la observancia y defensa de los derechos humanos, en los términos en que éstos han sido reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.3.

Reconocer el trabajo realizado por la Comisión en este campo y exhortar a los Estados Miembros a que continúen prestándole su colaboración y apoyo y a que la doten de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos.4.

Expresar su reconocimiento a la Comisión por la consulta realizada a los Estados Miembros de la Organización sobre la reforma de su Reglamento y exhortarla a que tome en consideración las observaciones y sugerencias que le han sido transmitidas.5. Recibir con beneplácito el informe del Consejo Permanente con relación a las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al informe anual de la CIDH y transmitirlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.6.

  • Alentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a continuar sus esfuerzos para el perfeccionamiento de los procedimientos relativos a la tramitación de casos individuales, en particular los relativos a la admisibilidad y la solicitud de medidas cautelares.7.
  • Alentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a proseguir sus esfuerzos tendientes a asegurar la tramitación de los casos individuales, su conclusión y la notificación correspondiente a las partes, dentro de plazos razonables.8.

Alentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a agregar a los informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando las partes interesadas así lo soliciten, las exposiciones verbales y escritas formuladas durante esa etapa de la tramitación de casos individuales.9.

Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que siga prestando atención y tratamiento en igualdad de condiciones a los temas que son objeto de relatorías especiales y otros temas que fueran propuestos por los Estados Miembros.10. Tomar nota con satisfacción de la creciente utilización del mecanismo de solución amistosa, exhortando a los Estados Miembros y a la CIDH a continuar, dentro de un esquema de colaboración, recurriendo a este mecanismo.11.

Exhortar a los Estados Miembros que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, del Protocolo Adicional Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte “Protocolo de Asunción” y de los siguientes instrumentos interamericanos de promoción y protección de los derechos humanos: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, a que den especial y expedita consideración a su firma, ratificación o adhesión, según el caso y de conformidad con sus normas constitucionales y legales, incluidos aquellos Estados que hubieren denunciado cualquiera de dichos instrumentos.12.

Tomar nota con satisfacción de la disposición de la CIDH de intensificar el diálogo con los órganos políticos de la Organización en torno a los distintos aspectos vinculados con los trabajos de dicha Comisión.13. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe informando sobre las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones y recomendaciones presentadas por el Consejo Permanente a la Asamblea General.14.

Solicitar al Consejo Permanente que informe oportunamente a la Asamblea General sobre el cumplimiento de esta resolución.

  1. AG/RES.1663 (XXIX-O/99) PROGRAMA INTERAMERICANO DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  2. celebrada el 7 de junio de 1999)
  • LA ASAMBLEA GENERAL,
  • VISTO el informe del Consejo Permanente sobre la promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano (CP/CAJP-1534/99), presentado en cumplimiento de la resolución AG/RES.1547 (XXVII-O/98);
  • TENIENDO PRESENTE que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de sus principios, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo;
  • RECORDANDO que el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá “como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”;
  • TENIENDO EN CUENTA:
  • Que en el actual contexto hemisférico caracterizado por la democracia representativa, la promoción internacional de los derechos humanos tiene una importancia fundamental y requiere un decidido impulso en el sistema interamericano;
  • Que los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, en 1998, reafirmaron en la Declaración de Santiago que “el respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos constituye una preocupación primordial de nuestros gobiernos”;
  • Que en el Plan de Acción de la referida Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron “fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos, mediante iniciativas y medidas concretas, a fin de reforzar su estructura institucional y promover sus vínculos con los sistemas nacionales y entidades regionales de promoción y protección de los derechos humanos”;
  • RECORDANDO que, en su resolución AG/RES.1489 (XXVII-O/97), “Promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano”, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que elaborara, con la colaboración y/o en consulta con otros órganos y entidades pertinente, un proyecto de Programa Interamericano de Promoción Internacional de los Derechos Humanos; y que la CIDH, en cumplimiento de la citada resolución, presentó en el capítulo IV de su informe anual el proyecto de Programa Interamericano de Promoción Internacional de los Derechos Humanos;
  • CONSIDERANDO:

Que en su resolución AG/RES.1547 (XXVIII-O/98) encomendó al Consejo Permanente que iniciara la consideración del proyecto de programa presentado por la CIDH, teniendo en cuenta las conclusiones de la Reunión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, transcritas en la resolución AG/RES.1489 (XXVII-O/97), así como los aportes de los órganos, organismos y entidades competentes del sistema, y que adoptara aquellas nuevas acciones e iniciativas contenidas en dicho proyecto que considerara apropiadas, en tanto la Asamblea General adopta el Programa en su vigésimo noveno período ordinario de sesiones; y Que el Consejo Permanente, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en fechas 9 de octubre de 1998 y 19 de enero de 1999, solicitó a los Estados Miembros que remitieran sus observaciones sobre el citado programa, con el objeto de dar cumplimiento a la citada resolución AG/RES.1547 (XXVIII-O/98), RESUELVE: 1.

Adoptar el Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se acompaña como anexo a la presente resolución.2. Encomendar al Consejo Permanente que continúe la consideración de las distintas actividades previstas en el Programa, en el marco del espíritu y los propósitos del mismo, y que apruebe aquellas nuevas acciones e iniciativas de promoción de los derechos humanos que considere apropiadas, con base en las propuestas que le hagan llegar los Estados Miembros y los órganos, organismos y entidades competentes del sistema.3.

Reiterar la vigencia e importancia de las conclusiones de la Reunión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre promoción internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano contenidas en la resolución AG/RES.1489 (XXVII-O/97).4.

Solicitar al Consejo Permanente que, en coordinación con los órganos, organismos y entidades competentes del sistema interamericano, ejecute las medidas previstas en el programa y las que se adoptaren de conformidad con el párrafo 2 y que informe oportunamente a la Asamblea General.5. Encomendar a la Secretaría General que, en consulta con los Estados Miembros, apoye los esfuerzos de los órganos, organismos y entidades competentes del sistema interamericano, y en particular de la CIDH, para implementar aquellas acciones e iniciativas a las que se refiere el párrafo anterior, sin disminuir las actividades de protección y de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos.6.

Transmitir a la CIDH la presente resolución.7. Solicitar a la CIDH que informe al Consejo Permanente sobre los avances en la ejecución del Programa.

  1. AG/RES.1664 (XXIX-O/99 CELEBRACIÓN DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” Y EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  2. celebrada el 7 de junio de 1999)
  • LA ASAMBLEA GENERAL,
  • CONSIDERANDO que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la inclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Carta de la OEA como uno de los órganos de la misma y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimientos de los órganos encargados de esta materia;
  • RECORDANDO que el 22 de noviembre de 1969 se adoptó, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
  • RECORDANDO ASIMISMO que, como consecuencia de haber entrado en vigor, el 18 de julio de 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, al ser depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA, se instaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de septiembre de 1979, con sede en San José de Costa Rica;
  • TENIENDO PRESENTE que 25 Estados Miembros de la OEA han ratificado o adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y que 21 Estados Partes han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
  • DESTACANDO la labor de protección y promoción de los derechos humanos que han venido realizando la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y
  • TOMANDO NOTA de que el Gobierno de Costa Rica conmemorará el trigésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y el vigésimo aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ha invitado para ese evento a los gobiernos de los Estados Miembros de la OEA, el Secretario General de la OEA, los Observadores Permanentes, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otros órganos regionales no gubernamentales de importancia para el funcionamiento del sistema,
  • RESUELVE:

1. Agradecer al Gobierno de Costa Rica por ser sede de los eventos conmemorativos del trigésimo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y del vigésimo aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2.

  1. AG/RES.1670 (XXIX-O/99) APOYO A LA LABOR DE LOS DEFENSORES DEL PUEBLO, DEFENSORES DE LOS HABITANTES, PROCURADORES O COMISIONADOS DE DERECHOS HUMANOS (OMBUDSMEN) EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO EN EL HEMISFERIO (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  2. celebrada el 7 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL, TENIENDO EN CUENTA la importancia de la labor que desarrollan los defensores del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o comisionados de derechos humanos en diversos países del Hemisferio, lo que conforma una corriente para crear y poner en funcionamiento la institución del ombudsman en todos los países de la región; TENIENDO PRESENTE las resoluciones AG/RES.1505 (XXVII-O/97) y AG/RES.1601 (XXVIII-O/98), por medio de las cuales la Asamblea General recomendó a la comunidad internacional que brindara, en la medida de sus posibilidades, su valioso apoyo para la realización del Tercer Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen, realizado en Lima, Perú, en el mes de septiembre de 1998;

  • RECORDANDO la exhortación realizada en las mencionadas resoluciones para que los Estados Miembros del sistema interamericano tomen acciones tendientes a que los defensores del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o comisionados de derechos humanos del Hemisferio, gocen de independencia política, administrativa y financiera;
  • TOMANDO EN CONSIDERACIÓN el Plan de Acción adoptado en la Segunda Cumbre de las Américas y, en particular, el compromiso asumido con el fortalecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos, los cuales constituyen una prioridad hemisférica esencial; y
  • TENIENDO EN CUENTA las conclusiones de las reuniones del Capítulo Latinoamericano y del Caribe del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) y del Tercer Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsmen (FIO), contenidas en la Declaración de Lima, a lo que se añade el contenido de la Declaración de Oporto, adoptada por los Ombudsmen de Iberoamérica en la reunión preparatoria de la Octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Oporto, Portugal, en octubre de 1998,

RESUELVE: 1. Reiterar su respaldo al trabajo que vienen desarrollando los ombudsmen o defensores del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o comisionados de derechos humanos, de los países del Hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa, la justicia, los derechos humanos y la gobernabilidad.2.

Recomendar a los Estados Miembros que, dentro del marco jurídico vigente en cada país, se tomen acciones tendientes a fin de que los defensores del pueblo, defensores de los habitantes, procuradores o comisionados de derechos humanos de los países miembros del Hemisferio gocen de autonomía política, administrativa y financiera.3.

Recomendar a los Estados que aún no cuenten con dicha institución que consideren la posibilidad de crearla y ponerla en funcionamiento en el marco de sus ordenamientos constitucionales y jurídicos vigentes.4. Alentar a los gobiernos y a los órganos del sistema interamericano a promover la creación de espacios de diálogo entre estas instituciones y los órganos pertinentes del sistema interamericano, a efectos de fortalecer su contribución al orden democrático del Hemisferio.5.

  1. AG/RES.1671 (XXIX-O/99) “DEFENSORES DE los DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS” APOYO A LAS TAREAS QUE DESARROLLAN LAS PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Resolución aprobada en la primera sesión plenaria,
  2. celebrada el 7 de junio de 1999)
  • LA ASAMBLEA GENERAL,
  • VISTO el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial el capítulo VII, “Recomendaciones a los Estados Miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”; y
  • CONSIDERANDO:
  • Que los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron en la Declaración de Principios de la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, en 1998 que “el respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los individuos constituye una preocupación primordial para nuestros gobiernos”;
  • Que en la “Reafirmación de Caracas”, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos reafirmaron, su determinación de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos;
  • Que mediante su resolución AG/RES.1044 (XX-O/90) reiteró “la recomendación hecha en años anteriores a los gobiernos de los Estados Miembros para que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”;
  • Que en su informe anual de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados Miembros “que tomen medidas necesarias para proteger la integridad física de los defensores de los derechos humanos y propicien las condiciones necesarias para que desarrollen su labor”;
  • RECONOCIENDO la importante tarea que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil, en adelante “defensores de los derechos humanos”, y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales y la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional y regional;
  • PREOCUPADA de que en las Américas se han presentado situaciones que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las tareas de los defensores de los derechos humanos en el plano nacional y regional;
  • CONSCIENTE de la importancia de observar los propósitos y principios fundamentales enunciados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los demás instrumentos de promoción y protección de los derechos humanos del sistema interamericano; y
  • TOMANDO EN CUENTA los principios establecidos en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,
  • RESUELVE:

1. Reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los defensores de los derechos humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas.2. Exhortar a los Estados Miembros a continuar sus esfuerzos tendientes a otorgar a los defensores de los derechos humanos las garantías y facilidades necesarias a fin de seguir ejerciendo libremente sus tareas de promoción y protección de los derechos humanos, en el plano nacional y regional, de conformidad con los principios y acuerdos reconocidos internacionalmente.3.

Deplorar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos, en el plano nacional y regional, y exhortar a los Estados Miembros que continúen adoptando las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos.4.

Alentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe promoviendo y protegiendo los derechos fundamentales de los defensores de los derechos humanos.5. Solicitar a los Estados y a los organismos del sistema interamericano de derechos humanos a que intensifiquen sus esfuerzos para la difusión de la presente resolución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos sobre la materia, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas.6.

