FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Para Que Sirve La Corte Interamericana De Derechos Humanos?

Para Que Sirve La Corte Interamericana De Derechos Humanos
Artículo 1 Naturaleza y Régimen Jurídico – La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto.

¿Cuál es la función de Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas.

¿Cuándo se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Las personas que consideren que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos pueden presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se inicie un proceso en el que se verifiquen los hechos y cuando corresponda, se realicen recomendaciones al Estado responsable sobre los

¿Qué tipo de medidas emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

En el SIDH existen dos tipos de medidas de carácter preventivo que buscan proteger los dere- chos humanos ante la inminencia de un daño: las medidas cautelares, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales, que son dictadas por la Corte IDH.

¿Cómo se interpone una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

¿Cómo denunciar ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? El correo electrónico de verificación se enviará a Revisa tu bandeja de entrada y si no, en tu carpeta de correo no deseado. Queremos que encuentres las noticias que más te interesan Sigue tus temas favoritos en un lugar exclusivo para ti. Recuerda que para ver tus temas en todos tus dispositivos, debes actualizar la App de El Tiempo.

  • ¡hola!
  • Aquí también puedes encontrar “Mis Noticias” y seguir los temas que elegiste en la APP.
  • ¡Descubre cómo funciona!

lo último La manera más rapida para ponerte al día. Mis noticias Una sección exclusiva donde podras seguir tus temas. editar favoritos Cuando quieras, cambia los temas que elegiste. Lo haré después

  1. ¡Tus temas favoritos han sido guardados!
  2. Ahora estas siguiendo 4 TEMAS
  3. Te contamos como funciona

LO ÚLTIMO La manera más rapida para ponerte al día. MIS NOTICIAS Una sección exclusiva donde podrás seguir tus temas. EDITAR FAVORITOS Cuando quieras, cambia los temas que elegiste. Recuerda que para ver tus temas en todos tus dispositivos, debes actualizar la App de El Tiempo. Las peticiones ante la CIDH se pueden hacer individualmente o por grupos. Las peticiones ante la CIDH se pueden hacer individualmente o por grupos. La persona que denuncia debe haber agotado todos los recursos legales disponibles en el Estado. Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

  • Derecho a la vida.
  • Derecho a un trato humano.
  • Derecho a la libertad persona l.
  • Derecho a las garantías del debido proceso,
  • Derecho a indemnización en caso de haber sidocondenado por error judicial.
  • Libertad de conciencia, religión, pensamiento y de expresión.
  • Derecho a la protección de la familia.
  • Derecho a protección judicial contraviolaciones de los derechos fundamentales.
  • Derechos políticos.
  • Derechos del niño.

Para presentar una denuncia ante la CIDH, las personas afectadas deben manifestar los hechos de forma escrita. Además, tienen que hacer mención de los derechos vulnerados de acuerdo a los establecidos por la Convención Americana o la Declaración Americana.

  1. Le recomendamos leer: ) Otro requisito es que el peticionario debe haber agotado todos los recursos legales disponibles en el Estado donde ha ocurrido la violación.
  2. El tiempo para presentar la denuncia es de máximo seis meses siguientes al hecho victimizante.
  3. La CIDH también recomienda que la persona no denuncie ante otro organismo, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En Twitter: [email protected] Más noticias de Justicia Llegaste al límite de contenidos del mes Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya! Si ya eres suscriptor del impreso * COP $900 / mes durante los dos primeros meses Sabemos que te gusta estar siempre informado.

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo. : ¿Cómo denunciar ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

¿Quién puede presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

5. Reglamentos especiales o consejos para presentar la petición – Aunque el procedimiento de petición de la Comisión Interamericana es sencillo y no requiere representación legal, es recomendable leer el folleto informativo de la Comisión sobre el “Sistema de Peticiones y Casos”, que incluye también un formulario que puede ser útil para presentar un caso (ver http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf ).

¿Quién tiene la obligación de proteger los derechos humanos?

En la Declaración se afirma que toda persona tiene el deber de promover y proteger los derechos humanos. A este respecto, tal vez lo más impor- tante sea alentar a un número mayor de personas a defender los dere- chos humanos, es decir, a convertirse en defensores de los derechos humanos.

¿Cuáles son los países que no firmaron el Pacto de San José?

Si Perú llegara a retirarse del Pacto de San José, como ha propuesto la bancada de Unión por el Perú (UPP), se convertiría en el tercer país en dejar el sistema interamericano que, en esencia, vela porque las naciones que lo integran respeten las libertades y derechos humanos.

  1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -también llamada Pacto de San José – fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
  2. Según indica un documento oficial del organismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se define como ” un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes “.

Asimismo, la Convención establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados que integran la Convención y regula su funcionamiento.

Aunque 25 países suscribieron la Convención, solo 23 países integran ahora el Pacto de San José : Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Trinidad y Tobago denunció a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 26 de mayo de 1998, mientras que Venezuela lo hizo el 10 de setiembre del 2012. Finalmente, ambos países abandonaron el sistema interamericano un año después de haber presentado sus denuncias.

  • Perú ratificó el pacto el 9 de setiembre de 1980 y el 20 de octubre siguiente reconoció formalmente la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Pero el país tuvo un alejamiento de la Convención después de que en julio de 1999, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, retirara su ” declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “.

Sin embargo, según consta en documentos de la Comisión, esa decisión fue revocada por el Gobierno Peruano en enero del 2001 y el país reiteró que el ” reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuada por el Perú el 20 de octubre de 1980, posee plena vigencia y compromete a todos sus efectos jurídicos al Estado peruano “.

¿Qué pasa con las personas que violan los derechos humanos?

Uno de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional. La violencia y los conflictos socavan el desarrollo sostenible. Las violaciones de los derechos humanos son una causa primordial de los conflictos y la inseguridad, los que, a su vez, resultan invariablemente en nuevas violaciones de los derechos humanos.

Es así que las acciones para proteger y promover los derechos humanos cuentan con poderes preventivos inherentes, mientras que los enfoques basados en los derechos en materia de paz y seguridad aportan esta potencia a los esfuerzos para lograr una paz sostenible. El marco normativo de los derechos humanos proporciona también una base sólida para abordar cuestiones muy preocupantes en los países, o entre ellos, las que, si no se atienden, pueden conducir a conflictos.

El análisis y la información sobre los derechos humanos constituyen herramientas para la alerta temprana y la actuación temprana específica que aún no se han aprovechado plenamente. El incumplimiento de las normas internacionales y la falta de protección de los derechos humanos debilitan las acciones para establecer, mantener y consolidar la paz.

Las acciones mundiales de lucha contra el terrorismo y de prevención de la propagación del extremismo violento se ven afectadas por estas deficiencias. Renovar el enfoque de la ONU en la prevención y el mantenimiento de la paz es clave, tanto para este pilar como para el previo sobre el avance del desarrollo sostenible.

Podemos ayudar a mantener tanto la paz como el desarrollo si demostramos que la aplicación de las normas de derechos humanos puede abordar las reivindicaciones, reducir la desigualdad y aumentar la resiliencia. Este pilar además hace frente a las amenazas posibles planteadas por las nuevas tecnologías en un contexto de seguridad.

¿Cómo hacer una denuncia a los derechos humanos?

¿Cómo presentar una QUEJA en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Si violan tus derechos humanos, presenta tu queja: Por teléfono, llama al 55 56 81 81 25, exts.: 1014, 1036, 1083, 1292, 1332, 1701, 1724 y 1983 (atención las 24 horas). Número gratuito: 800 715 2000.

¿Qué tipo de medidas podrá tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de gravedad extrema urgencia?

D. Peticiones y casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales y casos contenciosos 1. Medidas provisionales 68. El artculo 63(2) de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daos irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que est conociendo, podr tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.

a. Colombia Caso Caballero Delgado y Santana

69. El 6 de mayo de 1999 la Comisin se dirigi a la Corte Interamericana con el fin de sealar que a la luz de cambios fundamentales en las circunstancias particulares de los seores Guerrero y Pez –de hecho este ltimo se desempeara como funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad del Estado (DAS)— y el hecho de que no existen elementos que indiquen que su integridad fsica contine encontrndose amenazada, “resulta razonable levantar las medidas dictadas en favor de estas personas”.

