FONDOLÍMPICA

Consejos, Ideas, Recomendaciones

Que Hace La Suprema Corte De Justicia?

Es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. Este juicio procede en cualquiera de los siguientes supuestos: Contra actos de las autoridades que violen derechos humanos.

¿Qué hace el Corte Suprema de Justicia?

La Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad. Se encarga de dar solución a los conflictos o problemas en asuntos penales, laborales y civiles que tengan los ciudadanos.

¿Quién se encarga de la Suprema Corte de Justicia?

La actual ministro presidente de la Suprema Corte es Norma Lucía Piña Hernández, electa para el periodo del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026. Siendo Norma Lucía Piña, la primera mujer en desempeñar el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cuál es la función de la Corte?

Corte Internacional de Justicia La Corte desempeña una doble misión: el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los Estados que le sean sometidas por estos (procedimiento contencioso) y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo).

¿Cuáles son las principales funciones de la Corte Constitucional?

Su máxima autoridad es la Corte Constitucional. Tiene como principal función cuidar que se respeten nuestra Constitución y los derechos humanos o fundamentales de las personas, y resolver los asuntos Estudia las tutelas y que se puede convertir en una ley y que no.

¿Cómo llevar un caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Ejercicio 2023
Fecha de inicio del periodo que se informa 01/04/2023
Fecha de término del periodo que se informa 30/06/2023
Denominación del trámite Denuncia Ciudadana
Tipo de usuario y/o población objetivo Personas que deseen obtener información relacionada con las obligaciones de transparencia
Descripción del objetivo del trámite Denunciar el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia. Denuncia Ciudadana por incumplimiento en las obligaciones de transparencia a efecto de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Modalidad del trámite La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: I. Por medio electrónico: a) A través de la Plataforma Nacional, b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, según corresponda.
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite http://inicio.inai.org.mx/doc/DGAJ/LGT70.20/3.denuncia.pdf
Documentos requeridos Formato de denuncia disponible si se decide utilizar, aunque también se puede presentar un escrito libre.
Hipervínculo al/los formatos respectivos http://inicio.inai.org.mx/doc/DGAJ/FORMATOD/FORMATO%20DE%20DENUNCIA.docx
Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado El organismo garante nacional en el ámbito de sus competencias debe resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.
Vigencia de los resultados del trámite Depende de la resolución del procedimiento.
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite Oficialía de Partes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ubicada en avenida Insurgentes Sur 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, ciudad de México, C.P.04530. Teléfono 55.50.04.24.00 [email protected]
Costo, en su caso, especificar que es gratuito Es gratuito
Sustento legal para su cobro El trámite del recurso es gratuito, en términos de lo establecido en el artículo 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lugares donde se efectúa el pago El trámite es gratuito
Fundamento jurídico administrativo del trámite Capitulo VII titulado de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Derechos del usuario Juicio de Amparo en el Poder Judicial de la Federación.
Lugares para reportar presuntas anomalías Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Ciudad de México, Código Postal 04530. Teléfono: 55.50.04.24.00 Extensión 2488. Correo electrónico: [email protected]
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas [email protected]
Hipervínculo información adicional del trámite http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5472311
Hipervínculo al sistema correspondiente https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema‐portales
Áreas responsables que generan, poseen, publican y actualizan la información Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial
Fecha de validación 03/08/2023
Fecha de actualización 03/08/2023

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¿Cuántos jueces hay en la Suprema Corte de Justicia?

Suprema Corte de Justicia Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización.

¿Cuáles son los 11 ministros dela Suprema Corte de justicia?

Ministros actuales

Cargo Nombre Nominado por
Ministro Javier Laynez Potisek Enrique Peña Nieto
Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández Enrique Peña Nieto
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá Andrés Manuel López Obrador
Ministra Yasmín Esquivel Mossa Andrés Manuel López Obrador

¿Quién juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Carolina Guevara Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: una fractura al sistema de responsabilidad de altos jueces en Colombia * Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol.17, no.2, 2015 Universidad del Rosario Carolina Guevara ** [email protected] Université Pierre Mendés, Francia Recepción: 10 Diciembre 2014 Aprobación: 17 Abril 2015 Resumen: En Colombia se asiste a la explosión del número de denuncias por faltas de todo tipo en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.

  • También, se acrecienta la sensación de que los jueces cuentan con suficientes arreglos que garantizan su independencia, sin que a la par se asegure que estos respondan por sus acciones y omisiones.
  • El presente documento busca mostrar cómo pese a la existencia de un cuerpo normativo que busca asegurar que los altos jueces rindan cuentas, en la práctica estos mecanismos se muestran poco eficaces.