  1. AG/RES.1693 (XXIX-O/99) LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS Y REPATRIADOS EN LAS AMÉRICAS (Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria,
  2. celebrada el 8 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL, CONSIDERANDO: Que, mediante sus resoluciones AG/RES.774 (XV-O/85), AG/RES.838 (XVI-O/86), AG/RES.951 (XVIII-O/88), AG/RES.1021 (XIX-O/89), AG/RES.1039 (XX-O/90), AG/RES.1040 (XX-O/90), AG/RES.1103 (XXI-O/91), AG/RES.1170 (XXII-O/92), AG/RES.1214 (XXIII-O/93), AG/RES.1273 (XXIV-O/94), AG/RES.1336 (XXV-O/95), AG/RES.1416 (XXVI-O/96), AG/RES.1504 (XXVII-O/97) y AG/RES.1602 (XXVIII-O/98), expresó su preocupación por aquellas personas en las Américas que, como refugiados y repatriados, requieren la protección de sus derechos fundamentales y asistencia humanitaria;

  • Que la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, complementada por su Protocolo de 1967, es citada justamente como la Carta Magna del derecho de los refugiados, significando la culminación de un esfuerzo de la comunidad internacional que se inicia con la Sociedad de las Naciones en 1921, para asegurar un régimen de derechos básicos que garanticen la protección de los refugiados;
  • Que la importancia fundamental de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 fue reafirmada por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. y que su vigencia ha sido reiterada por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como en varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de esta misma Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos;
  • Que en este contexto debe destacarse también la importancia de la Declaración de Cartagena de 1984; y
  • Que la Oficina del ACNUR inició, el pasado 8 de octubre, una campaña mundial para promover nuevas adhesiones a la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apátrida de 1961; y que esta campaña mundial será clausurada en el año 2000, fecha en la que se celebra el 50° Aniversario del ACNUR,
  • RESUELVE:

1. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a adherir y ratificar los instrumentos internacionales sobre el Estatuto de los Refugiados, contribuyendo de esta manera a la aplicación universal de estas convenciones.2. Reiterar la importancia de que los Estados adopten normativa interna para la efectiva aplicación de estos instrumentos internacionales, teniendo en consideración los estándares internacionales desarrollados por la jurisprudencia, la práctica estatal y la doctrina regional e internacional en la materia.3. Invitar al Secretario General de la OEA a que presente un informe sobre los avances en la materia a la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones, a celebrarse en Canadá en el año 2000. Véase el Comunicado de Prensa en el anexo de este Informe.1. La Delegación de Trinidad y Tobago manifestó que no apoyaría el consenso respecto del párrafo resolutivo 11 de la presente resolución.

Capítulo II

¿Cuándo se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Las personas que consideren que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos pueden presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se inicie un proceso en el que se verifiquen los hechos y cuando corresponda, se realicen recomendaciones al Estado responsable sobre los

¿Qué personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Artculo 43 – Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisin las informaciones que sta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicacin efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convencin. Seccin 3. Competencia Artculo 44 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o ms Estados miembros de la Organizacin, puede presentar a la Comisin peticiones que contengan denuncias o quejas de violacin de esta Convencin por un Estado parte.

¿Qué papel cumple la Corte Interamericana como tribunal regional?

Artículo 1 Naturaleza y Régimen Jurídico – La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto.

¿Qué hace la CNDH para defender y proteger los derechos humanos?

Promover el conocimiento de sus derechos. Velar por el adecuado respeto a sus derechos humanos. Brindar orientación jurídica a las víctimas, ofendidos y Organizaciones de la Sociedad Civil. Recibir quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, proporcionar atención y acompañamiento a las víctimas.

¿Cuál es el objetivo de la Corte Internacional de Justicia?

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo.

¿Cuál es la diferencia entre la Comisión y la corté Interamericana?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y su Estatuto.

La Corte ejerce funciones jurisdiccional y consultiva. Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).

¿Cómo se inicia un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

INICIO DEL PROCESO Si lo inicia la CIDH, lo hace con la presentación de un escrito que contenga el Informe de Fondo del artículo 50 de la CADH. Este escrito deberá contener los hechos violatorios y los datos de las víctimas y sus familiares o de sus representantes.

¿Cómo puedo poner una denuncia en Derechos Humanos?

¿Cómo presentar una Queja en línea ante la CNDH? – Si deseas presentar una Queja en línea ante la CNDH puedes hacerlo ingresando a la página web www.cndh.org.mx y realizando los sencillos pasos que detallamos en este video. Ver video Asunto: Aunque la mayoría de su personal suspendió actividades de oficina por la contingencia del COVID19, la CNDH continúa prestando vía remota toda la atención y apoyo que requiere la población; en un esfuerzo y cumpliendo las medidas de sana distancia la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, dispuso de suficiente personal especializado en los edificios “Jorge Carpizo” y “Centro Histórico” para atender de manera presencial los teléfonos conmutadores 5681 8125 para la Ciudad de México y el 800 715 2000 para el resto del país; recibe y turna las quejas a través de las siguientes herramientas electrónicas Queja en línea mediante la dirección www.cndh.org.mx vía correo electrónico: [email protected] y a través de la App para teléfonos celulares CNDH atiende.

¿Qué tipo de sentencia emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

ABC DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 21 ABC DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2019 ¿LAS SENTENCIAS DE LA CORTE SON VINCULANTES? Sí, las sentencias de la Corte son vinculantes. ¿QUÉ ES EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD? Es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal.

Así, en varias sentencias la Corte ha establecido que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus Jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales.

Es decir, todas la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. ¿QUÉ ES UN VOTO A LA SENTENCIA? Cuando una sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los Jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue su opinión al fallo.

Dichos votos forman parte integrante de la Sentencia. ¿QUÉ SON LAS SENTENCIAS DE INTERPRETACIÓN? En caso de que alguna de las partes en el proceso, estuviere en desacuerdo sobre el sentido o alcance de la sentencia en cuestión, la Corte lo interpreta a través de una sentencia de interpretación.

¿Cuántas sentencias ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México?

A la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 8 casos y emitido 6 sentencias condenatorias en contra del Estado Mexicano. Los casos son: Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México (sentencia de 2004)

¿Cuál es el nombre de la institución que se encarga de proteger los derechos humanos?

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es el principal defensor mundial de los derechos del niño. Creado en 1946 para proporcionar alimentos de emergencia y atención médica a niños en países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, UNICEF ha ayudado a millones de niños y madres vulnerables en todo el mundo.

  1. La organización con sede en Nueva York, que ganó el Premio Nobel de la Paz de 1965, trabaja en casi 200 países de todo el mundo.
  2. En la actualidad, UNICEF brinda asistencia humanitaria y de desarrollo a niños y madres vulnerables.
  3. Se centra en cinco áreas clave: supervivencia y desarrollo infantil; educación básica e igualdad de género; protección infantil; niños que viven con VIH / SIDA; y promoción de políticas y alianzas para los derechos de los niños.

Millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo son niños, lo que significa que el ACNUR y UNICEF son socios naturales. En 1996, firmaron un memorando de entendimiento, que apuntala su relación. Las agencias hermanas trabajan juntas en todo el mundo, tanto en situaciones prolongadas de refugiados como en emergencias.

¿Qué son los derechos de los humanos?

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS – ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Son universales, por ser derechos inalienables de todos los seres humanos.

(Universales, porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva pues estos derechos son de y para todas y todos.

Se centran en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes.

(Indivisibles e interdependientes. Es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud y al derecho a la alimentación.

No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones, particularmente a los Estados y los agentes de los Estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional. Están protegidos por la Constitución y las leyes. Protegen a las personas y a los grupos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada “Tres Generaciones” es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. PRIMERA GENERACIÓN. Se refiere a los derechos civiles y políticos. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran:

Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. Toda persona tiene derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desea. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

SEGUNDA GENERACIÓN. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí, el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y son:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

TERCERA GENERACIÓN. Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con:

La autodeterminación. La independencia económica y política. La identidad nacional y cultural. La paz. La coexistencia pacífica. El entendimiento y confianza. La cooperación internacional y regional. La justicia internacional. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. El medio ambiente. El patrimonio común de la humanidad. El desarrollo que permita una vida digna.

¿HAY ALGUNA JERARQUÍA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS? No. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, deja claro que todos los derechos humanos, ya sean económicos, políticos, civiles, culturales o sociales, tienen igual validez e importancia. ¿LAS PERSONAS TIENEN OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ADEMÁS DE LOS ESTADOS? SÍ. También las personas pueden ser sujetas de obligaciones en materia de derechos humanos, las organizaciones internacionales y otros agentes no pertenecientes al Estado. Las personas en lo individual, tienen responsabilidades generales para con la comunidad y deben respetar los derechos humanos de los demás. Información obtenida de la página web de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

¿Quién es el autor de la declaracion de los derechos humanos?

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y POR QUÉ SE CREÓ? – La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares.

  1. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad.
  2. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas (ONU), que acababa de establecerse, el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946, con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China.

El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de Estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales.

Después, la Declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y, finalmente, fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La Declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar.

¿Dónde se puede acudir si se violan los derechos humanos?

Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar directamente una queja ante la CNDH, o por medio de un representante.

¿Qué plazo tenemos para presentar una queja?

PLAZO 1 AÑO DESDE EL MOMENTO QUE EL QUEJOSO TIENE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS, EN CASO DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, LA C.N.D.H. PODRÁ AMPLIAR DICHO PLAZO.

¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH cuál es su función y cuáles sus objetivos fundacionales?

En esta compilación se recogen los principales instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Su objetivo es servir de guía para usuarios y usuarias del sistema. Aquí se encuentran las distintas declaraciones, convenciones y protocolos de las cuales se derivan los mandatos y funciones de los órganos del sistema -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”, “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CorteIDH”, “la Corte” o “la Corte Interamericana”)- así como las obligaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA” o “la Organización”) en materia de derechos humanos.

Los Documentos Básicos incluyen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Seguidamente se incluye la convención interamericana en materia de tortura, los protocolos adicionales a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales y pena de muerte, y las convenciones sobre la violencia contra la mujer, la desaparición forzada de personas, y la discriminación contra las personas con discapacidad; así como una lista de los Estados de la OEA que son signatarios de dichos tratados, y el estado actual de dichas ratificaciones.

Asimismo, se incluyen la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana; así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

A continuación se incluyen los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericanas. Finalmente, se anexa el formulario para presentar peticiones individuales ante la Comisión. Esta edición de los Documentos Básicos está actualizada al 30 de abril de 2012. En esta sección introductoria a los documentos básicos se presenta información relacionada con los antecedentes históricos y la evolución del sistema de protección y promoción de los derechos humanos de la región; una breve explicación de los principales instrumentos interamericanos en esta materia; y una reseña que describe la creación y evolución de la Comisión y de la Corte, así como una explicación de la función y composición de dichos órganos.I.

LA OEA Y LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS La OEA es una organización internacional creada por los Estados del continente americano con el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia (Artículo 1 de la Carta de la OEA),

Desde su creación, los Estados americanos han adoptado una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base normativa de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, al reconocer estos derechos, establecer obligaciones tendientes a su promoción y protección, y crear órganos destinados a velar por su observancia.

Este sistema se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA (en adelante “la Carta”) que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la Organización,

  1. La Carta fue reformada en 1967 en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Buenos Aires y en 1985 mediante el “Protocolo de Cartagena de Indias”, suscrito durante el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización.
  2. El Protocolo de Washington (1992) introdujo modificaciones adicionales que disponen que uno de los propósitos fundamentales de la OEA es promover, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural de los Estados Miembros y ayudar a erradicar la pobreza extrema en el Hemisferio.

El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta, reafirmando la importancia que los Estados miembros le otorgan. De conformidad con ese instrumento, “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.

La Carta establece a la CIDH como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en dicha materia. II. LOS INSTRUMENTOS REGIONALES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Adopción: 2 de mayo de 1948 La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general.

Aproximadamente ocho meses después de su adopción, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana establece que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.

  • Por lo tanto, los Estados americanos reconocen que cuando el Estado legisla en esta materia, no crea o concede derechos sino que reconoce derechos que existen independientemente de la formación del Estado.
  • Tanto la Comisión como la Corte han establecido que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA,

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”) Adopción: 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978 Los antecedentes de la Convención Americana se remontan a la Conferencia Interamericana celebrada en México en 1945, la cual encomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de Declaración.

Dicha idea fue retomada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se reunió en Santiago de Chile en agosto de 1959 y decidió impulsar la preparación de una convención de derechos humanos. El proyecto original de Convención fue elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, fue sometido al Consejo de la OEA y sujeto a comentarios por parte de los Estados y de la Comisión Interamericana.

En 1967 la Comisión presentó un nuevo proyecto de Convención. A fin de analizar los diferentes proyectos, la OEA convocó a una Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969.

La entrada en vigor de la Convención Americana en 1978 permitió incrementar la efectividad de la Comisión, establecer una Corte Interamericana de Derechos Humanos y modificar la naturaleza jurídica de los instrumentos en los que se basa la estructura institucional. En su primera parte, la Convención Americana establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado.

En su segunda parte, la Convención Americana establece los medios de protección: la CIDH y la CorteIDH, a los que declara órganos competentes “para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención”.

  • Al 30 de abril de 2012, 24 Estados Miembros de la OEA son parte de la Convención Americana,
  • La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Adopción: 9 de diciembre de 1985.
  • Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987 En 1985, dentro del marco de la Asamblea General donde se aprobaron enmiendas a la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Cartagena de Indias, los Estados miembros adoptaron y abrieron a la firma la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Esta Convención incluye una detallada definición de la tortura así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a las personas que cometan actos de tortura sino que además se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones.