En su Resolucin del 3 de junio de 1999, la Honorable Corte decidi, de conformidad con los artculos 63(2) de la Convencin Americana y 25 de su Reglamento: Levantar y dar por concluidas las medidas provisionales ordenadas el 16 de abril de 1997 en favor de los seores Guillermo Guerrero Zambrano y Javier Pez,

antener las medidas provisionales ordenadas en favor de los seores Mara Nodelia Parra, Gonzalo Arias Alturo y lida Gonzlez Vergel.70. Asimismo, la Corte requiri al Estado que continuara informando sobre las medidas adoptadas con relacin a la situacin de Gonzalo Arias Alturo y lida Gonzlez Vergel y “sobre la participacin de los beneficiarios en las decisiones relacionadas con el cumplimiento de lo ordenado por la Corte”.71.

Caso Alvarez y Otros (11.764)

72. Durante 1999 y el primer bimestre de 2000, la Comisin ha continuado presentando a la Corte en forma peridica sus observaciones a los Informes del Estado colombiano que dan cuenta de las medidas adoptadas para proteger la integridad fsica de las personas cobijadas por las medidas provisionales oportunamente dictadas por la Corte.

Caso Giraldo Cardona (11.690)

73. El 3 de septiembre de 1999, la Comisin se dirigi a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera urgente con el fin de solicitar ordenara la adopcin de medidas especiales de proteccin para garantizar la vida y la integridad personal de la seora Islea Rey.

1. Requerir al Estado de Colombia mantener las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la Hermana Noemy Palencia (tan pronto ella regrese al Meta), las seoras Islea Rey y Mariela de Giraldo y las dos hijas menores de esta ltima, Sara y Natalia Giraldo, en cuyo favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos orden medidas provisionales en sus resoluciones de 28 de octubre de 1996, 5 de febrero de 1997, 17 de junio y 27 de noviembre de 1998.2. Requerir al Estado de Colombia que investigue e informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.3. Requerir al Estado de Colombia que informe sobre los mecanismos alternos que, como consecuencia de los hechos descritos en los escritos de la Comisin del 3 y 15 de septiembre de 1999 y del estado del 17 de los mismos mes y ao, sean adoptados para dar cumplimiento de una manera efectiva a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos as como los esfuerzos realizados para lograr la reapertura del Comit Cvico por los Derechos Humanos del Meta.4. Requerir al Estado de Colombia que contine dando participacin a los peticionarios en la planificacin e implementacin de las medidas a que se refiere el punto anterior y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.5. Requerir al Estado de Colombia que contine presentando sus informes sobre las medidas provisionales tomadas cada dos meses y a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepcin.

74. La Comisin ha continuado presentando a la Corte en forma peridica sus observaciones a los Informes del Estado colombiano que dan cuenta de las medidas adoptadas para proteger la integridad personal de la Hermana Noemy Palencia, la seora Islea Rey, y la seora Mariela de Giraldo y sus dos hijas menores.

Caso Clemente Tehern y Otros (11.858)

75. El 29 de enero de 1999, la Corte dict una resolucin ordenando al Estado mantener las medidas de proteccin e investigar los hechos que dieron origen a las medidas provisionales dictadas en el Caso 11.858, as como la presunta vinculacin de miembros de la Comunidad Indgena Zen con grupos ilegales.

b. Guatemala Caso Colotenango

76. La Corte, durante su XLIV perodo ordinario de sesiones, estudi los informes presentados por el Estado y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en relacin al caso Colotenango y emiti una resolucin en donde seal que:

1. Requerir al Estado de Guatemala mantener las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de las personas en cuyo favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos orden medidas provisionales en sus resoluciones de 22 de junio y 1 de diciembre de 1994 y 19 de septiembre de 1997.2. Requerir al Estado de Guatemala que investigue los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.3. Requerir al Estado de Guatemala que, con carcter urgente, informe sobre los mecanismos alternos que, como consecuencia de los hechos suscitados el 30 de abril de 1999, sean adoptados para dar cumplimiento de una manera efectiva a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.4. Requerir al Estado de Guatemala que d participacin a los peticionarios en la planificacin e implementacin de las medidas a que se refiere el punto anterior y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.5. Requerir al Estado de Guatemala que contine presentando sus informes sobre las medidas provisionales tomadas cada dos meses y a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepcin. Casos Carpio Nicolle; Paniagua Morales y Vsquez y Otros ; Bmaca Vlazquez ; Blake

77. El Estado guatemalteco present diversos informes sobre el cumplimiento de las medidas provisionales en los casos citados y la Comisin a su vez, present diversas observaciones a estos informes. En relacin con el caso Paniagua Morales/Vsquez cabe notar que, tras recibir informacin de la Comisin al efecto de que la situacin de seguridad en cuestin ha mejorado, la Corte levant las medidas provisionales ordenadas.

c. Mxico Digna Ochoa y Plcido, Edgar Cortz Morales, Mario Patr Snchez, y Jorge Fernndez Mendiburu

78. El 17 de noviembre de 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiri al Estado mexicano que adoptara medidas para proteger la vida e integridad de Digna Ochoa y Plcido, Edgar Cortz Morales, Mario Patrn Snchez, y Jorge Fernndez Mendiburu; y para garantizar las condiciones de seguridad en las oficinas del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustn Pro Jurez” (PRODH).

  1. La Corte orden igualmente la investigacin de los hechos denunciados, a fin de identificar y sancionar a los culpables.79.
  2. La solicitud de medidas provisionales fue presentada por la CIDH el 11 de noviembre de 1999, con base en la denuncia recibida de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Lawyers Committee for Human Rights (Comit de Abogados por los Derechos Humanos), de acuerdo a la cual la Lic.

Digna Ochoa haba sido secuestrada y sufri varias amenazas, que incluyeron a sus colegas del rea jurdica del PRODH arriba mencionados. La Comisin haba solicitado medidas cautelares al Estado mexicano el 9 de septiembre de 1999, durante cuya vigencia la Lic.

  1. Ochoa sufri un ataque en su propio hogar el 28 de octubre de 1999, a mano de un grupo de desconocidos que la interrogaron respecto a su supuesta participacin directa en acciones de varios grupos armados disidentes que operan en Mxico.
  2. El Estado mexicano present su primer informe a la Corte Interamericana el 25 de noviembre de 1999, y la Comisin formul sus observaciones el 20 de enero de 2000, y concluy que subsistan las razones que motivaron la solicitud de medidas a la Corte.

El 24 de enero de 2000, el Estado mexicano present su segundo informe.

d. Trinidad y Tobago

80. El 4 de mayo de 1999, la Comisin remiti a la Corte una solicitud para que ampliara las medidas provisionales dictaminadas por la Corte el 29 de agosto de 1998 en el asunto 1 James et al, a fin de incluir a veinte vctimas de diecinueve casos adicionales de pena de muerte en Trinidad y Tobago que estn pendientes ante la Comisin: Casos Nos.12.140 (Wilberforce Bernard), 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah), 11.851 (Clarence Charles), 12.112 (Phillip Chotolal), 11.787 (George Constantine), 12.072 (Rodney Davis), 12.093 (Natasha De Leon), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.082 (Alfred Frederick), 12.137 (Nigel Mark), 12.076 (Wayne Matthews), 12.141 (Steve Mungroo), 12.111 (Vijay Mungroo), 12.005 (Wilson Prince), 12.052 (Martin Reid), 12.075 (Noel Seepersad), 12.073 (Gangaleen Tahaloo), 11.853 (Keiron Thomas) y 12.043 (Samuel Winchester).

En su solicitud, la Comisin indic que el Estado no haba respondido a las solicitudes de la Comisin respecto a la adopcin de medidas cautelares en estos casos. La Comisin tambin consider que, en la medida que las vctimas haban sido sentenciadas a una pena de muerte obligatoria por sus delitos, estaban en peligro de ser ejecutadas antes de la resolucin final de sus casos por la Comisin.

Por consiguiente, la Comisin indic que las ejecuciones de las vctimas haran que las decisiones posteriores fueran discutibles en cuanto a la eficacia de los posibles recursos, y causaran dao irreparable a las vctimas.81. El 11 de mayo de 1999, el Presidente de la Corte emiti una orden respecto a la solicitud de la Comisin de ampliar las medidas provisionales dictaminadas en el asunto James et al,

  • A fin de incluir a los veinte individuos mencionados anteriormente.
  • En la orden, el Presidente solicita al Estado que adopte todas las medidas necesarias para preservar las vidas de estas vctimas, de manera que la Corte pueda examinar la pertinencia de la solicitud de ampliacin presentada por la Comisin.
See also:  Cual Es El Corte Frances En Ropa Interior?