La fractura al sistema de rendición de cuentas puede rastrearse en la deficiente gestión del ente que por ley controla a los togados: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Palabras clave Independencia, responsabilidad, accountability, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura.

Abstract: In these days, we can constant a growing number of offence denunciations against the judges composing the Supreme Court and the ones composing the Supreme Judicial Council. People also feel judges dispose of number of arrangements to guarantee their independence. As a result, there is the feeling judges don’t respond for their actions and omissions.

This paper intends to show that even if normative rules exist to control judges the control mechanisms don’t work. The problem of the control system resides in the poor management of the commission of investigation and prosecution of the House of Representatives, entity that is meant ruling the mentioned control system.

  1. Eywords: Independence, responsibility, accountability, Supreme Court, Supreme Judicial Council.
  2. Resumo: Na Colômbia assiste-se à explosão do número de denúncias por faltas de todo tipo contra magistrados da Corte Suprema de Justiça e do Conselho Superior da Judicatura.
  3. Também, acrescenta-se a sensação de que os juízes contam com suficientes arranjos que garantem sua independência sem que isso assegure que estes respondam pelas suas ações e omissões.

O presente documento busca mostrar como embora a existência de um corpo normativo que busca assegurar que os altos juízes prestar conta de suas ações, na prática estes mecanismos mostram-se pouco eficazes. A fratura ao sistema de rendição de contas pode rastear-se (entre outros fatores) na deficiente gestão do ente que por lei controla aos togados: a Comissão de Pesquisa e Acusação da Câmara de Representantes.

Palavras-chave: Independência, responsabilidade, accountability, Corte Suprema de Justiça, Conselho Superior da Judicatura. Introducción El reverso de la independencia de los jueces es su responsabilidad. Si bien se asume que los jueces deben ser independientes, 1 estos deben responder por sus acciones y omisiones.2 Así, el fortalecimiento de garantías y arreglos encaminados a garantizar la independencia de los jueces, debe acompañarse de mecanismos óptimos de rendición de cuentas.

Diversos estudios a través del mundo se han concentrado en el fenómeno de la independencia. Menos atención ha recibido la obligación de los jueces de dar cuentas de sus actos.3 Colombia no ha sido la excepción en cuanto al establecimiento de arreglos institucionales que promuevan la independencia 4 y la responsabilidad 5 del poder judicial.

Por su parte, son pocos los estudios académicos en el país que se han consagrado al fenómeno de la independencia y al de la rendición de cuenta de los jueces.6 En la práctica, es notorio el incremento de acusaciones y escándalos vinculados con magistrados de las altas cortes colombianas. También es evidente que el importante número de denuncias contrasta con las demoras en el trámite de expedientes y la ausencia de sanciones.

¿Qué tan responsables son los altos jueces 7 de la Corte Suprema de Justicia (CS) y del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia (CSJ)? Es esta la pregunta que intento responder en este documento. La respuesta que formulo es que, pese a la existencia de un número importante de arreglos institucionales que buscan hacer que los altos jueces den cuentas de sus actos, 8 estos son débilmente responsables.

  1. La fractura en el sistema de control debe rastrearse a partir del funcionamiento inadecuado del órgano que por mandato constitucional controla a los aforados: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
  2. Este trabajo se sustenta en la triangulación de diversas fuentes primarias ( Bericat, 1998 ).

En este orden de ideas, son varias las fuentes metodológicas 9 utilizadas en la elaboración de esta investigación. En primer lugar, se encuentra la bibliografía que aborda el tema de la independencia y la rendición de cuentas. Del mismo modo fue leído y analizado un conjunto de normas constitucionales y legales que en Colombia fijan los parámetros de responsabilidad de los jueces, así como algunos pronunciamientos judiciales (sentencias).

Además de esta serie de escritos académicos, el presente trabajo se ha nutrido con una vasta revisión de artículos de prensa que hacen alusión a supuestas ‘conductas indebidas’ de los miembros de la CS y del CSJ. Las noticias recuperadas fueron clasificadas, leídas y analizadas, con el fin de corroborar su pertinencia en el análisis propuesto.

Solo en casos puntuales se incluyen extractos de los artículos de prensa. La revisión de artículos de prensa se focalizó en dos diarios y una revista de circulación nacional, a saber: El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. También se consultó la información disponible en la Silla Vacía.