  • Conforme a los términos de este tratado, las personas acusadas de cometer tortura no podrán evadir la acción de la justicia mediante la fuga al territorio de otro Estado parte.
  • El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) Adopción: 17 de noviembre de 1988.

Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999 El Artículo 77 de la Convención Americana permite la adopción de protocolos con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección otros derechos y libertades. El Protocolo de San Salvador constituye el instrumento adicional a la Convención Americana en derechos económicos, sociales y culturales.

El texto del Protocolo de San Salvador se basa en un borrador preparado por la CIDH. Al ratificar este Protocolo, los Estados partes “se comprometen a adoptar las medidas necesarias. hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”.

El Artículo 19 del Protocolo, establece los medios de protección, incluida la posibilidad de presentar peticiones individuales por violaciones a los Artículos 8 en su inciso a y 13 relativos al derecho a la libertad sindical y a la educación, respectivamente.

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte Adopción: 8 de junio de 1990. Entrada en vigor: 28 de agosto de 1991 Los esfuerzos concertados para incluir la abolición absoluta de la pena capital en la Convención Americana no tuvieron éxito en el contexto de la adopción de dicho instrumento en 1969.

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue aprobado en el XX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. Este protocolo dispone que los Estados partes no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

Una vez ratificado por los Estados partes en la Convención Americana, este Protocolo asegurará la abolición de la pena de muerte a nivel hemisférico. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) Adopción: 9 de junio de 1994.

Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995 La Asamblea General de la OEA aprobó este tratado durante su XXIV Período Ordinario de Sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil. Este instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica basada en su género, ya sea que ocurra en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e internacionales.

  • Asimismo, dispone que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, su derecho a una vida libre de discriminación.
  • Los Estados partes de este instrumento acuerdan condenar todas las formas de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar tanto políticas como medidas específicas orientadas a prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Adopción: 9 de junio de 1994. Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996 Durante su XXIV sesión ordinaria celebrada en Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de la OEA aprobó esta convención.

Este instrumento es el primero a nivel internacional en referirse específicamente a esta forma compleja de violación a los derechos humanos. Los Estados partes se comprometen en este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar este crimen. Este tratado asimismo incluye al delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, de modo de evitar que personas acusadas de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado parte.

  • Además reconoce la facultad de la Comisión de adoptar medidas cautelares en casos de desapariciones forzadas.
  • La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad Adopción: 7 de junio de 1999.
  • Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2001 En su XXIX Período Ordinario de Sesiones celebrado en Ciudad de Guatemala, la Asamblea General de la OEA adoptó este tratado.

Este instrumento tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena integración de estas personas a la sociedad. El mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un/a representante designado/a por cada Estado parte.

La Carta Democrática Interamericana Adopción: 11 de septiembre de 2001 Esta Carta, aprobada por Asamblea General Extraordinaria de la OEA, reafirma que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente.

La Carta Democrática Interamericana establece en su Artículo 8 que cualquier persona que considere violados sus derechos humanos puede presentar denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión Adoptada por la CIDH en su 108º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 2 al 20 de octubre de 2000 Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión aprobó esta declaración propuesta por la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, que había sido recientemente creada.

Esta declaración incluye principios vinculados con la protección al derecho a la libertad de expresión, a la luz de la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana, y los estándares internacionales e incluye los siguientes principios: el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente; el derecho de toda persona a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya sea que se encuentre en registros públicos o privados; la estipulación de que la censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta que restrinja el derecho de libertad de expresión deben estar prohibidas por ley; y aquellos principios vinculados a la preservación de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación; entre otros.

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas Adoptados por la CIDH en su 131º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008 Este documento establece una serie de principios relativos a las personas sometidas a un régimen de privación de libertad.

En dicho instrumento se indica que privación de libertad es “cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”.

En este sentido, la definición abarca no sólo a aquellas personas privadas de libertad por delitos o incumplimiento a la ley, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de otras instituciones, donde se restrinja su libertad ambulatoria.

Entre los principios indicados en este instrumento, se encuentran aquellos de carácter general (trato humano, igualdad y no-discriminación, debido proceso legal, entre otros), aquellos relacionados con las condiciones de detención de las personas privadas de libertad (salud, alimentación, agua potable, albergue, condiciones de higiene y vestido, medidas contra el hacinamiento, contacto con el mundo exterior, trabajo y educación, entre otros) y, por último, los principios relativos a los sistemas de privación de libertad.

III. LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS A. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1. Antecedentes y evolución La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959 adoptó importantes resoluciones relativas al desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

La Declaración de Santiago proclama que “la armonía entre las Repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas” y declara que “los gobiernos de los Estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana “,

Una resolución emanada de esta Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue aquella referida a Derechos Humanos, en la cual se declara que dados los progresos alcanzados en materia de derechos humanos después de once años de proclamada la Declaración Americana y los avances que paralelamente se experimentaron en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa “se halla preparado el ambiente en el Hemisferio para que se celebre una convención”.

Asimismo, esta resolución toma en consideración que en diversos instrumentos de la OEA se ha consagrado y repetido que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana. Esta resolución considera “indispensable que tales derechos sean protegidos por un régimen jurídico a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Con tal propósito, en dicha resolución se encomienda al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un “proyecto de Convención sobre derechos humanos el proyecto o proyectos de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y de otros órganos adecuados para la tutela y observancia de los mismos”,

Es así como mediante dicha resolución, la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 1959 dispuso: Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que éste le señale.

El Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 1960 y eligió a sus primeros miembros el 29 de junio de ese mismo año. En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar in situ la situación de derechos humanos.

En enero de 1962, durante la Octava Reunión de Consulta, celebrada en Punta del Este, en Uruguay, los Ministros de Relaciones Exteriores consideraron que “no obstante los nobles y perseverantes esfuerzos cumplidos por dicha Comisión en el ejercicio de su mandato, la insuficiencia de sus facultades y atribuciones consignadas en su Estatuto” había dificultado la misión que se le había encomendado.

Por este motivo, en dicha oportunidad los Ministros de Relaciones Exteriores recomendaron al Consejo de la OEA la reforma del Estatuto de la CIDH con el objetivo de ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades de manera que le permitiera llevar a cabo eficazmente la tarea de promoción del respeto a los derechos humanos en el Hemisferio,

La Comisión se rigió por su Estatuto original hasta que en noviembre de 1965 la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, resolvió modificarlo, finalmente ampliándose las funciones y facultades de la Comisión, en los siguientes términos: Resolución XXII Ampliación de las Facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, RESUELVE: () 3.

Autorizar a la Comisión para que examine las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales.4.

Solicitar de la Comisión que rinda un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que incluya una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana. Tal informe deberá contener una relación sobre los campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos conforme lo prescribe la citada Declaración, y formulara las observaciones que la Comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquiera otra información que la Comisión tenga a su alcance,

De conformidad con lo resuelto por los Estados en esta Conferencia, la Comisión modificó su Estatuto durante el período de sesiones celebrado en abril de 1966. La principal modificación fue la atribución de la facultad de examinar peticiones individuales y, en dicho marco, formular recomendaciones específicas a los Estados miembros,

La CIDH se constituyó en un órgano principal de la OEA con la primera reforma de la Carta de la OEA, que se materializó con la adopción del Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967. La Carta de la OEA indica que mientras entrara en vigor la Convención Americana, se le asignaba a la CIDH la función de velar por la observancia de dichos derechos (Artículo 145).

La reforma de la Carta, que entró en vigor en 1970, establece en su Artículo 106 que: Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia. El Estatuto que rige actualmente el funcionamiento de la Comisión fue aprobado en el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (La Paz, Bolivia, 1979).

El Estatuto refleja las importantes innovaciones introducidas por la Convención Americana con relación a la Comisión. Así, es la Comisión Interamericana y no las y los Comisionados/as, la que representa a todos los Estados miembros de la OEA. La jerarquía institucional de sus miembros/as corresponde actualmente a la jerarquía a la que fue elevada la Comisión (Artículo 53 de la Carta).

Los/as siete miembros/as que la integran son elegidos/as por la Asamblea General por un período de cuatro años (Artículo 3) y no por el Consejo de la Organización, como se preveía en el Estatuto anterior. Cabe destacar que la función de llenar las vacantes que se presentaren corresponde, de acuerdo al Artículo 11, al Consejo Permanente de la OEA.2.

Composición de la CIDH La CIDH está integrada por siete personas elegidos/as a título personal por la Asamblea General de la Organización y deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. La duración de su mandato es de cuatro años, renovables por un único período adicional.

  1. La directiva de la Comisión está compuesta por un cargo de Presidente/a, Primer/a Vicepresidente/a y Segundo/a Vicepresidente/a, con un mandato de un año, pudiendo ser respectivamente reelegidos/as una sola vez en cada período de cuatro años.3.
  2. Funciones de la CIDH La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.

El Estatuto de la CIDH establece en sus Artículos 18, 19 y 20 las funciones y las atribuciones de dicho organismo, distinguiendo claramente sus atribuciones respecto de los Estados partes en la Convención Americana de aquellas referidas a los Estados miembros de la Organización que no son partes en la Convención Americana.

Respecto a estos últimos, la competencia de la Comisión se basa en las disposiciones de la Carta de la OEA y la práctica de la CIDH. Por su parte, la competencia de la Comisión con relación a los Estados partes en la Convención Americana emana de dicho instrumento. En cumplimiento de su mandato, la Comisión: a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ratificado,

b) Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado miembro, cuando lo considera apropiado. c) Realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y/o para investigar una situación específica.

  1. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
  2. D) Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas.

A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos; tales como, las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños y niñas, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de las y los defensores/as de derechos humanos, de los pueblos indígenas, y de las personas afrodescendientes; y de las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex; sobre la libertad de expresión; la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos; entre otros.

e) Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos humanos.

f) Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Hemisferio. g) Solicita a los Estados Miembros que adopten “medidas cautelares”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte.

h) Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. i) Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención Americana.

  • J) Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el Artículo 45 de dicho instrumento.
  • Para el cumplimiento de sus funciones, la CIDH cuenta con el apoyo legal y administrativo de su Secretaría Ejecutiva.

De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva prepara los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomiende la Comisión o el/la Presidente/a. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva recibe y da trámite a la correspondencia y las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Comisión.4.

El Reglamento de la CIDH Tanto la Convención Americana como el Estatuto de la CIDH la facultan para adoptar su propio Reglamento. La Comisión Interamericana aprobó el Reglamento actualmente vigente durante el 137° Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y entró en vigor el 31 de diciembre de 2009.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2011, la CIDH, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Artículo 22 de su Estatuto modificó el Artículo 11 del Reglamento. El Reglamento actual consta de 80 Artículos y está dividido en cuatro títulos.

El Título I del Reglamento hace referencia a la organización de la CIDH y consta de cinco capítulos que contienen las normas sobre la naturaleza y composición de la Comisión, sus miembros, la directiva, la Secretaría Ejecutiva y el funcionamiento de la CIDH. El Título II consta de seis capítulos, los cuales establecen las disposiciones generales aplicables al procedimiento ante la CIDH; a las peticiones referentes a los Estados partes en la Convención Americana; a las peticiones referentes a los Estados que no son partes en la Convención Americana; a las observaciones in loco conducidas por la Comisión; al informe anual y a otros informes; y a la celebración de audiencias sobre peticiones o casos y aquéllas de carácter general.

El Título III del Reglamento se refiere a las relaciones de la Comisión con la Corte. El Capítulo I define lo referente a delegados, asesores, testigos y expertos, y el Capítulo II regula el procedimiento a seguir cuando la CIDH decide llevar un caso ante la Corte, de conformidad con el Artículo 61 de la Convención Americana.

  • Por último, el Título IV establece las disposiciones finales referentes a la interpretación del Reglamento, su modificación y entrada en vigor.
  • En relación con la aprobación de este último Reglamento, y los importantes cambios que se introdujeron, la CIDH destacó que: El objetivo central de estas reformas es avanzar en el fortalecimiento del sistema interamericano a través del afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y de la publicidad y la transparencia, así como de la adopción de ajustes necesarios tras la reforma realizada en 2001, entre otros.

Esta reforma aborda aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del sistema de protección de los derechos humanos: el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre situación de los derechos humanos en los Estados miembros,

Esta reforma reglamentaria está complementada con las modificaciones introducidas al Reglamento de la Corte, cuyo texto actual entró en vigor el 1 de enero de 2010, y con la resolución del Consejo Permanente de la OEA que adopta el Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de brindar apoyo financiero a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región que ayude a sufragar los gastos relacionados con la tramitación de peticiones y casos ante la Comisión y la Corte Interamericanas,

Al respecto, vale destacar que el 1º de marzo de 2011 entró en vigor el Reglamento de la CIDH que regula el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Reglamento establece que la CIDH podrá conceder recursos del Fondo de Asistencia Legal, cuando éstos estén disponibles, a peticionarios y peticionarias en denuncias que hayan sido declaradas admisibles por la Comisión, o respecto a la cual la Comisión haya comunicado su decisión de acumular el análisis de admisibilidad con el fondo del asunto.