El Presidente tambin solicit al Estado que presentara una comunicacin urgente a la Corte, para el 20 de mayo de 1999, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la orden y sus observaciones sobre la solicitud de la Comisin, para su consideracin en el XLIV Perodo de Sesiones de la Corte.82.

  1. En una carta fechada el 21de mayo de 1999, la Corte remiti a la Comisin una respuesta del Estado sobre la solicitud de ampliacin presentada por la Comisin.
  2. En este documento, el Estado recordaba a la Corte que haba reconocido la jurisdiccin obligatoria de la Corte solamente de conformidad con las secciones pertinentes de la Constitucin del Estado y siempre que cualquier sentencia de la Corte no infrinja, establezca o anule cualquier derecho o deber existente de cualquier particular.

El Estado argument adems que las medidas solicitadas por la Comisin recaen dentro de la reserva del Estado y que, por lo tanto, consideraba la orden de la Corte del 11 de mayo de 1999 ser ultra vires y nula.83. En una orden del 25 de mayo de 1999, la Corte en pleno ratific la orden del Presidente fechada el 11 de mayo de 1999 respecto a las veinte vctimas mencionadas arriba, y orden a la Repblica de Trinidad y Tobago que adoptara todas las medidas necesarias a fin de preservar la vida de las veinte vctimas, de manera que no perjudique el procesamiento de sus casos ante el Sistema Interamericano.84.

  • El 25 de mayo de 1999, la Comisin remiti a la Corte Interamericana una solicitud para ampliar de nuevo las medidas provisionales emitidas por la Corte en el asunto James et al.
  • A fin de incluir a ocho vctimas de siete casos adicionales que estn pendientes ante la Comisin: Casos Nos.11.718 (Anthony Johnson), 12.145 (Kevin Dial y Andrew Dottin), 12.148 (Peter Benjamin), 12.149 (Krishendath Seepersad), 12.151 (Allan Phillip), 12.152 (Narine Sooklal), y 12.153 (Amir Mowlah).

En su solicitud, la Comisin indic que el Estado no haba respondido a sus solicitudes respecto a la adopcin de medidas cautelares en estos casos. La Comisin tambin consider que, en la medida que estas vctimas haban sido sentenciadas a una pena de muerte obligatoria por sus delitos, estaban en peligro de ser ejecutadas antes de la resolucin final de sus casos por la Comisin.

Por consiguiente, la Comisin indic que las ejecuciones de las vctimas vendran a hacer que las decisiones posteriores fueran discutibles en cuanto a la eficacia de los posibles recursos, y causara dao irreparable a las vctimas.85. En una orden fechada el 27 de mayo de 1999, la Corte, en sesin plenaria, decidi ampliar las medidas provisionales ordenadas en el asunto James et al,

y ordenar al Estado que adoptara todas las medidas necesarias para preservar las vidas de las ocho vctimas mencionadas anteriormente, de manera que no perjudique el procesamiento de sus casos ante el sistema interamericano.86. El 18 de junio de 1999, la Comisin remiti a la Corte Interamericana una solicitud para ampliar de nuevo las medidas provisionales emitidas por la Corte en el asunto James et al,, a fin de incluir a dos vctimas de dos casos adicionales ante la Comisin: Casos Nos.12.156 (Mervyn Parris) y 12.157 (Francis Mansingh).

En su solicitud, la Comisin indic que el Estado no haba respondido a sus solicitudes de medidas cautelares respecto a estos casos. La Comisin tambin consider que en la medida que las vctimas haban sido sentenciadas a una pena de muerte obligatoria por sus delitos, estaban en peligro de ser ejecutadas antes de la resolucin final de sus casos en el Sistema Interamericano.

Por consiguiente, la Comisin indic que las ejecuciones de las vctimas vendran a hacer que las decisiones definitivas fueran discutibles en cuanto a la eficacia de los posibles recursos, y causara dao irreparable a las vctimas. La Comisin tambin indic que no haba tenido la oportunidad de estudiar y abrir los casos respecto a estas peticiones antes de someter, el 25 de mayo de 1999, su solicitud de ampliacin de las medidas provisionales de la Corte y que los supuestos actos en estos dos casos adicionales que constituyen violaciones de la Convencin fueron aceptados por el Estado antes del 26 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la denuncia de la Convencin por parte del Estado.87.

  • En una orden fechada el 19 de junio de 1999, el Presidente de la Corte decidi ampliar las medidas provisionales en el asunto James et al.
  • Con el fin de incluir a la vctima de los dos casos mencionados anteriormente, y solicitar a la Repblica de Trinidad y Tobago que adoptara todas las medidas necesarias para preservar las vidas de Mervyn Parris y Francis Mansingh, de manera que la Corte pueda examinar la pertinencia de la solicitud de la Comisin.88.

En una orden fechada el 25 de septiembre de 1999, la Corte, en sesin plenaria, ratific la orden del Presidente fechada el 19 de junio de 1999 y orden a la Repblica de Trinidad y Tobago que adoptara todas las medidas necesarias para preservar la vida de Mervyn Parris y Francis Mansingh, de manera que no perjudique el procesamiento de sus casos ante el sistema interamericano hasta que la situacin de extrema gravedad y urgencia ya no persista en relacin con estas personas.89.

  1. Finalmente, la Comisin quiere notar que en 1999, la Repblica de Trinidad y Tobago ejecut a dos vctimas en casos pendientes, no obstante el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas provisionales en su favor, como se nota supra,
  2. En nota del 7 de junio de 1999 los peticionarios en el caso 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah) informaron a la Comisin que el 4 de junio de 1999, el Estado ejecut a Joey Ramiah.

Asimismo, el 28 de julio de 1999, los peticionarios en el caso 11.815 (Anthony Briggs) informaron a la Comisin que ese mismo da el Estado haba ejecutado a Anthony Briggs.

e. Per Caso Cesti (ampliacin de medidas provisionales)

90. El 27 de mayo de 1999, la Corte decidi requerir al Estado del Per que adopte las medidas provisionales, solicitadas por la CIDH, que sean necesarias para asegurar la integridad fsica y psquica de los seores Carmen Judith Card Guarderas, Margarita del Carmen Cesti Card y Gustavo Cesti Card y que investigue los actos denunciados por la seora Cesti que motivaron la ampliacin de las medidas provisionales.

2. Casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a. Argentina Caso Cantos

91. El 10 de enero de 1999, la CIDH ha sometido el caso Jos Mara Cantos a la Corte Interamericana pues el mismo involucra, inter alia, la vulneracin de derechos a las garantas judiciales, a la proteccin judicial, y de la propiedad individual, consagrados en los artculos 8, 25 y 21 de la Convencin y los derechos de justicia y peticin establecidos en los artculos XVIII y XXIV de la Declaracin Americana, por actos y omisiones de la Repblica Argentina.

El seor Cantos procur remedios frente a situaciones abusivas a travs de muy variados recursos internos en Argentina, todos los cuales resultaron manifiestamente ineficaces. El Estado present excepciones preliminares y la contestacin al fondo de la demanda. La Comisin present oportunamente sus observaciones sobre las excepciones preliminares y debido a los planteamientos del Estado en la contestacin del fondo de la demanda, la Comisin solicit a la Corte que le fijara un plazo de acuerdo al artculo 38 de su Reglamento para presentar sus observaciones, el cual fue otorgado.

Una vez que la CIDH present la dplica, la Corte la remiti al Estado otorgndole un plazo igual al que haba otorgado a la Comisin, el cual se vence el 9 de abril de 2000.

b. Bolivia Caso de Jos Carlos Trujillo Oroza

92. Fue interpuesto por la Comisin el 9 de junio de 1999. La demanda se refiere a los sucesos acaecidos a partir del 23 de diciembre de 1971, cuando el joven Jos Carlos Trujillo Oroza fue detenido y, posteriormente desaparecido por agentes del Estado boliviano, as como a la falta de investigacin de dichos hechos.

Los derechos de la Convencin Americana involucrados en el presente caso son los siguientes: Obligacin de Respetar los Derechos y Garantas (artculo 1.1), Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurdica (artculo 3), Derecho a la Vida (artculo 4), Derecho a la Integridad Personal (artculos 5.1 y 5.2), Derecho a la Libertad Individual (artculo 7), Derecho a las Garantas Judiciales (8.1), y el Derecho a una Debida Proteccin Judicial (artculo 25).

En audiencia ante la Corte del 25 de enero de 2000, el Estado boliviano decidi retirar las excepciones preliminares interpuestas el 8 de septiembre de 1999 y en cambio reconoci pblicamente los hechos expuestos por la Comisin en su demanda, y por tanto, acept su responsabilidad internacional en el presente caso y las consecuencias jurdicas que derivan de los hechos mencionados.

1. Admitir la aceptacin de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad efectuados por el Estado.2. Declarar, conforme a los trminos del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, que ste viol, en perjuicio de las personas citadas en el prrafo 1 de esta sentencia, y segn lo establecido en dicho prrafo, los derechos protegidos por los artculos 1.1, 3, 4, 5.1 y 5.2, 7, 8.1, y 25 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.3. Abrir el procedimiento sobre reparaciones, y comisionar al Presidente para que adopte las medidas correspondientes.

93. En resolucin del 27 de enero de 2000, la Corte dictamin lo siguiente: 1. Otorgar a los familiares de la vctima o sus representantes, a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Bolivia, un plazo de 60 das a partir de la notificacin de la presente resolucin para que presenten sus argumentos y las pruebas de que dispongan para la determinacin de las reparaciones.2.

Caso Las Palmeras

95. El 31 de mayo de 1999 se celebr una audiencia pblica sobre las excepciones preliminares planteadas por el Estado colombiano en el caso ” Las Palmeras “. El 5 de febrero de 2000, la Corte Interamericana emiti un fallo sobre excepciones preliminares en el cual decidi desestimar la primera, cuarta y quinta excepciones preliminares interpuestas por el Estado (violacin del debido proceso por grave omisin de informacin, la Corte Interamericana carece de competencia para conocer de un asunto cuando no se han agotado los recursos de la jurisdiccin interna, la Corte Interamericana carece de competencia para actuar como tribunal de instruccin de hechos particulares).

d. Chile Caso La ltima Tentacin de Cristo

96. El 15 de enero de 1999 la CIDH refiri el caso 11.803 a la Corte Interamericana. El caso versa sobre la violacin de los artculos 2, 12 y 13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos por parte de la Repblica de Chile tras la prohibicin de la exhibicin de la pelcula “La ltima Tentacin de Cristo” por decisin de la Corte Suprema de ese pas.

El 26 de octubre de 1999, el Presidente de la Corte emiti una Resolucin en la cual se convoca a las partes a una audiencia pblica sobre el fondo del caso. El 18 de octubre de 1999 se celebr la audiencia pblica sobre el fondo. En esa oportunidad, la Corte escuch los testimonios de las personas afectadas, y los peritos en derecho presentados por la Comisin y el Estado chileno, as como los alegatos finales de las partes.97.

Durante los das 16 y 20 de noviembre de 1999 tuvo lugar en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San Jos, Costa Rica, la audiencia pblica de declaracin de testigos y peritos y de alegatos de fondo, en el proceso seguido contra el Estado chileno con motivo de la censura previa a la exhibicin de la pelcula “La ltima Tentacin de Cristo”.

e. Ecuador Caso Benavides Cevallos

98. Durante el curso de 1999, las partes han presentado varios informes relativos al cumplimiento del acuerdo amistoso alcanzado por las partes y descrito en la sentencia de la Corte Interamericana de 19 de junio de 1998. Dichas informes se encuentran a consideracin de la Corte.

Caso Surez Rosero

99. El 20 de enero de 1999 la Corte Interamericana dict sentencia de reparaciones en el presente caso y decidi por unanimidad: 2

1. Ordenar que el Estado del Ecuador no ejecute la multa impuesta al seor Rafael Ivn Surez Rosero y elimine su nombre tanto del Registro de Antecedentes Penales como del Registro que lleva el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, en lo que concierne al presente proceso, en los trminos del prrafo 76 de esta sentencia.2. Ordenar que el Estado del Ecuador pague, en la forma y condiciones que se expresan en los prrafos 101 a 112 de esta sentencia, una cantidad global de US$86.621,77 (ochenta y seis mil seiscientos veintin dlares de los Estados Unidos de Amrica con setenta y siete centavos) o su equivalente en moneda ecuatoriana, distribuida de la siguiente manera: a. US$ 53.104,77 (cincuenta y tres mil ciento cuatro dlares de los Estados Unidos de Amrica con setenta y siete centavos) o su equivalente en moneda ecuatoriana, al seor Rafael Ivn Surez Rosero; b. US$ 23.517,00 (veintitrs mil quinientos diecisiete dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en moneda ecuatoriana, a la seora Margarita Ramadn Burbano; y c. US$ 10.000,00 (diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en moneda ecuatoriana, a la menor Micaela Surez Ramadn.3. Ordenar que el Estado del Ecuador pague, por concepto de costas y gastos, en la forma y condiciones que se expresan en los prrafos 101 a 112 de esta sentencia, la cantidad de US$ 6.520,00 (seis mil quinientos veinte dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en moneda ecuatoriana al seor Alejandro Ponce Villacs y la cantidad de US$ 6.010,45 (seis mil diez dlares de los Estados Unidos de Amrica con cuarenta y cinco centavos) o su equivalente en moneda ecuatoriana al seor Richard Wilson.4. Ordenar al Estado del Ecuador la aplicacin de las siguientes reglas a los pagos determinados en la presente sentencia: a. el pago de salarios cados ordenado en el punto resolutivo segundo (apartado a), estar exento de cualquier deduccin distinta a la realizada por la Corte cuando hizo el clculo respectivo, de conformidad con el prrafo 55.A.a de la presente sentencia; y b. los pagos ordenados estarn exentos de cualquier gravamen o impuesto existentes o que lleguen a existir en el futuro.5. Supervisar el cumplimiento de esta sentencia. Los hechos que motivaron las presentes reparaciones ocurrieron a partir del 23 de junio de 1992, cuando el seor Rafael Ivn Surez Rosero fue privado ilegalmente de su libertad y tratado en forma cruel, inhumana y degradante por parte de agentes de la polica nacional del Ecuador.

100. En abril de 1999, el Estado ecuatoriano present una demanda de interpretacin de la Sentencia de Reparaciones de la Corte. Esta, el 29 de mayo, emiti su sentencia de Interpretacin de la Sentencia de reparaciones del presente caso y decidi por unanimidad:

1. Que la demanda de interpretacin de la Sentencia de 20 de enero de 1999 en el caso Surez Rosero, presentada por el Estado del Ecuador, es admisible.2. Que los pagos ordenados por la Corte en la sentencia mencionada en favor de los seores Rafael Ivn Surez Rosero y Margarita Ramadn de Surez se harn en forma ntegra y efectiva. Incumbe al Estado del Ecuador la obligacin de aplicar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta obligacin de la manera ms expedita y eficiente, en las condiciones y dentro del plazo establecidos en dicha sentencia y, particularmente, de adoptar las medidas adecuadas para asegurar que la deduccin legal que efectan las entidades del sistema financiero ecuatoriano a las transacciones monetarias no menoscabar el derecho de los beneficiarios de disponer de la totalidad de los montos ordenados en su favor.3. Que el monto cuyo pago orden la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la menor Micaela Surez Ramadn en la sentencia aludida, se colocar en el fideicomiso mencionado en el prrafo 107 de la misma en forma ntegra, y que dicho monto no est sujeto a tributo alguno al momento en que el fideicomiso se constituya, ni a retencin alguna por concepto de impuestos.4. Que los abogados del seor Surez Rosero deben recibir, en forma ntegra y efectiva, el pago de las costas y los gastos ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia mencionada, y que dicho monto no estar sujeto, al momento del pago, a deduccin ni carga tributaria algunas.f. Guatemala Caso Blake

101. La Corte Interamericana, con fecha 22 de enero de 1999, dict sentencia de reparaciones en el presente caso y decidi por unanimidad:

1. Ordenar que el Estado de Guatemala investigue los hechos del presente caso, identifique y sancione a los responsables y adopte las disposiciones en su derecho interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligacin (conforme lo estipulado en el punto resolutivo 3 de la sentencia sobre el fondo), lo que informar a la Corte, semestralmente, hasta la terminacin de los procesos correspondientes.2. Ordenar que el Estado de Guatemala pague: a) US$151.000,00 (ciento cincuenta y un mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en moneda nacional guatemalteca, a los seores Richard Blake, Mary Blake, Richard Blake Jr. y Samuel Blake, como parte lesionada, por concepto de reparaciones, distribuidos de la manera sealada en los prrafos 58, 50 y 49 de esta sentencia: i. US$30.000,00 (treinta mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) por concepto de dao moral para cada una de las siguientes personas: Richard Blake, Mary Blake, Richard Blake Jr. y Samuel Blake; ii. US$15.000,00 (quince mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) por concepto de gastos mdicos en favor del seor Samuel Blake; y iii. US$16.000,00 (diecisis mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) por concepto de gastos de carcter extrajudicial. b) Adems, US$10.000,00 (diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en moneda nacional guatemalteca, a los seores Richard Blake, Mary Blake, Richard Blake Jr. y Samuel Blake, como parte lesionada, por concepto de reintegro de los gastos efectuados en la tramitacin del caso ante el sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en el prrafo 70 de esta sentencia.3. Ordenar que el Estado de Guatemala efecte los pagos indicados en el punto resolutivo 2 dentro de los seis meses a partir de la notificacin de esta sentencia.4. Ordenar que los pagos dispuestos en la presente sentencia estarn exentos de cualquier gravamen o impuesto existentes o que llegue a existir en el futuro.5. Supervisar el cumplimiento de esta sentencia.