Asimismo, establece que los fondos serán concedidos a aquellas personas que demuestren la carencia de recursos suficientes para cubrir total o parcialmente gastos relativos a la recolección y remisión de documentos probatorios, así como los gastos relacionados con la comparecencia de la presunta víctima, testigos o peritos a audiencias ante la Comisión, y otros gastos que la CIDH estime pertinentes para el procesamiento de una petición o de un caso.B.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 1. Antecedentes y evolución En la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) se adoptó la Resolución XXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”, en la que se consideró que la protección de esos derechos debía “ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente”.

La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (1959), que como se dijo creó la CIDH, en la parte primera de la resolución sobre “Derechos Humanos”, encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto sobre la creación de una “Corte Interamericana de los Derechos Humanos” y otros órganos adecuados para la tutela y observancia de tales derechos,

Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1969; sin embargo, el tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor dicho tratado. Los Estados partes en la Convención Americana eligieron a los primeros siete jueces de la Corte durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en mayo de 1979.

  1. La Corte fue instalada oficialmente en su sede en San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979, y su Estatuto aprobado por la Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz, Bolivia en octubre de 1979, mediante Resolución No.448.
  2. En el curso de su Tercer Período de Sesiones, llevado a cabo del 30 de julio al 9 de agosto de 1980, la Corte completó los trabajos sobre el Acuerdo Sede concertado con Costa Rica.

En dicho acuerdo, ratificado por el Gobierno de Costa Rica, se estipulan las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus jueces/zas y su personal, así como de las personas que comparezcan ante ella.2. Composición de la Corte La Corte Interamericana está integrada por siete jueces/zas, elegidos/as a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que les postule como candidatos/as.

Los/as jueces/zas de la Corte son electos/as para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos/as una vez. La Corte elige a su Presidente/a y Vicepresidente/a, por un período de dos años, quienes podrán ser reelectos/as.3. Funciones de la Corte De conformidad con el Artículo 1º del Estatuto de la Corte, ésta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para el cumplimiento de dicho objetivo, la Corte tiene dos funciones: una función jurisdiccional, la cual se rige por las disposiciones de los Artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana y una función consultiva, la cual se rige por las disposiciones establecidas en el Artículo 64 de la Convención Americana.

En lo que a la función jurisdiccional se refiere, sólo la Comisión y los Estados partes en la Convención Americana que hubieren reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante la Comisión y que se encuentra previsto en los Artículos 48 a 50 de dicho instrumento.

Para que pueda presentarse ante la Corte un caso contra un Estado parte, éste debe reconocer la competencia de dicho órgano. La declaración de reconocimiento de la competencia de la Corte puede ser hecha en forma incondicional para todos los casos o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para un caso específico.

  • Al 30 de abril de 2012, 21 Estados partes de la Convención Americana han reconocido la competencia contenciosa de la Corte,
  • En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé en su Artículo 64 que cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.

Este derecho de consulta se hace extensivo, en lo que a cada uno les compete, a los órganos enumerados en el Artículo 53 de la Carta de la OEA. La Corte puede también, a solicitud de cualquier Estado miembro de la Organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, de conformidad con el Artículo 64 de la Convención Americana.4.

El Reglamento de la Corte La Corte Interamericana aprobó su primer Reglamento en julio de 1980. Esta norma se encontraba basada en el Reglamento entonces vigente para la Corte Europea de Derechos Humanos, inspirado en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ante la necesidad de agilizar su procedimiento, la Corte aprobó un segundo Reglamento en 1991, el cual entró en vigor el 1° de agosto de ese mismo año.

Cinco años después, el 16 de septiembre de 1996, la Corte adoptó su tercer Reglamento, el cual entró en vigor el 1° de enero de 1997. La principal modificación se encuentra plasmada en el entonces Artículo 23 el cual otorgó a las y los representantes de las víctimas o de sus familiares la facultad de presentar, en forma autónoma, sus propios argumentos y pruebas en la etapa de reparaciones del proceso.

Dicha reforma, que entró en vigor el 1° de junio de 2001, introduce una serie de medidas destinadas a otorgar a las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, la participación directa en todas las etapas del proceso iniciado mediante la presentación de una demanda ante el Tribunal.

Este Reglamento fue posteriormente reformado por el Tribunal el 24 de noviembre de 2000 en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003, y en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 2009.

  1. La reforma más reciente al Reglamento de la Corte fue aprobada el LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, y entró en vigor el 1 de enero de 2010.
  2. El principal aspecto de esta reforma del Reglamento de la Corte son las modificaciones introducidas en relación con el papel de la Comisión y de las y los representantes de las víctimas en el proceso ante la Corte,

En sus disposiciones transitorias, el Reglamento de la Corte establece que (1) los casos contenciosos que se hubiesen sometido a la Corte antes del 1 de enero de 2010 se continuarán tramitando, hasta que se emita sentencia, conforme al Reglamento anterior; (2) respecto de los casos que se remitan a la Corte, y cuyo informe aprobado por la Comisión de conformidad con el Artículo 50 de la Convención Americana hubiera sido adoptado antes del 1 de enero de 2010, el sometimiento del caso ante la Corte, se rige de conformidad con los Artículos 33 y 34 del Reglamento anterior.

Vale mencionar que el 1º de junio de 2010 entró en vigor el Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, en el cual se indica la oportunidad procesal para interponer la solicitud para acogerse al fondo, así como el procedimiento para determinar su procedencia y asignación.

Los Estados Miembros de la OEA son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La OEA es una organización regional del tipo al que hace mención el Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas y, de conformidad con el Artículo 53 de su Carta ejerce sus funciones a través de los siguientes órganos: la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las Conferencias Especializadas Interamericanas y los Organismos Especializados Interamericanos.

Con el objeto de hacer efectivos los ideales en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la OEA ha establecido los siguientes propósitos esenciales: a) afianzar la paz y seguridad del Continente; b) promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; c) prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados Miembros; d) organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; e) procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; f) promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; g) erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático; y h) alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros (Artículo 2 de la Carta de la OEA).

Asimismo, se aprobaron varias resoluciones en materia de derechos humanos mediante las cuales se adoptaron convenciones sobre el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer, y se trataron temas como “Condición Económica de la Mujer Trabajadora”. Asimismo, se aprobó la “Carta Internacional Americana de Garantías Sociales”, en la que los gobiernos de las Américas proclaman “los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase” y que “constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables”, pues “los fines del Estado no se cumplen con el solo reconocimiento de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas” y como consecuencia debe garantizar “simultáneamente el respeto a las libertades políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social”.

Véanse los textos de ambas Convenciones en Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento, 1945-1954, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1956, págs.172, 173, 192, 195-203. Véase CIDH, Resolución No.3/87, Caso 9647, James Terry Roach y Jay Pinkerton (Estados Unidos de América), Informe Anual 1986-1987, 22 de septiembre de 1987, párrs.46-49; CIDH, Informe No.51/01, Caso 9903, Rafael Ferrer-Mazorra (Estados Unidos de América), Informe Anual 2000, 4 de abril de 2001; Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No.10, párrs.35-45. Véase también el Artículo 20 del Estatuto de la CIDH. Al 30 de abril de 2012, los 24 Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.

Para consultar el estado actual de las ratificaciones a la Convención Americana, véase el sitio web de la CIDH, disponible en el siguiente enlace: www.cidh.org, Véase el texto completo de la Declaración de Santiago de Chile adoptada con motivo de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto de 1959, Acta Final, Doc.

  • OEA/Ser.C/II.5, págs.4-6; disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/RC/RCactas.asp, Ibid.
  • Págs.10-11.
  • Véase el texto completo del Acta Final de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Punta del Este, Uruguay, 22 a 31 de enero de 1962, Doc.
  • OEA/Ser.C/II.8, págs.16-17; disponible en: http://www.oas.org/consejo/sp/RC/RCactas.asp,

Véase transcripción de la Resolución XXII “Ampliación de las Facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aprobada por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, Río de Janeiro, Brasil, 1965, en CIDH, Informe Anual 1976, OEA/Ser.L/VII.40, doc.5 corr.1, 10 marzo 1977, sección primera, disponible en Internet: www.cidh.org,

  • Ver texto completo en el Acta Final de la Segunda Conferencia, Documentos Oficiales OEA/Ser.C/I.13, 1965, págs.33 y 35.
  • CIDH, Informe sobre la labor desarrollada durante el 13º Período de Sesiones del 18 al 28 de abril de 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc.35, 30 de junio de 1966, págs.26 y 27.
  • Respecto de los Estados que han ratificado la Convención Americana, el procedimiento de peticiones y casos individuales se rige por lo establecido en los Artículos 44 a 51 de la Convención Americana, el Artículo 19 del Estatuto y los Artículos 26 a 49 del Reglamento.

Respecto de los Estados que no son parte de la Convención Americana, la Comisión examina la responsabilidad internacional de los Estados de la OEA con base en la Declaración Americana, y se encuentra facultada para ello por la Carta de la OEA. Respecto de estos Estados, el procedimiento ante la Comisión se rige de conformidad con los Artículos 28 al 44, 47 al 49, 51 y 52 de su Reglamento y el Artículo 20 de su Estatuto.

Véase CIDH, Comunicado de Prensa No.84/09, “CIDH publica su nuevo Reglamento”, 10 de diciembre de 2009, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp / sección de Prensa. Véase “Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.

G, CP/RES.963 (1728/09), 11 de noviembre de 2009, disponible en www.oas.org (ver versión en español en http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res963.asp ). Véase también resolución de la Asamblea General de la OEA AG/RES/2426 de 3 de junio de 2008 “creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

  • Véase CIDH, Comunicado de Prensa No,17/11¨Entra en vigor el Reglamento del Fondo de Asistencia Legal¨, 1 de marzo de 2011, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/017.asp.
  • CIDH, Informe sobre la labor desarrollada durante el 13º Período de Sesiones del 18 al 28 de abril de 1966, OEA/Ser.L/V/II.14, doc.35, 30 de junio de 1966, págs.26 y 27.

Los 21 Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte al 30 de junio de 2010 son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

¿Qué diferencias hay entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y su Estatuto.

La Corte ejerce funciones jurisdiccional y consultiva. Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).

¿Qué es la Comisión Interamericana de los derechos humanos CIDH y cuáles son sus funciones?

Aprobado por la Comisión en su 137 período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1 de agosto de 2013.

CAPÍTULO I NATURALEZA Y COMPOSICIÓN Artículo 1. Naturaleza y composición 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene las funciones principales de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.2.

La Comisión representa a todos los Estados miembros que integran la Organización.3. La Comisión se compone de siete miembros, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización, quienes deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

CAPÍTULO II MIEMBROS DE LA COMISIÓN Artículo 2. Duración del mandato 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez.2. En el caso de que no hayan sido elegidos los nuevos miembros de la Comisión para sustituir a los que terminan sus mandatos, éstos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la elección de los nuevos miembros.

Artículo 3. Precedencia Los miembros de la Comisión, según su antigedad en el mandato, seguirán en orden de precedencia al Presidente y Vicepresidentes. Cuando hubiere dos o más miembros con igual antigedad, la precedencia será determinada de acuerdo con la edad.

  • Artículo 4.
  • Incompatibilidad 1.
  • El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de dicho cargo.
  • En el momento de asumir sus funciones los miembros se comprometerán a no representar a víctimas o sus familiares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos individuales ante la CIDH, por un plazo de dos años, contados a partir del cese de su mandato como miembros de la Comisión.2.

La Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad.3. La Comisión, antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se atribuya dicha incompatibilidad.4. La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será enviada por conducto del Secretario General a la Asamblea General de la Organización para los efectos previstos en el artículo 8 párrafo 3 del Estatuto de la Comisión.

  • Artículo 5.
  • Renuncia La renuncia de un miembro de la Comisión deberá ser presentada por escrito al Presidente de la Comisión quien de inmediato la pondrá en conocimiento del Secretario General de la OEA para los fines pertinentes.
  • CAPÍTULO III DIRECTIVA DE LA COMISIÓN Artículo 6.
  • Composición y funciones La Directiva de la Comisión estará compuesta por un Presidente, un primer Vicepresidente, y un segundo Vicepresidente, quienes tendrán las funciones señaladas en este Reglamento.

Artículo 7. Elecciones 1. La elección de los cargos a los que se refiere el artículo anterior se llevará a cabo con la sola participación de los miembros presentes.2. La elección será secreta. Sin embargo, por acuerdo unánime de los miembros presentes, la Comisión podrá acordar otro procedimiento.3.

Para ser electo en cualquiera de los cargos a que se refiere el artículo 6 se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.4. Si para la elección de alguno de estos cargos resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.5.

La elección se efectuará el primer día del primer período de sesiones de la Comisión en el año calendario. Artículo 8. Permanencia en los cargos directivos 1. El mandato de los integrantes de la directiva es de un año de duración. El ejercicio de los cargos directivos de los integrantes se extiende desde la elección de sus integrantes hasta la realización, el año siguiente, de la elección de la nueva directiva, en la oportunidad que señala el párrafo 5 del artículo 7.

  1. Los integrantes de la directiva podrán ser reelegidos en sus respectivos cargos sólo una vez en cada período de cuatro años.2.
  2. En caso de que expire el mandato del Presidente o de alguno de los Vicepresidentes en ejercicio como miembro de la Comisión, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 9 del presente Reglamento.

Artículo 9. Renuncia, vacancia y sustitución 1. En caso de que un miembro de la directiva renuncie a su cargo o deje de ser miembro de la Comisión, ésta llenará dicho cargo en la sesión inmediatamente posterior, por el tiempo que reste del mandato.2. Hasta que la Comisión elija a un nuevo Presidente, de conformidad con el párrafo 1 de este artículo, el Primer Vicepresidente ejercerá sus funciones.3.

Igualmente, el Primer Vicepresidente sustituirá al Presidente si este último se viere impedido temporalmente de desempeñar sus funciones. La sustitución corresponderá al Segundo Vicepresidente en los casos de vacancia, ausencia o impedimento del Primer Vicepresidente y al miembro más antiguo de acuerdo al orden de precedencia indicado en el artículo 3, en caso de vacancia, ausencia o impedimento del Segundo Vicepresidente.

Artículo 10. Atribuciones del Presidente 1. Son atribuciones del Presidente: a. representar a la Comisión ante los otros órganos de la OEA y otras instituciones; b. convocar a sesiones de la Comisión, de conformidad con el Estatuto y el presente Reglamento; c.

presidir las sesiones de la Comisión y someter a su consideración las materias que figuren en el orden del día del programa de trabajo aprobado para el correspondiente período de sesiones; decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las deliberaciones; y someter asuntos a votación de acuerdo con las disposiciones pertinentes de este Reglamento; d.

conceder el uso de la palabra a los miembros en el orden en que la hayan solicitado; e. promover los trabajos de la Comisión y velar por el cumplimiento de su programa presupuesto; f. rendir un informe escrito a la Comisión, al inicio de sus períodos de sesiones, sobre las actividades desarrolladas durante los recesos en cumplimiento de las funciones que le confieren el Estatuto y el presente Reglamento; g.

  • Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Comisión; h.
  • Asistir a las reuniones de la Asamblea General de la OEA y a otras actividades relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos; i.
  • Trasladarse a la sede de la Comisión y permanecer en ella durante el tiempo que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones; j.

designar comisiones especiales, comisiones ad hoc y subcomisiones integradas por varios miembros, con el objeto de cumplir cualquier mandato relacionado con su competencia; y k. ejercer cualquier otra atribución conferida en el presente Reglamento u otras tareas que le encomiende la Comisión.2.

El Presidente podrá delegar en uno de los Vicepresidentes o en otro miembro de la Comisión las atribuciones especificadas en los incisos a, h y k. CAPÍTULO IV SECRETARÍA EJECUTIVA Artículo 11. La Secretaría Ejecutiva estará compuesta por un(a) Secretario(a) Ejecutivo(a) y por lo menos un(a) Secretario(a) Ejecutivo(a) Adjunto(a); y por el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus labores.2.

El(La) Secretario(a) Ejecutivo(a) será una persona con independencia y alta autoridad moral, con experiencia y de reconocida trayectoria en derechos humanos.3. El(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) será designado(a) por el Secretario General de la Organización.

La Comisión llevará a cabo el siguiente procedimiento interno para identificar el(l)a candidato(a) más calificado(a) y remitir su nombre al Secretario General, proponiendo su designación por un periodo de cuatro años que podrá ser renovado una vez: a. La Comisión realizará un concurso público para llenar la vacante y publicará los criterios y calificaciones para el cargo, así como una descripción de las tareas a ser desempeñadas.b.

La Comisión revisará las aplicaciones recibidas e identificará entre tres y cinco finalistas, quienes serán entrevistado(a) s para el cargo.c. Las hojas de vida de los(a)s finalistas se harán públicas, incluyendo en la página Web de la Comisión, durante el mes anterior a la selección final con el objeto de recibir observaciones sobre los(a)s candidatos(a)s.d.

La Comisión determinará el(a) candidato(a) más calificado(a), teniendo en cuenta las observaciones, por mayoría absoluta de sus miembros.4. Previo a iniciar su periodo en el cargo y durante el mismo, el(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) y el(la) Secretario(a) Ejecutivo(a) Adjunto(a) revelarán a la Comisión cualquier interés que pueda ser considerado en conflicto con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12. Atribuciones del Secretario Ejecutivo 1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: a. dirigir, planificar y coordinar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y coordinar los aspectos operativos de la labor de los grupos de trabajo y relatorías; b.

Elaborar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programa presupuesto de la Comisión, que se regirá por las normas presupuestarias vigentes para la OEA, del cual dará cuenta a la Comisión; c. preparar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programa de trabajo para cada período de sesiones; d.

asesorar al Presidente y a los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones; e. rendir un informe escrito a la Comisión, al iniciarse cada período de sesiones, sobre las labores cumplidas por la Secretaría Ejecutiva a contar del anterior período de sesiones, así como de aquellos asuntos de carácter general que puedan ser de interés de la Comisión; y f.

ejecutar las decisiones que le sean encomendadas por la Comisión o el Presidente.2. El Secretario Ejecutivo Adjunto sustituirá al Secretario Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento de éste. En ausencia o impedimento de ambos, el Secretario Ejecutivo o el Secretario Ejecutivo Adjunto, según fuera el caso, designará temporalmente a uno de los especialistas de la Secretaría Ejecutiva para sustituirlo.3.

El Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo Adjunto y el personal de la Secretaría Ejecutiva deberán guardar la más absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere confidenciales. Al momento de asumir sus funciones, el Secretario Ejecutivo se comprometerá a no representar a víctimas o sus familiares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos individuales ante la CIDH, por un plazo de dos años, contados a partir del cese de sus funciones como Secretario Ejecutivo.

  1. Artículo 13.
  2. Funciones de la Secretaría Ejecutiva La Secretaría Ejecutiva preparará los proyectos de informe, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomienden la Comisión o el Presidente.
  3. Asimismo recibirá y dará trámite a la correspondencia y las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Comisión.

La Secretaría Ejecutiva podrá también solicitar a las partes interesadas la información que considere pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento. CAPÍTULO V FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN Artículo 14. Períodos de sesiones 1. La Comisión celebrará al menos dos períodos ordinarios de sesiones al año durante el lapso previamente determinado por ella y el número de sesiones extraordinarias que considere necesario.

  1. Antes de la finalización del período de sesiones se determinará la fecha y lugar del período de sesiones siguiente.2.
  2. Los períodos de sesiones de la Comisión se celebrarán en su sede.
  3. Sin embargo, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la Comisión podrá acordar reunirse en otro lugar con la anuencia o por invitación del respectivo Estado.3.

Cada período se compondrá de las sesiones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Las sesiones tendrán carácter reservado, a menos que la Comisión determine lo contrario.4. El miembro que, por enfermedad o por cualquier causa grave se viere impedido de asistir a todo o a una parte de cualquier período de sesiones de la Comisión, o para desempeñar cualquier otra función, deberá así notificarlo, tan pronto le sea posible, al Secretario Ejecutivo, quien informará al Presidente y lo hará constar en acta.

  1. Artículo 15.
  2. Relatorías y grupos de trabajo 1.
  3. La Comisión podrá asignar tareas o mandatos específicos ya sea a uno o a un grupo de sus miembros con vista a la preparación de sus períodos de sesiones o para la ejecución de programas, estudios o proyectos especiales.2.
  4. La Comisión podrá designar a sus miembros como responsables de relatorías de país, en cuyo caso asegurará que cada Estado miembro de la OEA cuente con un relator o relatora.

En la primera sesión del año o cuando sea necesario, la CIDH considerará el funcionamiento y la labor de las relatorías de país y decidirá sobre su asignación. Asimismo, los relatores o relatoras de país ejercerán las responsabilidades de seguimiento que la Comisión les asigne y, al menos una vez al año, informarán al pleno sobre las actividades llevadas a cabo.3.

  1. La Comisión podrá crear relatorías con mandatos ligados al cumplimiento de sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos respecto de las áreas temáticas que resulten de especial interés a ese fin.
  2. Los fundamentos de la decisión serán plasmados en una resolución adoptada por la mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión en la que se dejará constancia de: a.

la definición del mandato conferido, incluyendo sus funciones y alcances; y b. la descripción de las actividades a desarrollar y los métodos de financiamiento proyectados con el fin de sufragarlas. Los mandatos serán evaluados en forma periódica y serán sujetos a revisión, renovación o terminación por lo menos una vez cada tres años.4.

Las relatorías a las que se refiere el parágrafo anterior podrán funcionar ya sea como relatorías temáticas, a cargo de un miembro de la Comisión, o como relatorías especiales, a cargo de otras personas designadas por la Comisión. Las relatoras o relatores temáticos serán designados por la Comisión en su primera sesión del año o en cualquier otro momento que resulte necesario.

Las personas a cargo de las relatorías especiales serán designadas por la Comisión conforme a los siguientes parámetros: a. convocatoria a concurso abierto para llenar la vacante, con publicidad de los criterios a ser empleados en la elección de postulantes, de sus antecedentes de idoneidad para el cargo, y de la resolución de la CIDH aplicable al proceso de selección; y b.

Elección por voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la CIDH y publicidad de los fundamentos de la decisión. Previo al proceso de designación, y durante el ejercicio de su cargo, los relatores y relatoras especiales deben revelar a la Comisión todo interés que pueda estar en conflicto con el mandato de la relatoría.

Los relatores y relatoras especiales ejercerán su cargo por un período de tres años, renovable por un período más, a menos que el mandato de la relatoría concluya antes de que se cumpla ese período. La Comisión, por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros, podrá decidir reemplazar a un relator o relatora especial, por causa razonable.5.

  • Las personas a cargo de las relatorías especiales ejercerán sus funciones en coordinación con la Secretaría Ejecutiva la cual podrá delegarles la preparación de informes sobre peticiones y casos.6.
  • Las personas a cargo de las relatorías temáticas y especiales desempeñarán sus actividades en coordinación con aquellas a cargo de las relatorías de país.

Los relatores y relatoras presentarán sus planes de trabajo al pleno de la Comisión para aprobación. Rendirán un informe escrito a la Comisión sobre las labores realizadas, al menos una vez por año.7. El desempeño de las actividades y funciones previstas en los mandatos de las relatorías se ajustará a las normas del presente Reglamento y a las directivas, códigos de conducta y manuales que pueda adoptar la Comisión.8.

Los relatores y relatoras deberán llamar la atención del pleno de la Comisión sobre cuestiones que, habiendo llegado a su conocimiento, puedan ser consideradas como materia de controversia, grave preocupación o especial interés de la Comisión. Artículo 16. Quórum para sesionar Para constituir quórum será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.

Artículo 17. Discusión y votación 1. Las sesiones se ajustarán al presente Reglamento y subsidiariamente a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Consejo Permanente de la OEA.2. Los miembros de la Comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la Comisión en los siguientes casos: a.

si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado; o b. si previamente hubiesen participado, a cualquier título, en alguna decisión sobre los mismos hechos en que se funda el asunto o si hubiesen actuado como consejeros o representantes de alguna de las partes interesadas en la decisión.3.

En caso de que un miembro considere que debe abstenerse de participar en el examen o decisión del asunto comunicará dicha circunstancia a la Comisión, la cual decidirá si es procedente la inhibición.4. Cualquier miembro podrá suscitar la inhibición de otro miembro, fundado en las causales previstas en el párrafo 2 del presente artículo.5.

  • Mientras la Comisión no se halla reunida en sesión ordinaria o extraordinaria, los miembros podrán deliberar y decidir las cuestiones de su competencia por el medio que consideren adecuado.
  • Artículo 18.
  • Quórum especial para decidir 1.
  • La Comisión resolverá las siguientes cuestiones por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros: a.

elección de los integrantes de la directiva de la Comisión; b. interpretación de la aplicación del presente Reglamento; c. adopción de informe sobre la situación de los derechos humanos en un determinado Estado; y d. cuando tal mayoría esté prevista en la Convención Americana, el Estatuto o el presente Reglamento.2.

  • Respecto a otros asuntos será suficiente el voto de la mayoría de los miembros presentes.
  • Artículo 19.
  • Voto razonado 1.
  • Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar su voto razonado por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de dicha decisión.2.

Si la decisión versare sobre la aprobación de un informe o proyecto, el voto razonado se incluirá a continuación de dicho informe o proyecto.3. Cuando la decisión no conste en un documento separado, el voto razonado se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.4.

El voto razonado deberá presentarse por escrito a la Secretaría dentro de los 30 días posteriores al período de sesiones en el cual se haya adoptado la decisión respectiva. En casos urgentes, la mayoría absoluta de los miembros puede estipular un plazo menor. Vencido dicho plazo sin que se haya presentado el voto razonado por escrito a la Secretaría, se considerará que el respectivo miembro desistió del mismo, sin perjuicio de consignar su disidencia.

Artículo 20. Actas de las sesiones 1. En cada sesión se levantará un acta resumida en la que constará el día y la hora de celebración, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y cualquier declaración especialmente formulada por los miembros con el fin de que conste en acta.

  • Estas actas son documentos internos de trabajo de carácter reservado.2.
  • La Secretaría Ejecutiva distribuirá copias de las actas resumidas de cada sesión a los miembros de la Comisión, quienes podrán presentar a aquella sus observaciones con anterioridad al período de sesiones en que deben ser aprobadas.