102. El Juez Canado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Razonado y el Juez ad hoc Novales Aguirre, su Voto Concurrente Razonado, los cuales se acompaaron a dicha sentencia.103. El 21 de abril de 1999, el Estado guatemalteco present una demanda de interpretacin de la sentencia de reparaciones antes indicada, ya que encontraba que haba una discrepancia entre sta y la sentencia del fondo del caso.

1. Declarar admisible la demanda de interpretacin de la sentencia de 22 de enero de 1999 en el caso Blake, presentada por el Estado de Guatemala.2. Declarar que el Estado de Guatemala debe pagar, en los trminos de la sentencia sobre reparaciones de 22 de enero de 1999, a favor de los seores Richard Blake, Mary Blake, Richard Blake Jr. y Samuel Blake, como parte lesionada, por concepto de gastos de carcter extrajudicial y por concepto de reintegro de los gastos efectuados en la tramitacin del caso ante el sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos, los montos ordenados por el Tribunal en el punto resolutivo segundo, literales a.iii. y b) de dicha sentencia. Caso Villagrn Morales y Otros

See also:  Cuantos Dias Tengo Para Pagar Mi Tarjeta Despues Del Corte?

104. Los das 28 y 29 de enero la Corte celebr una audiencia pblica sobre el fondo de este caso, con el fin de escuchar los testimonios de los testigos y peritos propuestos por la Comisin y de escuchar adems los alegatos finales de las partes quienes declararon sobre los hechos objeto de la demanda, 105.

2. Declarar que el Estado viol el artculo 4 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en conexin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josu Jurez Cifuentes y Anstraum Arman Villagrn Morales; 3. Declarar que el Estado viol el artculo 5.1 y 5.2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en conexin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josu Jurez Cifuentes; 4. Declarar que el Estado viol el artculo 5.2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en conexin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de las ascendientes de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josu Jurez Cifuentes, las seoras Ana Mara Contreras, Matilde Reyna Morales Garca, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Sandoval Urbina, Marta Isabel Tnchez Palencia y Noem Cifuentes; 5. Declarar que el Estado viol el artculo 19 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en conexin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josu Jurez Cifuentes y Anstraum Arman Villagrn Morales; 6. Declarar que el Estado viol los artculos 8.1 y 25 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en conexin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josu Jurez Cifuentes y Anstraum Arman Villagrn Morales y de sus familiares inmediatos; 7. Declarar que el Estado viol los artculos 1, 6 y 8 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, en conexin con el artculo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josu Jurez Cifuentes; 8. Declarar que el Estado viol el artculo 1.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo al deber de investigar, que el Estado debe realizar una investigacin real y efectiva para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia y, eventualmente, sancionarlas; y 9. Abrir la etapa de reparaciones y costas, y comisionar al Presidente para que adopte las medidas procedimentales correspondientes.

106. Los jueces Canado Trindade y Abreu Burelli hicieron conocer a la Corte su Voto Concurrente Conjunto, el cual se acompaa a la sentencia.

Caso Paniagua Morales y Otros

107. En relacin con este caso, conocido tambien como el “caso de la panel blanca”, tras su sentencia sobre el fondo y su decisin de abrir la etapa de reparacines de 1998, por medio de una resolucin del 29 de enero de 1999, la Corte Interamericana otorg a varios familiares de las vctimas, quienes no tuvieron la posibilidad de hacerlo antes, un plazo para presentar un escrito y las pruebas de que dispusieran para la determinacin de las indemnizaciones y gastos.

Asimismo, de acuerdo con dicha resolucin, una vez que recibi los escritos de estos familiares, la Corte otorg a la Comisin un plazo para que presentase cualquier observacin adicional que considerase pertinente en relacin con esta etapa del caso. Actualmente, vencido el plazo otorgado al Estado para presentar sus observaciones y prueba, se espera la convocacin por la Corte de una audiencia pblica para escuchar a testigos y peritos en relacin con la determinacin de las reparaciones en este caso.108.

Como se recordar, en su sentencia del 8 de marzo de 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluy por unanimidad que la Repblica de Guatemala era responsable de los actos de sus agentes violatorios de los fundamentales derechos de Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julin Salomn Gmez Ayala, William Otilio Gonzlez Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jess Gonzlez Lpez, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angarita Ramrez, Doris Torres Gil, Oscar Vsquez y Marco Antonio Montes Letona.

Caso Bmaca Velsquez

109. El 22 de octubre de 1999, tras la presentacin de sus testigos, peritos y alegatos en tres audiencias pblicas convocadas por la Corte Intermaricana en 1997 y 1998, la Comisin present sus alegatos finales por escrito sobre este caso. Como se recordar, la demanda presentada por la Comisin el 30 de agosto de 1996 trata de la desaparicin, tortura y ejecucin extrajudicial de Efran Bmaca Velsquez en 1992 a manos de agentes militares, y solicita que la Corte se pronuncie sobre la responsabilidad del Estado guatemalteco por esta conducta violatoria d elos artculo 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convencin Americana, as como de las disposiciones pertinentes de la Convencin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

g. Nicaragua Caso de la Comunidad Indgena de Awas Tigni

110. La Comisin interpuso la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de junio de 1998, la misma se refiere a la violacin, por parte del Estado de Nicaragua, de los artculos 1,2, 21 y 15 de la Convencin Americana, en perjuicio de miembros de la Comunidad Indgena de Mayagna (Sumo) Awas Tigni, debido a la falta de demarcacin y de reconocimiento oficial del territorio de dicha comunidad.

La Comisin tambin solicit a la Corte, basada en el artculo 63.1 de la Convencin Americana, la reparacin de las consecuencias de las violaciones a los derechos objeto de su demanda.111. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su XLVII Perodo de Sesiones deliber sobre la excepcin preliminar interpuesta por la Repblica de Nicaragua, la cual fue refutada por la Comisin Interamericana y que se refiri a la falta de agotamiento de la va jurisdiccional interna.

Al respecto, la Corte consider que el Estado renunci tcitamente a interponer la excepcin de no agotamiento de los recursos internos, porque no los hizo valer oportunamente ante la Comisin. Debido que la excepcin interpuesta por el Estado fue desestimada por extempornea, la Corte consider no necesario pronunciarse acerca de la cuestin de efectividad de los recursos internos mencionados en la excepcin y resolvi continuar con el conocimiento del caso.

h. Panam Caso Baena y otros

112. Durante los das 21 al 29 de enero de 2000 tuvo lugar en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San Jos de Costa Rica, la audiencia pblica de declaracin de testigos y peritos y de alegatos de fondo, en el proceso seguido contra el Estado panameo con motivo del despido intempestivo y masivo de 270 trabajadores estatales en aplicacin de la ley 25 de diciembre de 1990.

i. Per Caso Castillo Petruzzi y Otros

113. El 30 de mayo de 1999, la Corte dict sentencia sobre el fondo en este caso. Mediante dicha sentencia, la Corte declar que el Estado no viol el artculo 20 de la Convencin Americana, pero s viol los artculos 9, 8(1), 8(2)(b), c, d, f, h, 8(3) y 5, 25, 7(6), 5, 1(1) y 2.

Asimismo, la Corte declar “la invalidez” del proceso en contra de los seores Castillo Petruzzi, Pincheira Sez, Mellado Saavedra y Astorga Valds, y orden “que se les garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal”, y orden al Estado adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas que han sido declaradas violatorias de la Convencin.