Si no ha habido objeción hasta el comienzo de dicho período de sesiones, se considerarán aprobadas. Artículo 21. Remuneración por servicios extraordinarios Con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, la Comisión podrá encomendar a cualquiera de ellos la elaboración de un estudio especial u otros trabajos específicos para ser ejecutados individualmente, fuera de los períodos de sesiones.

  • Dichos trabajos se remunerarán de acuerdo con las disponibilidades del presupuesto.
  • El monto de los honorarios se fijará sobre la base del número de días requeridos para la preparación y redacción del trabajo.
  • CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 22.
  • Idiomas oficiales 1.
  • Los idiomas oficiales de la Comisión serán el español, el francés, el inglés y el portugués.

Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la Comisión conforme a los idiomas hablados por sus miembros.2. Cualquiera de los miembros de la Comisión podrá dispensar la interpretación de debates y la preparación de documentos en su idioma. Artículo 23.

Presentación de peticiones Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento.

El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión. Artículo 24. Tramitación motu proprio La Comisión podrá, motu proprio, iniciar la tramitación de una petición que contenga, a su juicio, los requisitos para tal fin.

  1. Artículo 25.
  2. Medidas Cautelares 1.
  3. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares.

Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.2.

A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que: a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; b.

la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.3.

Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.4. Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán contener, entre otros elementos: a.

los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita determinarlas; b. una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra información disponible; y c. la descripción de las medidas de protección solicitadas.5.

  1. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora.
  2. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes.6.

Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes elementos: a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse; b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y c.

La expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada.7. Las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas que incluirán, entre otros, los siguientes elementos: a.

la descripción de la situación y de los beneficiarios; b. la información aportada por el Estado, de contar con ella; c. las consideraciones de la Comisión sobre los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad; d. de ser aplicable, el plazo de vigencia de las medidas cautelares; y e.

los votos de los miembros de la Comisión.8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.9. La Comisión evaluará con periodicidad, de oficio o a solicitud de parte, las medidas cautelares vigentes, con el fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas.

En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto las medidas cautelares vigentes. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios antes de decidir sobre la petición del Estado.

  1. La presentación de tal solicitud no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.10.
  2. La Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento apropiadas, como requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares.

Dichas medidas pueden incluir, cuando resulte pertinente, cronogramas de implementación, audiencias, reuniones de trabajo y visitas de seguimiento y revisión.11. En adición a lo expresado en el inciso 9, la Comisión podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los requerimientos planteados por el Estado para su implementación.12.

  • La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 76 del presente Reglamento.
  • Si en el asunto se hubieren otorgado medidas cautelares, éstas mantendrán su vigencia hasta que la Corte notifique a las partes su resolución sobre la solicitud.13.

Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, la Comisión no considerará una nueva solicitud de medidas cautelares, salvo que existan nuevos hechos que así lo justifiquen. En todo caso, la Comisión podrá ponderar el uso de otros mecanismos de monitoreo de la situación.

CAPÍTULO II PETICIONES REFERENTES A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y OTROS INSTRUMENTOS APLICABLES Artículo 26. Revisión inicial 1. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones presentadas a la Comisión que llenen todos los requisitos establecidos en el Estatuto y en el artículo 28 del presente Reglamento.2.

Si una petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete.3. Si la Secretaría Ejecutiva tuviera alguna duda sobre el cumplimiento de los requisitos mencionados, consultará a la Comisión.

Artículo 27. Condición para considerar la petición La Comisión tomará en consideración las peticiones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, con relación a los Estados miembros de la OEA, solamente cuando llenen los requisitos establecidos en tales instrumentos, en el Estatuto y en el presente Reglamento.

Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información: 1. El nombre de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o representantes legales y el Estado miembro en el que esté legalmente reconocida; 2.

  • Si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado, y las razones respectivas; 3.
  • La dirección de correo electrónico para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímil y dirección postal; 4.
  • Una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas; 5.

De ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada; 6. La indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al/os artículo(s) presuntamente violado(s); 7.

El cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento; 8. Las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento; y 9. La indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.

Artículo 29. Tramitación inicial 1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas. Cada petición se registrará, se hará constar en ella la fecha de recepción y se acusará recibo al peticionario.2.

La petición será estudiada en su orden de entrada; no obstante, la Comisión podrá adelantar la evaluación de una petición en supuestos como los siguientes: a. cuando el transcurso del tiempo prive a la petición de su efecto útil, en particular: i. cuando la presunta víctima sea un adulto mayor, niño o niña; ii.

cuando la presunta víctima padezca de una enfermedad terminal; iii. cuando se alegue que la presunta víctima puede ser objeto de aplicación de la pena de muerte; o iv. cuando el objeto de la petición guarde conexidad con una medida cautelar o provisional vigente; b.

  • Cuando las presuntas víctimas sean personas privadas de libertad; c.
  • Cuando el Estado manifieste formalmente su intención de entrar en un proceso de solución amistosa del asunto; o d.
  • Cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: i.
  • La decisión pueda tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves que tengan un impacto en el goce de los derechos humanos; o ii.

la decisión pueda impulsar cambios legislativos o de práctica estatal y evitar la recepción de múltiples peticiones sobre el mismo asunto.3. Si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Comisión podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete conforme al artículo 26.2 del presente Reglamento.4.

Si la petición expone hechos distintos, o si se refiere a más de una persona o a presuntas violaciones sin conexión en el tiempo y el espacio, la Comisión podrá desglosarla y tramitarla en expedientes separados, a condición de que reúna todos los requisitos del artículo 28 del presente Reglamento.5.

Si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas personas, o si revelan el mismo patrón de conducta, la Comisión las podrá acumular y tramitar en un mismo expediente.6. En los casos previstos en los literales 4 y 5, la Comisión notificará por escrito a los peticionarios.7.

  • En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva notificará de inmediato a la Comisión.
  • Artículo 30.
  • Procedimiento de admisibilidad 1.
  • La Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del presente Reglamento.2.

A tal efecto, transmitirá las partes pertinentes de la petición al Estado en cuestión. La solicitud de información al Estado no prejuzgará sobre la decisión de admisibilidad que adopte la Comisión.3. El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de transmisión.

La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de cuatro meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información al Estado.4. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentre en peligro real e inminente, la Comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta, a cuyo efecto utilizará los medios que considere más expeditos.5.

Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento.6. Las consideraciones y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición deberán ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión adopte su decisión sobre admisibilidad.7.

  • En los casos previstos en el inciso 4, la Comisión podrá solicitar que el Estado presente su respuesta y observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del asunto.
  • La respuesta y observaciones del Estado deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso.

Artículo 31. Agotamiento de los recursos internos 1. Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto la Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.2.

Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán cuando: a. no exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados; b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o c.

haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.3. Cuando el peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento del requisito señalado en este artículo, corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.

Artículo 32. Plazo para la presentación de peticiones 1. La Comisión considerará las peticiones presentadas dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos.2. En los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión.

A tal efecto, la Comisión considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso. Artículo 33. Duplicación de procedimientos 1. La Comisión no considerará una petición si la materia contenida en ella: a.

  1. Se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo ante un organismo internacional gubernamental de que sea parte el Estado en cuestión; o b.
  2. Reproduce sustancialmente otra petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión u otro organismo internacional gubernamental del que sea parte el Estado en cuestión.2.

Sin embargo, la Comisión no se inhibirá de considerar las peticiones a las que se refiere el párrafo 1 cuando: a. el procedimiento seguido ante el otro organismo se limite a un examen general sobre derechos humanos en el Estado en cuestión y no haya decisión sobre los hechos específicos que son objeto de la petición ante la Comisión o no conduzca a su arreglo efectivo; o b.

El peticionario ante la Comisión sea la víctima de la presunta violación o su familiar y el peticionario ante el otro organismo sea una tercera persona o una entidad no gubernamental, sin mandato de los primeros. Artículo 34. Otras causales de inadmisibilidad La Comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando: a.

no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento; b. sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado; o c. la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba sobreviniente presentada a la Comisión.

Artículo 35. Grupo de trabajo sobre admisibilidad La Comisión constituirá un grupo de trabajo compuesto por tres o más de sus miembros a fin de estudiar, entre sesiones, la admisibilidad de las peticiones y formular recomendaciones al pleno. Artículo 36. Decisión sobre admisibilidad 1. Una vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto.

Los informes de admisibilidad e inadmisibilidad serán públicos y la Comisión los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.2. Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo.

La adopción del informe de admisibilidad no prejuzga sobre el fondo del asunto.3. En circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado información a las partes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del presente Reglamento, la Comisión podrá abrir el caso pero diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.

La decisión será adoptada en una resolución fundada que incluirá un análisis de las circunstancias excepcionales. Las circunstancias excepcionales que la Comisión tomará en cuenta incluirán las siguientes: a. cuando la consideración sobre la aplicabilidad de una posible excepción al requisito del agotamiento de recursos internos estuviera inextricablemente unida al fondo del asunto; b.

en casos de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentran en peligro inminente; o c. cuando el transcurso del tiempo pueda impedir que la decisión de la Comisión tenga efecto útil.4. Cuando la Comisión proceda de conformidad con el artículo 30.7 del presente Reglamento, abrirá un caso e informará a las partes por escrito que ha diferido el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo.

Artículo 37. Procedimiento sobre el fondo 1. Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de cuatro meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. Las partes pertinentes de dichas observaciones serán transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente sus observaciones dentro del plazo de cuatro meses.2.

  1. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de los plazos mencionados en el inciso precedente, que estén debidamente fundadas.
  2. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de seis meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de observaciones a cada parte.3.
  3. En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad personal se encuentren en peligro real e inminente y una vez abierto el caso, la Comisión solicitará a las partes que envíen sus observaciones adicionales sobre el fondo dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso.4.

Antes de pronunciarse sobre el fondo del caso, la Comisión fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar el procedimiento de solución amistosa previsto en el artículo 40 del presente Reglamento. En los supuestos previstos en el artículo 30.7 y en el inciso anterior, la Comisión solicitará que las partes se manifiesten de la manera más expedita.

Asimismo, la Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adicionales por escrito.5. Si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, la Comisión podrá convocar a las partes a una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento. Artículo 38.

Presunción Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si éste no suministra información relevante para controvertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión conforme al artículo 37 del presente Reglamento, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria.

Artículo 39. Investigación in loco 1. Si lo considera necesario y conveniente, la Comisión podrá realizar una investigación in loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes, que serán proporcionadas por el Estado en cuestión. En casos graves y urgentes, la Comisión podrá realizar una investigación in loco, previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.2.

La Comisión podrá delegar en uno o más de sus miembros la recepción de prueba testimonial conforme a las reglas establecidas en el artículo 65, incisos 5, 6, 7 y 8. Artículo 40. Solución amistosa 1. La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.2.

El procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con base en el consentimiento de las partes.3. Cuando lo considere necesario, la Comisión podrá encomendar a uno o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre las partes.4. La Comisión podrá dar por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no consiente en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos.5.

Si se logra una solución amistosa, la Comisión aprobará un informe con una breve exposición de los hechos y de la solución lograda, lo transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de aprobar dicho informe, la Comisión verificará si la víctima de la presunta violación o, en su caso, sus derechohabientes, han dado su consentimiento en el acuerdo de solución amistosa.

En todos los casos, la solución amistosa deberá fundarse en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.6. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá con el trámite de la petición o caso.

Artículo 41. Desistimiento El peticionario podrá desistir en cualquier momento de su petición o caso, a cuyo efecto deberá manifestarlo por escrito a la Comisión. La manifestación del peticionario será analizada por la Comisión, que podrá archivar la petición o caso si lo estima procedente, o podrá proseguir el trámite en interés de proteger un derecho determinado.

  • Artículo 42.
  • Archivo de peticiones y casos 1.
  • En cualquier momento del procedimiento, la Comisión decidirá sobre el archivo del expediente cuando verifique que no existen o subsisten los motivos de la petición o caso.
  • Asimismo, la Comisión podrá decidir sobre el archivo del expediente cuando: a.
  • No se cuente con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la petición o caso, a pesar de los esfuerzos para obtener dicha información; o b.

la injustificada inactividad procesal del peticionario constituya indicio serio de desinterés en la tramitación de la petición.2. Antes de considerar el archivo de una petición o caso, se solicitará a los peticionarios que presenten la información necesaria y se les notificará la posibilidad de una decisión de archivo.

Una vez expirado el plazo establecido para la presentación de dicha información, la Comisión procederá a adoptar la decisión correspondiente.3. La decisión de archivo será definitiva, salvo en los siguientes casos: a. error material; b. hechos sobrevinientes; c. información nueva que hubiera afectado la decisión de la Comisión; o d.

fraude. Artículo 43. Decisión sobre el fondo 1. La Comisión deliberará sobre el fondo del caso, a cuyo efecto preparará un informe en el cual examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes, y la información obtenida durante audiencias y observaciones in loco.

Asimismo, la Comisión podrá tener en cuenta otra información de público conocimiento.2. Las deliberaciones de la Comisión se harán en privado y todos los aspectos del debate serán confidenciales.3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará en términos precisos en uno de los idiomas de trabajo de la Comisión.