Adems, orden al Estado pagar una suma total de US$ 10,000 o su equivalente en moneda nacional peruana a los familiares de los presos por los gastos y costas ocasionados en el presente caso.114. El 15 de julio de 1999, el Per inform a la Corte que el 11 de junio de 1999 la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar resolvi que la sentencia de la Corte sobre el fondo del caso Castillo Petruzzi et al.

Caso Ivcher Bronstein

115. El 31 de marzo de 1999, la CIDH present la demanda en este caso a la Corte. Se alega violacin de los derechos humanos del seor Baruch Ivcher, ciudadano peruano por naturalizacin, accionista mayoritario, Director y Presidente del Directorio del Canal 2 de la televisin peruano, cuya empresa operadora es Compaa Latinoamericana de Radio Difusin, S.A.

Caso del Tribunal Constitucional

116. El 2 de julio de 1999, la CIDH present la demanda en este caso a la Corte. Se refiere a la destitucin de tres de los siete Magistrados del Tribunal Constitucional del Per por la mayora del Congreso peruano, con ocasin de haber ejercido su funcin jurisdiccional propia de control difuso de la constitucionalidad, en la cual dicho Tribunal decidi inaplicar la ley (Ley N 26657) en virtud de considerar que la misma habilitaba al actual presidente del Per para su segunda reeleccin, en contra de la disposicin del artculo 112 de la Constitucin, la cual limita el mandato presidencial a dos perodos de cinco aos consecutivos.

Caso Cesti

117. El 24 de mayo de 1999, la Corte celebr una audiencia pblica sobre el fondo del caso con el propsito de escuchar a un testigo propuesto por la CIDH, quien declar sobre el conocimiento que tiene de los hechos objeto de la demanda, a un testigo y a un perito propuestos por el Estado y los alegatos finales orales de la Comisin y del Estado del Per.118.

El 29 de septiembre de 1999, la Corte emiti sentencia en el caso Cesti. La Corte declar una violacin de los artculos 7.6 y 25 y orden que d cumplimiento a la resolucin dictada por la Sala Especializada de Derecho Pblico de Lima el 12 de febrero de 1997, sobre el recurso de habeas corpus interpuesto por el seor Cesti.

La Corte declar tambin una violacin de los artculos 7(1), 2, 3, 8(1), 8(2), 1(1) y 2 de la Convencin Americana. La Corte no declar una violacin a los artculos 5)2, 11 y 21, solicitados por la CIDH. La Corte declar que el juicio seguido contra el seor Cesti en el fuero militar es incompatible con la Convencin Americana y orden al Estado “anular tal proceso, as como todos los efectos que de l se derivan”.

Asimismo orden el pago de una justa indemnizacin al seor Cesti y el resarcimiento de los gastos incurridos en las gestiones relacionadas en el proceso.119. El 25 de enero del 2000, a las 10:00 a.m. La Corte celebr una audiencia pblica sobre la solicitud de interpretacin de la sentencia de fondo de 29 de septiembre de 1999, interpuesta por el Per el da 13 de octubre de 1999, en relacin con el sentido y los alcances de dicha sentencia.120.

El 29 de enero del 2000, la Corte emiti su sentencia sobre la solicitud de interpretacin de la sentencia de fondo en el caso Cesti, reiterando la obligatoriedad de la resolucin dictada por la Sala Especializada de Derecho Pblico de Lima de 12 de febrero de 1997, y la anulacin del proceso seguido contra el seor Cesti en el fuero militar y todos los afectos que de l se derivaron.

La Corte rechaz como improcedente los otros puntos planteados por el Estado en su solicitud. Caso Castillo Pez 121. Durante el curso de 199 las partes han presentado una serie de escritos relativos al cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones dictada por la Corte el 27 de noviembre de 1998 en el caso Castillo Pez, los cuales se encuentran a consideracin de la Corte.

Caso Loayza Tamayo 122. Durante el curso de 1999 las partes han presentado una serie de escritos relativos al cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones dictada por la Corte el 27 de noviembre de 1998 en el caso Loayza Tamayo, los cuales se encuentran a consideracin de la Corte.

Sentencias sobre competencia 123. La Corte examin el instrumento que, el 9 de julio de 1999, el Gobierno peruano present en la Secretara General de la OEA en Washington, D.C., mediante el cual comunic que “retira la declaracin de reconocimiento de la clusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, “retiro que efecto inmediato y se aplicar a todos los casos en que el Per no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte”.

Asimismo, la Corte examin el efecto en los casos Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional, a que haca referencia tal declaracin, porque el Per, en esas fechas, no haba contestado la respectiva demanda. El 24 de septiembre de 1999, la Corte emiti dos sentencias sobre competencia en los dos casos en las cuales acept el argumento presentado por la CIDH y declar inadmisible la pretensin del Estado peruano de retirar con efectos inmediatos la competencia obligatoria de la Corte.j.

  1. Trinidad y Tobago Caso de Haniff Hilaire 124.
  2. El 26 de mayo de 1999, la Comisin present el Caso 11.816 (Haniff Hilaire) contra la Repblica de Trinidad y Tobago ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  3. En este caso, la Comisin alega que la Repblica de Trinidad y Tobago es responsable de las violaciones de los artculos 4, 5, 7 y 25 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, todos en relacin con los artculos 1(1) y 2 de la Convencin, como consecuencia del arresto, detencin, condena y sentencia a muerte, de acuerdo con una ley de pena de muerte obligatoria, del Sr.

Haniff Hilaire por el delito de homicidio en Trinidad y Tobago. Caso Constantine y otros 125. El 22 de febrero de 2000, la Comisin present 23 casos consolidados contra la Repblica de Trinidad y Tobago ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Nos.11.787 (George Constantine), 11.814 (Wenceslaus James), 11.840 (Denny Baptiste), 11.851 (Clarence Charles), 11.853 (Keiron Thomas), 11.855 (Anthony Garcia), 12.005 (Wilson Prince), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 12.042 (Mervyn Edmund), 12.043 (Samuel Winchester), 12.052 (Martin Reid), 12.072 (Rodney Davis), 12.073 (Gangadeen Tahaloo), 12.075 (Noel Seepersad), 12.076 (Wayne Matthews), 12.082 (Alfred Frederick), 12.093 (Natasha De Leon), 12.111 (Vijay Mungroo), 12.112 (Phillip Chotalal), 12.129 (Naresh Boodram y Joey Ramiah), 12.137 (Nigel Mark), 12.140 (Wilberforce Bernard), y 12.141 (Steve Mungroo).

En esta solicitud conjunta, la Comisin alega que la Repblica de Trinidad y Tobago es responsable de las violaciones de los artculos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos al sentenciar a muerte a las vctimas de estos casos, de conformidad con la ley de pena de muerte obligatoria por el delito de homicidio en Trinidad y Tobago, y que el Estado no asegur a las vctimas de todos estos casos una oportunidad eficaz para emprender el proceso de amnista, indulto o conmutacin de la pena, contrariamente a lo estipulado en el artculo 4(6) de la Convencin.

Adems, la Comisin mantiene que 15 vctimas estuvieron detenidas en condiciones que no respetan sus derechos a un trato humano, de acuerdo con los artculos 5(1) y 5(2) de la Convencin, 17 vctimas no fueron juzgadas dentro de un plazo razonable, contrariamente a lo estipulado en los artculos 7(5) y 8(1) de la Convencin y junto con las violaciones de los artculos 2 y 25 de la Convencin, y el Estado priv a dos de las vctimas del derecho a un juicio parcial de acuerdo con el artculo 8(2) de la Convencin en relacin con sus juicios y procesos de apelacin.

Por ltimo, la Comisin argumenta que el Estado no proporcion asistencia jurdica a las vctimas en nueve casos para emprender Recursos de Inconstitucionalidad en los tribunales internos en relacin con los procesos penales contra las mismas, y por lo tanto no proporcion a las vctimas un recurso oportuno y eficaz ante un tribunal o corte competente en Trinidad y Tobago para la proteccin contra actos que violan sus derechos de acuerdo con la Constitucin de Trinidad y Tobago.k.

Venezuela Caso del Caracazo 126. Fue interpuesto por la Comisin el 7 de junio de 1999. La demanda se refiere a los sucesos acaecidos en los meses de febrero y marzo de 1989 en Venezuela, en los cuales 35 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, dos desaparecidas y tres lesionadas por agentes del Estado venezolano.

  • Este caso dio origen a la tramitacin ante la Comisin del expediente 11.455.
  • Los derechos de la Convencin involucrados en este caso son los siguientes: Obligacin de Respetar los Derechos y Garantas (artculo 1(1), Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno (artculo 2), Derecho a la Vida (artculo 4), Derecho a la Integridad Personal (artculo 5), Derecho a la Libertad Individual (artculo 7), Derecho a las Garantas Judiciales (artculo 8(1)), Derecho a una Debida Proteccin Judicial (artculo 25), y Suspensin de Garantas (artculo 27).

El 10 de noviembre de 1999, se celebr en la sede de la Corte una audiencia pblica, en la cual Venezuela reconoci los hechos y acept las consecuencias jurdicas y la responsabilidad internacional que de ellos se derivaban. En razn de lo anterior, la Corte decidi por unanimidad lo siguiente: 1.

Tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado de Venezuela acerca de los hechos sealados en la demanda y declara que ha cesado la controversia sobre los mismos.2. Tomar nota, igualmente, del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado de Venezuela, y declara, conforme a los trminos de dicho reconocimiento, que el Estado viol, en perjuicio de las personas citadas en el prrafo 1 de esta sentencia, y en los trminos establecidos en el mismo, los derechos protegidos por los artculos 4.1, 5, 7, 8.1, 25.1 y 25.2.a., 27.3, en concordancia con los artculos 1.1, y 2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.3.

Tomar nota, adems, de la manifestacin del Estado de Venezuela en cuanto a las investigaciones iniciadas con el propsito de identificar, procesar y sancionar a los responsables de los hechos sealados en la demanda, y urge al Estado a que contine con las mismas.4.

Abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y comisiona al Presidente para que adopte las medidas procedimentales correspondientes.127. Adems, el 12 de noviembre de 1999, la Corte dict la siguiente resolucin: 1. Otorgar a los representantes de las vctimas o, en su caso, de sus familiares, plazo hasta el 12 de enero del 2000 para que presenten sus argumentos y las pruebas de que dispongan para la determinacin de las reparaciones y costas.2.

Instruir a la Secretara de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia el prrafo anterior, transmita todos los escritos y las pruebas recibidas a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.3. Otorgar a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos un plazo de dos meses, que se contar a partir de la fecha en que reciba los referidos escritos y pruebas para que presente las observaciones que considere pertinentes en materia de reparaciones y costas.4.

Instruir a la Secretara de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que hace referencia el punto resolutivo anterior, transmita al Estado de Venezuela todos los escritos y las pruebas presentados.5. Otorgar al Estado de Venezuela un plazo de dos meses, que se contar a partir de la fecha en que reciba los escritos y las pruebas a que hace referencia el punto resolutivo anterior, para que presente sus observaciones y las pruebas de que disponga para la determinacin de las reparaciones y costas en el presente caso.6.

Convocar a los representantes de las vctimas o, en su caso, de sus familiares, a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y al Estado de Venezuela, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento, a una audiencia pblica, en fecha que ser comunicada oportunamente.3.

  • Opiniones consultivas 128.
  • La solicitud de opinin consultiva, presentada el 9 de diciembre de 1997, se refiere a si todo detenido extranjero que enfrente el riesgo de la pena de muerte tiene derecho a ser notificado, desde el momento del arresto, de la facultad de recurrir a la asistencia de las autoridades consulares de su pas y de contar con las garantas de un debido proceso.
See also:  Que Es La Fecha De Corte Nu?

Mxico pregunt sobre las garantas mnimas en procesos por delitos sancionables con la pena capital, sobre la funcin consular y la aplicacin de la pena de muerte a extranjeros, a la luz del artculo 36 de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares, de los artculos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, del artculo 3(k) de la Carta de la OEA y de los artculos I, II y XXVI de la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, todo lo anterior en el marco del artculo 64(1) de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte, el 1 de octubre de 1999, emiti su opinin consultiva sobre la materia y manifest por unanimidad lo siguiente: El artculo 36 de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho de informacin sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del Estado receptor; El artculo 36 de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares concierne a la proteccin de los derechos del nacional del Estado que enva y est integrada a la normativa internacional de los derechos humanos; La expresin “sin dilacin” utilizada en el artculo 36.1.b) de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares, significa que el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en todo caso antes de que rinda su primera declaracin ante la autoridad; La observancia de los derechos que reconoce al individuo el artculo 36 de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares no est subordinada a las protestas del Estado que enva; Los artculos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos conciernen a la proteccin de los derechos humanos en los Estados americanos ; Que el derecho individual de informacin establecido en el artculo 36.1.b) de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; y que este precepto establece garantas mnimas susceptibles de expansin a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares, que amplan el horizonte de la proteccin de los justiciables; y Que las disposiciones internacionales que conciernen a la proteccin de los derechos humanos en los Estados americanos, inclusive la consagrada en el artculo 36.1.b) de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares, deben ser respetadas por los Estados americanos Partes en las respectivas convenciones, independientemente de su estructura federal o unitaria.

Asimismo, por seis votos contra uno, la Corte opin que La inobservancia del derecho a la informacin del detenido extranjero, reconocido en el artculo 36.1.b) de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares, afecta las garantas del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposicin de la pena de muerte constituye una violacin del derecho a no ser privado de la vida “arbitrariamente”, en los trminos de las disposiciones relevantes de los tratados de derechos humanos ( v.g. 1 El 29 de agosto de 1999, la Corte, en sesin plenaria, orden medidas provisionales respecto a ocho reclusos en espera de ejecucin en la Repblica de Trinidad y Tobago con peticiones ante la Comisin, Casos Nos.11.814 (Wenceslaus James), 11.815 (Anthony Briggs), 11.854 (Anderson Noel), 11.855(Anthony Garcia), 11.857 (Christopher Bethel), 12.021 (Darrin Roger Thomas), 11.816 (Haniff Hilaire) y 11.840 (Denny Baptiste).

  1. En su orden, la Corte solicit, entre otros, que el Estado de Trinidad y Tobago adoptara todas las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad fsica de estos ocho individuos de manera que no perjudique el procesamiento de sus casos ante el sistema interamericano.
  2. Vase Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1998, pp.1057-1059.2 El 12 de noviembre de 1997, La Corte Interamericana de Derechos Humanos dict sentencia sobre el fondo de este caso y determin que el Estado ecuatoriano viol, en perjuicio de Rafael Ivn Suarez Rosero, el artculo 7 (derecho a la Libertad personal)); el artculo 8 (Garantas Judiciales); el artculo 5 (Derecho a la integridad personal); y el artculo 25 (Proteccin Judicial); todos en concordancia con el artculo 1(1).

Asimismo, la Corte decidi que el ltimo prrafo sin numeracin despus del artculo 114 del Cdigo Penal de Ecuador es violatorio del artculo 2 de la Convencin (deber de adoptar disposiciones de derecheo interno) en relacin con los artculo 7(5) y 1(1) de la misma.3 La Corte, el 24 de enero de 1998, haba dictado sentencia sobre el fondo en este caso y seal “que el Estado de Guatemala est obligado a pagar una justa indemnizacin a los familiares del seor Nicholas Chapman Blake y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones pertinentes ante las autoridades guatemaltecas con ocasin de este proceso”.

En dicha sentencia, se determin que Guatemala viol en perjuicio de los familiares del seor Blake las garantas judiciales (artculo 8(1) de la Convencin Americana en relacin con el artculo 1(1) de la misma), el derecho a la integridad psquica y moral (artculo 5 de la Convencin en relacin con el artculo 1(1) de la misma) y que el Estado estaba obligado a poner todos los medios a su alcance para investigar los hechos denunciados y sancionar a los responsables por la desaparicin y muerte del seor Blake.4 La demanda de este caso haba sido presentada por la Comisin el 30 de enero de 1997 y se refera al secuestro, tortura y ejecucin extrajudicial de cuatro jvenes de la calle, y la ejecucin extrajudicial de un quinto joven, por agentes del Estado guatemalteco.

Tres de estas vctimas eran menores de edad cuando fueron ejecutados.

¿Cuáles son las medidas de protección?

¿Para qué sirven las medidas de protección? La finalidad de las medidas de protección es prevenir el cometimiento de un delito, brindar cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en el hecho que se denuncia. Aplicable tanto para delitos como contravenciones.

¿Qué protegen las medidas cautelares?