A petición de cualquiera de los miembros, el texto será traducido por la Secretaría Ejecutiva a uno de los otros idiomas oficiales de la Comisión y se distribuirá antes de la votación.4. Las actas referentes a las deliberaciones de la Comisión se limitarán a mencionar el objeto del debate y la decisión aprobada, así como los votos razonados y las declaraciones hechas para constar en acta.

Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar su opinión por separado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 19 inciso 4 del presente Reglamento. Artículo 44. Informe sobre el fondo Luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la Comisión procederá de la siguiente manera: 1.

Si establece que no hubo violación en un caso determinado, así lo manifestará en su informe sobre el fondo. El informe será transmitido a las partes, y será publicado e incluido en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA.2. Si establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión.

  1. En tal caso, fijará un plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones.
  2. El Estado no estará facultado para publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto.3.
  3. Notificará al peticionario la adopción del informe y su transmisión al Estado.

En el caso de los Estados Partes en la Convención Americana que hubieran aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, al notificar al peticionario la Comisión le dará la oportunidad de presentar, dentro del plazo de un mes, su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte.

  1. Si el peticionario tuviera interés en que el caso sea sometido a la Corte, deberá presentar los siguientes elementos: a.
  2. La posición de la víctima o sus familiares, si fueran distintos del peticionario; b.
  3. Los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte; y c.
  4. Las pretensiones en materia de reparaciones y costas.

Artículo 45. Sometimiento del caso a la Corte 1. Si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, y la Comisión considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 del referido instrumento, someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.2.

La Comisión considerará fundamentalmente la obtención de justicia en el caso particular, fundada entre otros, en los siguientes elementos: a. la posición del peticionario; b. la naturaleza y gravedad de la violación; c. la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema; y d. el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Artículo 46. Suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte 1. La Comisión podrá considerar a solicitud del Estado interesado la suspensión del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención Americana para el sometimiento del caso a la Corte, cuando estuvieren reunidas las siguientes condiciones: a.

  1. Que el Estado haya demostrado su voluntad y capacidad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento.
  2. A tal efecto, la Comisión podrá tomar en cuenta la existencia de leyes internas que establezcan un mecanismo de cumplimiento de sus recomendaciones; y b.

que en su solicitud el Estado acepte en forma expresa e irrevocable la suspensión del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención Americana para el sometimiento del caso a la Corte y, en consecuencia, renuncie expresamente a interponer excepciones preliminares respecto del cumplimiento con dicho plazo, en la eventualidad de que el asunto sea remitido a la Corte.2.

Para el establecimiento de los plazos de suspensión, la Comisión podrá tener en cuenta los siguientes factores: a. la complejidad del asunto y de las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones de la Comisión, en particular cuando impliquen el involucramiento de diferentes ramas del Poder Público, o la coordinación entre gobiernos centrales y regionales, entre otras; b.

las medidas adoptadas por el Estado para el cumplimiento de las recomendaciones con anterioridad a la solicitud de la extensión del plazo; y c. la posición del peticionario. Artículo 47. Publicación del informe 1. Si dentro del plazo de tres meses a partir de la transmisión del informe preliminar al Estado en cuestión, el asunto no ha sido solucionado o, en el caso de los Estados que hubieran aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, no ha sido sometido a la decisión de ésta por la Comisión o por el propio Estado, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos, un informe definitivo que contenga su opinión y conclusiones finales y recomendaciones.2.

El informe definitivo será transmitido a las partes, quienes presentarán, en el plazo fijado por la Comisión, información sobre el cumplimiento de las recomendaciones.3. La Comisión evaluará el cumplimiento de sus recomendaciones con base en la información disponible y decidirá, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, sobre la publicación del informe definitivo.

La Comisión decidirá asimismo sobre su inclusión en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA o su publicación en cualquier otro medio que considere apropiado. Artículo 48. Seguimiento 1. Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre el fondo en los cuales haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar información a las partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones.2.

La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los avances en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones. Articulo 49. Certificación de informes Los originales de los informes firmados por los Comisionados que participaron en su adopción serán depositados en los archivos de la Comisión.

Los informes transmitidos a las partes serán certificados por la Secretaría Ejecutiva. Artículo 50. Comunicaciones interestatales 1. La comunicación presentada por un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha aceptado la competencia de la Comisión para recibir y examinar tales comunicaciones contra otros Estados partes, será transmitida al Estado parte aludido, sea que éste haya aceptado o no la competencia de la Comisión.

En caso de no haberla aceptado, la comunicación será transmitida a los efectos de que dicho Estado pueda ejercer su opción bajo el artículo 45, párrafo 3, de la Convención, para reconocer esa competencia en el caso específico objeto de la comunicación.2. Aceptada la competencia por el Estado aludido para conocer de la comunicación del otro Estado parte, el respectivo trámite se regirá por las disposiciones de este Capítulo II, en lo que le sean aplicables.

CAPÍTULO III PETICIONES REFERENTES A ESTADOS QUE NO SON PARTES EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 51. Recepción de la petición La Comisión recibirá y examinará la petición que contenga una denuncia sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre con relación a los Estados miembros de la Organización que no sean partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  1. Artículo 52.
  2. Procedimiento aplicable El procedimiento aplicable a las peticiones referentes a Estados miembros de la OEA que no son partes en la Convención Americana será el establecido en las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II; en los artículos 28 al 44 y 47 al 49 de este Reglamento.

CAPÍTULO IV OBSERVACIONES IN LOCO Artículo 53. Designación de Comisión Especial Las observaciones in loco se practicarán, en cada caso, por una Comisión Especial designada a ese efecto. La determinación del número de miembros de la Comisión Especial y la designación de su Presidente corresponderán a la Comisión.

  1. En casos de extrema urgencia, tales decisiones podrán ser adoptadas por el Presidente, ad referendum de la Comisión.
  2. Artículo 54.
  3. Impedimento El miembro de la Comisión que sea nacional o que resida en el territorio del Estado en donde deba realizarse una observación in loco estará impedido de participar en ella.

Artículo 55. Plan de actividades La Comisión Especial organizará su propia labor. A tal efecto, podrá asignar a sus miembros cualquier actividad relacionada con su misión y, en consulta con el Secretario Ejecutivo, a funcionarios de la Secretaría Ejecutiva o al personal necesario.

  • Artículo 56.
  • Facilidades y garantías necesarias El Estado que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una observación in loco, u otorgue su anuencia a dicho efecto, concederá a la Comisión Especial todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y, en particular, se comprometerá a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella mediante informaciones o testimonios.

Artículo 57. Otras normas aplicables Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las observaciones in loco que acuerde la Comisión Interamericana se realizarán de conformidad con las siguientes normas: a. la Comisión Especial o cualquiera de sus miembros podrá entrevistar, libre y privadamente, a personas, grupos, entidades o instituciones; b.

El Estado deberá otorgar las garantías necesarias a quienes suministren a la Comisión Especial informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter; c. los miembros de la Comisión Especial podrán viajar libremente por todo el territorio del país, para lo cual el Estado otorgará todas las facilidades del caso, incluyendo la documentación necesaria; d.

el Estado deberá asegurar la disponibilidad de medios de transporte local; e. los miembros de la Comisión Especial tendrán acceso a las cárceles y todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas; f.

  • El Estado proporcionará a la Comisión Especial cualquier documento relacionado con la observancia de los derechos humanos que ésta considere necesario para la preparación de su informe; g.
  • La Comisión Especial podrá utilizar cualquier medio apropiado para filmar, tomar fotografías, recoger, documentar, grabar o reproducir la información que considere oportuna; h.

el Estado adoptará las medidas de seguridad adecuadas para proteger a la Comisión Especial; i. el Estado asegurará la disponibilidad de alojamiento apropiado para los miembros de la Comisión Especial; j. las mismas garantías y facilidades indicadas en el presente artículo para los miembros de la Comisión Especial se extenderán al personal de la Secretaría Ejecutiva; y k.

  • Los gastos en que incurra la Comisión Especial, cada uno de sus integrantes y el personal de la Secretaría Ejecutiva serán sufragados por la OEA, con sujeción a las disposiciones pertinentes.
  • CAPÍTULO V INFORME ANUAL Y OTROS INFORMES DE LA COMISIÓN Artículo 58.
  • Preparación de informes La Comisión rendirá un informe anual a la Asamblea General de la OEA.

Además, la Comisión preparará los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones, y los publicará del modo que juzgue oportuno. Una vez aprobada su publicación, la Comisión los transmitirá por intermedio de la Secretaría General a los Estados miembros de la OEA y sus órganos pertinentes.

  • Artículo 59.
  • Informe Anual 1.
  • El Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización tendrá dos volúmenes.2.
  • El primer volumen incluirá lo siguiente: a.
  • Una introducción con el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados en la Declaración Americana, la Convención Americana y los demás instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, así como el estado de ratificación de éstos; la relación del origen, bases jurídicas, estructura y fines de la Comisión; y los mandatos conferidos a la Comisión por los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, por la Asamblea General de la Organización y por otros órganos competentes.b.

en el Capítulo I, i. una lista de los períodos de sesiones celebrados durante el lapso cubierto por el informe, y de otras actividades desarrolladas por la Comisión para el cumplimiento de sus fines, objetivos y mandatos; y ii. un resumen de las actividades desarrolladas por la Comisión con la Corte, otros órganos de la OEA, y organismos regionales o universales de la misma índole, así como los resultados logrados.c.

En el Capítulo II, una relación del sistema de peticiones y casos, que particularice: i. la información sobre las peticiones en estudio inicial; ii. las peticiones declaradas admisibles e inadmisibles y los informes respectivos; iii. los informes de fondo emitidos; iv. las soluciones amistosas homologadas; v.

los informes de archivo adoptados; vi. las medidas cautelares otorgadas; y vii. el estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales.d. en el Capítulo III, una relación de las actividades de las Relatorías, Relatorías Especiales y Unidades Temáticas, incluyendo una referencia a cada uno de los informes producidos por ellas, así como a otras actividades de promoción.e.

en el Capítulo IV, i. la sección “A”, un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales; y ii.

la sección “B”, los informes especiales que la Comisión considere necesarios sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros conforme a los criterios, metodología y procedimiento a los que hacen referencia los incisos siguientes.f.

  • En el Capítulo V, informes de seguimiento, en los que se destacarán los progresos alcanzados y las dificultades para la efectiva observancia de los derechos humanos.g.
  • En el Capítulo VI, una reseña de las actividades de desarrollo institucional, incluyendo información sobre los recursos financieros y la ejecución del presupuesto de la Comisión.3.

En un segundo volumen de su Informe Anual, la Comisión incorporará los informes de país, temáticos o regionales producidos o publicados durante el año, incluyendo los de Relatorías, Relatorías Especiales y Unidades Temáticas.4. La Comisión aplicará las reglas establecidas en los incisos 5 a 9 de este artículo en la preparación de los Capítulos IV y V de su Informe Anual en el ejercicio de su mandato de promover y proteger los derechos humanos y, en particular, de su deber de informar a los Estados Miembros de la OEA sobre la situación de los derechos humanos que pueden requerir una respuesta por parte de los órganos políticos y la atención prioritaria de la Comisión.5.

La Comisión utilizará información confiable y convincente obtenida de las siguientes fuentes: a. actos oficiales del Estado, en todos los niveles y en cualquiera de sus ramas, incluyendo enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, pronunciamientos de política, comunicaciones oficiales a la Comisión y a otros órganos de derechos humanos, así como cualquier otro pronunciamiento o acción atribuible al Estado; b.

información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano, así como información sobre el cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones de la Comisión y sentencias de la Corte Interamericana; c.

  1. Información obtenida en visitas in loco de la Comisión Interamericana, sus Relatores, y sus funcionarios; d.
  2. Información obtenida mediante audiencias públicas celebradas por la Comisión Interamericana durante sus sesiones; e.
  3. Conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los órganos de tratados, Relatores, grupos de trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas; f.

informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales; g. informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas y por particulares; e h. información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación.6.

  1. Los criterios para la inclusión de un Estado Miembro en el Capítulo IV.B del Informe Anual son los siguientes: a.
  2. Una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos, entre ellos: i.

si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida; ii.

  1. Si se hubiera producido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático; o iii.
  2. Cuando un gobierno democráticamente constituido fuera derrocado por la fuerza o el gobierno actual haya llegado al poder por otros medios distintos a las elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, de conformidad con las normas internacionalmente aceptadas y los principios recogidos en la Carta Democrática Interamericana.b.

la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana, en razón de la imposición de medidas excepcionales tales como la declaratoria de un estado de emergencia, de un estado de sitio, la suspensión de garantías constitucionales, o medidas excepcionales de seguridad.c.

la comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana, la Convención Americana, o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables.d. la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables.

Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes: i. graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos; ii. incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta; iii.

Omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana; y iv. violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuibles al Estado en el marco de un conflicto armado interno.7. La decisión sobre los países específicos a incluir en el Capítulo IV.B será adoptada por la Comisión cada año de conformidad con el quórum especial previsto en el artículo 18 del presente Reglamento.

La inclusión de un Estado en dicho capítulo un determinado año no crea una presunción para su inclusión en el mismo en el año siguiente. Cuando la Comisión reciba del Estado concernido información que conduzca a la conclusión de que han sido superadas las condiciones que motivaron su inclusión, no lo incluirá en el mismo, salvo que nuevas razones así lo exijan.8.

  • Cuando un Estado incluido en el Capítulo IV.B del Informe Anual haya sido objeto de una visita in loco, no se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de la visita.
  • El monitoreo de la situación de los derechos humanos de ese año en dicho Estado se realizará a través del informe de país preparado en relación con la visita in loco.

Una vez que el informe de país haya sido publicado, la Comisión dará seguimiento al cumplimiento de las respectivas recomendaciones a través del Capítulo V de su Informe Anual. Con posterioridad, la Comisión decidirá, de conformidad con el presente Reglamento, si el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el respectivo país debe ser incluido en alguno de los capítulos mencionados del Informe Anual.9.

  • A través del Capítulo V de su Informe Anual, la Comisión dará seguimiento a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de país o temáticos, o en informes publicados previamente en el Capítulo IV.B.10.
  • En forma previa a la publicación en los Capítulos IV.B y V del Informe Anual, la Comisión transmitirá una copia preliminar al Estado respectivo.

Éste podrá enviar a la Comisión una respuesta dentro del plazo máximo de un mes a partir de la transmisión del informe; esta respuesta estará disponible a través de un vínculo electrónico en la página de la Comisión, a menos que el Estado solicite lo contrario.11.

La Comisión incluirá en su Informe Anual cualquier otra información, observación o recomendación que considere pertinente someter a la Asamblea General. Artículo 60. Informe sobre derechos humanos en un Estado La elaboración de un informe general o especial sobre la situación de los derechos humanos en un Estado determinado se ajustará a las siguientes normas: a.

una vez que el proyecto de informe haya sido aprobado por la Comisión se transmitirá al Gobierno del Estado en cuestión, para que formule las observaciones que juzgue pertinentes; b. la Comisión indicará a dicho Estado el plazo dentro del cual debe presentar las observaciones; c.

  1. Recibidas las observaciones del Estado, la Comisión las estudiará y a la luz de ellas podrá mantener o modificar su informe y decidir acerca de las modalidades de su publicación; d.
  2. Si al vencimiento del plazo fijado el Estado no ha presentado observación alguna, la Comisión publicará el informe del modo que juzgue apropiado; e.

luego de aprobada su publicación, la Comisión los transmitirá por intermedio de la Secretaría General a los Estados miembros y a la Asamblea General de la OEA. CAPÍTULO VI AUDIENCIAS ANTE LA COMISIÓN Artículo 61. Iniciativa La Comisión podrá celebrar audiencias por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada.

  • La decisión de convocar a las audiencias será adoptada por el Presidente de la Comisión, a propuesta del Secretario Ejecutivo.
  • Artículo 62.
  • Objeto Las audiencias podrán tener por objeto recibir información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA.

Artículo 63. Garantías El Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión.

Artículo 64. Audiencias sobre peticiones o casos 1. Las audiencias sobre peticiones o casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso.2.

Las solicitudes de audiencia deberán ser presentadas por escrito con una anticipación no menor a 50 días del inicio del correspondiente período de sesiones de la Comisión. Las solicitudes de audiencia indicarán su objeto y la identidad de los participantes.3.

  1. Si la Comisión accede a la solicitud o decide celebrarla por iniciativa propia, deberá convocar a ambas partes.
  2. Si una parte debidamente notificada no comparece, la Comisión proseguirá con la audiencia.
  3. La Comisión adoptará las medidas necesarias para preservar la identidad de los peritos y testigos, si estima que éstos requieren tal protección.4.

La Secretaría Ejecutiva informará a las partes acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia, con una anticipación no menor a un mes de su celebración. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, dicho plazo podrá ser menor. Artículo 65. Presentación y producción de pruebas 1.

  • Durante la audiencia, las partes podrán presentar cualquier documento, testimonio, informe pericial o elemento de prueba.
  • A petición de parte o de oficio, la Comisión podrá recibir el testimonio de testigos o peritos.2.
  • Con relación a las pruebas documentales presentadas durante la audiencia, la Comisión otorgará a las partes un plazo prudencial para que presenten sus observaciones.3.

La parte que proponga testigos o peritos para una audiencia deberá manifestarlo en su solicitud. A tal efecto, identificará al testigo o perito y el objeto de su testimonio o peritaje.4. Al decidir sobre la solicitud de audiencia, la Comisión determinará asimismo la recepción de la prueba testimonial o pericial propuesta.5.

El ofrecimiento de los testimonios y pericias por una de las partes será notificado a la otra parte por la Comisión.6. En circunstancias extraordinarias, a criterio de la Comisión, con el fin de salvaguardar la prueba, podrá recibir testimonios en las audiencias sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior.

En tales circunstancias, tomará las medidas necesarias para garantizar el equilibrio procesal de las partes en el asunto sometido a su consideración.7. La Comisión oirá a un testigo a la vez, y los restantes permanecerán fuera de la sala. Los testigos no podrán leer sus presentaciones ante la Comisión.8.

Antes de su intervención, los testigos y peritos deberán identificarse y prestar juramento o promesa solemne de decir la verdad. A solicitud expresa del interesado, la Comisión podrá mantener en reserva la identidad del testigo o perito cuando sea necesario para proteger a éstos o a otras personas. Artículo 66.

Audiencias de carácter general 1. Los interesados en presentar a la Comisión testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados, o sobre asuntos de interés general, deberán solicitar por escrito una audiencia a la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación no menor a 50 días del inicio del correspondiente período de sesiones de la Comisión.2.

El solicitante deberá expresar el objeto de la comparecencia, una síntesis de las materias que serán expuestas, el tiempo aproximado que consideran necesario para tal efecto, y la identidad de los participantes.3. Cuando la Comisión acceda a solicitudes de audiencia sobre la situación de los derechos humanos en un país, convocará al Estado interesado, a menos que decida mantener una audiencia privada conforme al artículo 68.4.

Si lo considera apropiado, la Comisión podrá convocar a otros interesados a participar de las audiencias sobre la situación de derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general.5. La Secretaría Ejecutiva informará acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia, con una anticipación no menor a un mes de su celebración.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, dicho plazo podrá ser menor. Artículo 67. Participación de los Comisionados El Presidente de la Comisión podrá conformar grupos de trabajo para atender el programa de audiencias. Articulo 68. Publicidad de las audiencias Las audiencias serán públicas. Cuando circunstancias excepcionales así lo justifiquen, la Comisión, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada podrá celebrar audiencias privadas y decidirá quiénes podrán asistir a ellas.

Esta decisión corresponderá exclusivamente a la Comisión, que deberá informar al respecto a las partes antes del inicio de la audiencia, en forma oral o escrita. Aun en estos casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 70 de este Reglamento.

  1. Artículo 69.
  2. Gastos La parte que proponga la producción de pruebas en una audiencia costeará todos los gastos que aquella ocasione.
  3. Artículo 70.
  4. Documentos y actas de las audiencias 1.
  5. En cada audiencia se levantará un acta resumida, en la que constará el día y la hora de celebración, los nombres de los participantes, las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos por las partes.

Los documentos presentados por las partes en la audiencia se agregarán como anexos al acta.2. Las actas de las audiencias son documentos internos de trabajo de la Comisión. Si una parte lo solicita, la Comisión le extenderá una copia salvo que, a juicio de ésta, su contenido pudiera implicar algún riesgo para las personas.3.

  1. La Comisión grabará los testimonios y los podrá poner a disposición de las partes que lo soliciten.
  2. CAPÍTULO I DELEGADOS, ASESORES, TESTIGOS Y EXPERTOS Artículo 71.
  3. Delegados y asesores 1.
  4. La Comisión encomendará a uno o más de sus miembros, y a su Secretario Ejecutivo, su representación para que participen, con carácter de delegados, en la consideración de cualquier asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tal representación tendrá vigencia mientras el delegado ostente la condición de Comisionado o de Secretario Ejecutivo, sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales la Comisión pueda decidir extender la duración de tal representación.2. Al nombrar su delegado o delegados, la Comisión le impartirá las instrucciones que considere necesarias para orientar su actuación ante la Corte.3.

  1. Cuando se designe a más de un delegado, la Comisión atribuirá a uno de ellos la responsabilidad de resolver las situaciones no contempladas en las instrucciones o las dudas planteadas por un delegado.4.
  2. Los delegados podrán ser asistidos por cualquier persona designada por la Comisión en calidad de asesores.

En el ejercicio de sus funciones, los asesores actuarán de conformidad con las instrucciones de los delegados. Artículo 72. Peritos 1. La Comisión podrá solicitar a la Corte la comparecencia de peritos.2. La presentación de dichos peritos se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de la Corte.

  • CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE Artículo 73.
  • Notificación al Estado y al peticionario Si la Comisión decide someter un caso a la Corte, el Secretario Ejecutivo notificará tal decisión de inmediato al Estado, al peticionario y a la víctima.
  • Con dicha comunicación, la Comisión transmitirá al peticionario todos los elementos necesarios para la preparación y presentación de la demanda.

Artículo 74. Remisión del caso a la Corte 1. Cuando la Comisión de conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 45 del presente Reglamento decida someter un caso a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, remitirá al Tribunal, a través de su Secretaría, copia del informe previsto en el Artículo 50 de la Convención Americana acompañado de copia del expediente en trámite ante la Comisión, con exclusión de los documentos de trabajo interno, más cualquier otro documento que considere útil para el conocimiento del caso.2.

La Comisión remitirá asimismo una nota de envío del caso a la Corte, la cual podrá contener: a. los datos disponibles de las víctimas o sus representantes debidamente acreditados, con la indicación de si el peticionario ha solicitado reserva de identidad; b. su evaluación sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de fondo; c.

el motivo por el cual se decidió someter el caso a la Corte; d. los nombres de sus delegados; y e. cualquier otra información que considere útil para el conocimiento del caso.3. Una vez sometido el caso a la jurisdicción de la Corte, la Comisión hará público el informe aprobado conforme al artículo 50 de la Convención Americana y la nota de envío del caso a la Corte.

  1. Artículo 75.
  2. Remisión de otros elementos La Comisión remitirá a la Corte, a solicitud de ésta, cualquier otra petición, prueba, documento o información relativa al caso, con la excepción de los documentos referentes a la tentativa infructuosa de lograr una solución amistosa.
  3. La transmisión de los documentos estará sujeta, en cada caso, a la decisión de la Comisión, la que deberá excluir el nombre e identidad del peticionario, si éste no autorizara la revelación de estos datos.

Artículo 76. Medidas Provisionales 1. La Comisión podrá solicitar medidas provisionales a la Corte en situaciones de extrema gravedad y urgencia cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas. Al tomar esta decisión, la Comisión considerara la posición de los beneficiarios o sus representantes.2.

  • La Comisión considerará los siguientes criterios para presentar la solicitud de medidas provisionales: a.
  • Cuando el Estado concernido no haya implementado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión; b.
  • Cuando las medidas cautelares no hayan sido eficaces; c.
  • Cuando exista una medida cautelar conectada a un caso sometido a la jurisdicción de la Corte; d.

cuando la Comisión lo estime pertinente al mejor efecto de las medidas solicitadas, para lo cual fundamentará sus motivos. Artículo 77. Cómputo calendario Todos los plazos señalados en el presente Reglamento -en número de días- se entenderán computados en forma calendaria.

  1. Artículo 78.
  2. Interpretación Cualquier duda que surgiere en lo que respecta a la interpretación del presente Reglamento, deberá ser resuelta por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.
  3. Artículo 79.
  4. Modificación del Reglamento El presente Reglamento será modificado, previa consulta pública, por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.

Artículo 80. Disposición transitoria El presente Reglamento, cuyos textos en español e inglés son igualmente idénticos, entrará en vigor el 31 de diciembre de 2009. 1 Artículo 11 modificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de septiembre de 2011.2 Artículo 25 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.3 Artículo 28 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.4 Artículo 29 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.5 Artículo 30 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.6 Artículo 36 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.7 Artículo 37 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.8 Artículo 42 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.9 Artículo 44 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.10 Artículo 46 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.11 Artículo 59 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.12 Artículo 72 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.13 Artículo 76 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.14 Artículo 79 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.

¿Cuál es el nombre de la institución que se encarga de proteger los derechos humanos?

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es el principal defensor mundial de los derechos del niño. Creado en 1946 para proporcionar alimentos de emergencia y atención médica a niños en países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, UNICEF ha ayudado a millones de niños y madres vulnerables en todo el mundo.

  • La organización con sede en Nueva York, que ganó el Premio Nobel de la Paz de 1965, trabaja en casi 200 países de todo el mundo.
  • En la actualidad, UNICEF brinda asistencia humanitaria y de desarrollo a niños y madres vulnerables.
  • Se centra en cinco áreas clave: supervivencia y desarrollo infantil; educación básica e igualdad de género; protección infantil; niños que viven con VIH / SIDA; y promoción de políticas y alianzas para los derechos de los niños.

Millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo son niños, lo que significa que el ACNUR y UNICEF son socios naturales. En 1996, firmaron un memorando de entendimiento, que apuntala su relación. Las agencias hermanas trabajan juntas en todo el mundo, tanto en situaciones prolongadas de refugiados como en emergencias.