Se considera que permiten proteger de forma efectiva los derechos humanos ante situaciones de gravedad y urgencia, así como ante la configuración de situaciones que generen daños irreparables a las personas.

¿Cuántas veces ha sido condenado el Estado colombiano por la corté Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

El Estado colombiano hasta diciembre de 2012, ha sido juzgado y condenado en trece ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al analizar cada una de las sentencias proferidas por este Tribunal, a través de la teoría del Derecho Procesal, se encuentran prácticas probatorias no convencionales que pueden

¿Qué es el fallo en una audiencia?

Es la decisión final en el juicio que efectúa el Tribunal de Juicio Oral una vez concluida la deliberación entre las partes, en donde se absuelve o condena al imputado, y que se comunica de manera verbal a las partes en audiencia pública.

¿Qué pasa si no se cumple una sentencia judicial?

¿Qué supone una sentencia? – En el caso de que una persona reciba una sentencia firme por la que se le condena, dispone de un plazo de veinte días para ejecutar dicha sentencia, En el caso de que haya transcurrido dicho periodo y no la haya cumplido, se inicia un periodo de incumplimiento de sentencia en el que los Tribunales serán los encargados de que dicho cumplimiento se dé de forma obligatoria en lo que se conoce como ejecución.

Sin embargo, para que dicho procedimiento se inicie se debe proceder a la demanda de ejecución de sentencia que es precisamente la que informa y reclama sobre el incumplimiento de dicha sentencia. Naturalmente, la demanda de ejecución puede iniciarla la persona que haya tenido el juicio y haya obtenido el resultado de dicha sentencia tras vencerlo.

También pueden hacerlo sus descendientes en el caso de que esa persona haya fallecido.

¿Qué es la Corte de San José?

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS La Corte Interamericana de Derechos Humanos (con sede en San Jos, Costa Rica) tiene atribuida, junto con la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contrados por los Estados Partes en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CADH),

REGULACIN de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenida en la Convencin Americana de Derechos Humanos (CADH): CONVENCIN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (.) PARTE II – MEDIOS DE LA PROTECCION CAPITULO VI – DE LOS ORGANOS COMPETENTES (Artculo 33) CAPITULO VII – LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Seccin 1.

Organizacin (Artculos 34 a 40) Seccin 2. Funciones (Artculos 41 a 43) Seccin 3. Competencia (Artculos 44 a 47) Seccin 4. Procedimiento (Artculos 48 a 51) CAPITULO VIII – LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Seccin 1. Organizacin (Artculos 52 a 60) Seccin 2.

Competencia y Funciones (Artculos 61 a 65) Seccin 3. Procedimiento (Artculos 66 a 69) CAPITULO IX -DISPOSICIONES COMUNES (Artculos 70 a 73) PARTE II MEDIOS DE LA PROTECCION CAPITULO VI – DE LOS ORGANOS COMPETENTES Artculo 33 Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contrados por los Estados Partes en esta Convencin : a) la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisin, y b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte,

CAPITULO VII – LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (.) CAPITULO VIII – LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Seccin 1. Organizacin Artculo 52 1. La Corte se compondr de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organizacin, elegidos a ttulo personal entre juristas de la ms alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que renan las condiciones requeridas para el ejercicio de las ms elevadas funciones judiciales conforme a la ley del pas del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.2.

  • No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
  • Artculo 53 1.
  • Los jueces de la Corte sern elegidos, en votacin secreta y por mayora absoluta de votos de los Estados Partes en la Convencin, en la Asamblea General de la Organizacin, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.2.
  • Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organizacin de los Estados Americanos.

Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deber ser nacional de un Estado distinto del proponente. Artculo 54 1. Los jueces de la Corte sern elegidos para un perodo de seis aos y slo podrn ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera eleccin, expirar al cabo de tres aos.

  1. Inmediatamente despus de dicha eleccin, se determinarn por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.2.
  2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completar el perodo de ste.3.
  3. Los jueces permanecern en funciones hasta el trmino de su mandato.
  4. Sin embargo, seguirn conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no sern sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

Artculo 55 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservar su derecho a conocer del mismo.2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podr designar a una persona de su eleccin para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.3.

Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de stos podr designar un juez ad hoc.4. El juez ad hoc debe reunir las calidades sealadas en el artculo 52.5. Si varios Estados Partes en la Convencin tuvieren un mismo inters en el caso, se considerarn como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.

En caso de duda, la Corte decidir. Artculo 56 El qurum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. Artculo 57 La Comisin comparecer en todos los casos ante la Corte. Artculo 58 1. la Corte tendr su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organizacin, los Estados Partes en la Convencin, pero podr celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organizacin de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayora de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.

  1. Los Estados Partes en la Convencin pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.2.
  2. La Corte designar a su Secretario.3.
  3. El Secretario residir en la sede de la Corte y deber asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.
  4. Artculo 59 La Secretara de la Corte ser establecida por sta y funcionar bajo la direccin del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretara General de la Organizacin en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte.

Sus funcionarios sern nombrados por el Secretario General de la Organizacin, en consulta con el Secretario de la Corte. Artculo 60 La Corte preparar su Estatuto y lo someter a la aprobacin de la Asamblea General, y dictar su Reglamento. Seccin 2. Competencia y Funciones Artculo 61 1.

Slo los Estados Partes y la Comisin tienen derecho a someter un caso a la decisin de la Corte.2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artculos 48 a 50, Artculo 62 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depsito de su instrumento de ratificacin o adhesin de esta Convencin, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convencin especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretacin o aplicacin de esta Convencin,2.

La declaracin puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condicin de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos especficos. Deber ser presentada al Secretario General de la Organizacin, quien transmitir copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organizacin y al Secretario de la Corte.3.

La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretacin y aplicacin de las disposiciones de esta Convencin que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaracin especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convencin especial.

Artculo 63 1. Cuando decida que hubo violacin de un derecho o libertad protegidos en esta Convencin, la Corte dispondr que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondr asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situacin que ha configurado la vulneracin de esos derechos y el pago de una justa indemnizacin a la parte lesionada.2.

  1. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daos irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que est conociendo, podr tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
  2. Si se tratare de asuntos que an no estn sometidos a su conocimiento, podr actuar a solicitud de la Comisin,

Artculo 64 1. Los Estados miembros de la Organizacin podrn consultar a la Corte acerca de la interpretacin de esta Convencin o de otros tratados concernientes a la proteccin de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrn consultarla, en lo que les compete, los rganos enumerados en el captulo X de la Carta de la Organizacin de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.2.

  • La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organizacin, podr darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
  • Artculo 65 La Corte someter a la consideracin de la Asamblea General de la Organizacin en cada perodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el ao anterior.

De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, sealar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Seccin 3. Procedimiento Artculo 66 1. El fallo de la Corte ser motivado.2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinin unnime de los jueces, cualquiera de stos tendr derecho a que se agregue al fallo su opinin disidente o individual.

Artculo 67 El fallo de la Corte ser definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretar a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa das a partir de la fecha de la notificacin del fallo.

Artculo 68 1. Los Estados Partes en la Convencin se comprometen a cumplir la decisin de la Corte en todo caso en que sean partes.2. La parte del fallo que disponga indemnizacin compensatoria se podr ejecutar en el respectivo pas por el procedimiento interno vigente para la ejecucin de sentencias contra el Estado.

  • Artculo 69 El fallo de la Corte ser notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convencin,
  • CAPITULO IX – DISPOSICIONES COMUNES Artculo 70 1.
  • Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisin gozan, desde el momento de su eleccin y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomticos por el derecho internacional.

Durante el ejercicio de sus cargos gozan, adems, de los privilegios diplomticos necesarios para el desempeo de sus funciones.2. No podr exigirse responsabilidad en ningn tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisin por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Artculo 71 Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisin con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos. Artculo 72 Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisin percibirn emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones.

Tales emolumentos y gastos de viaje ser fijados en el programa-presupuesto de la Organizacin de los Estados Americanos, el que debe incluir, adems, los gastos de la Corte y de su Secretara. A estos efectos, la Corte elaborar su propio proyecto de presupuesto y lo someter a la aprobacin de la Asamblea General, por conducto de la Secretara General.

Esta ltima no podr introducirle modificaciones. Artculo 73 Solamente a solicitud de la Comisin o de la Corte, segn el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organizacin resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisin o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos.

Para dictar una resolucin se requerir una mayora de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organizacin en el caso de los miembros de la Comisin y, adems, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convencin, si se tratare de jueces de la Corte.