  1. La revisión de artículos de prensa (un total de 40) abarca el periodo comprendido entre el mes de enero de 2000 y el mes de noviembre de 2013.
  2. La elección de este periodo obedeció al hecho de que a partir del año dos mil, la prensa escrita empieza a destacar algunas consecuencias negativas del proceso de selección política de los magistrados de la sala disciplinaria del CSJ.

Finalmente, la revisión de artículos de prensa se detiene en el mes de noviembre de 2013, época en la que este artículo fue concluido. Finalmente, este documento tiene en cuenta el análisis estadístico de la información sobre los procesos contra los magistrados, disponible en la página oficial del Congreso de la República en Internet.

Este artículo se organiza de la siguiente manera. En un primer apartado me ocupo de la forma como se concibe la responsabilidad en las dos grandes familias del derecho. El énfasis hecho en la tradición de derecho civil y del common law, se justifica a partir de la importación y adaptación de arreglos institucionales propios de estas dos tradiciones al contexto colombiano.10 Es importante destacar que durante mucho tiempo el modelo que fue privilegiado en Colombia fue el del derecho civil.11 Esta es la razón por la que en este artículo se privilegia la presentación del caso francés y en menor medida, del italiano.

El actual Consejo Superior de la Judicatura, por solo citar un ejemplo, ha sido inspirado en los llamados Consejos de la Magistratura, que a mediados del siglo XX fueron creados en Francia e Italia. Por su parte, la importación de instituciones propias de la tradición del Common law, se incrementa a partir de la expedición de la constitución política de 1991( Guevara Rivera, 2007 ).

Este hecho puede explicar la adopción en el campo judicial de una visión de eficiencia en la gestión y de la idea anglosajona de la accountability, En la segunda parte, presento en detalle los mecanismos que en la legislación colombiana buscan que los jueces respondan por faltas de tipo penal y disciplinario.

A través de algunos ejemplos muestro cómo este marco normativo es poco eficaz para asegurar un control adecuado sobre la conducta de los altos jueces. En la tercera parte me concentro en una de las principales fracturas del sistema de responsabilidad: la existencia de una Comisión política que investiga y juzga a los altos jueces.

Finalmente, concluyo afirmando la ineficacia de los mecanismos directos de rendición de cuentas y resaltando la emergencia de un tipo de control efectivo: el de los mecanismos indirectos e informales de control.1. El propósito de la independencia y responsabilidad de los jueces Tal y como ocurre con el fenómeno de la independencia, el de la rendición de cuentas está fuertemente emparentado con la tradición jurídica en la que se inscribe un sistema.

La tradición determina el tipo de control ejercido sobre los jueces y sobre todo la forma como es ejercido. Así, a través del mundo los Estados (según se orienten por el common o el civil law ) pueden privilegiar como principio la judicial independence o la judicial accountability ( Peri, 2012 ).

La judicial independence privilegia el establecimiento de principios y reglas a través de las cuales se restringe la influencia de otros poderes en las decisiones de los jueces. Los arreglos institucionales que persiguen el objetivo de la independencia pasan, entre otros, por el establecimiento de estrictos criterios de nominación, selección, promoción y duración en el cargo.

Se trata de que el juez es sobre todo un funcionario y por ende se somete a la ley, y a fuertes controles de tipo jerárquico y disciplinario ( Canivet, & Joly-Hurard, 2006 ). Además, debe responder como cualquier ciudadano cuando cometa un delito. En raras ocasiones los jueces en los Estados que privilegian el valor de la judicial independence, responden ante el ejecutivo, el legislativo o la ciudadanía en general.

También son escasos los países que en esta tradición han buscado fortalecer la judicial accountability, a través de parámetros derivados del new public management,12 El principal reparo que se hace al incremento de la rendición de cuentas es que puede acarrear una disminución de la independencia y de la imparcialidad del juez.

Por su parte, la judicial accountability se relaciona con la entrega de cuentas en una relación. De hecho, esta expresión es una de la cuestiones claves del new public management, En este contexto se busca promover la eficiencia, el control de costos y optimizar los resultados de la gestión ( Contini & Mohr, 2007 ).

  1. Desde esta perspectiva, el juez más que la boca de la ley, es concebido como un actor que juega un rol dentro de la organización pública prestando un servicio al público ( Contini & Mor, 2007 ).
  2. Así, el juez debe dar cuenta de las normas escritas, sobre todo a la sociedad y a las instituciones democráticas.

La rendición de cuentas es privilegiada en los países que siguen la tradición del common law, en la que existe una imagen valorizada de un juez prestigioso que llega al cargo luego de un proceso riguroso. Este juez integraría una élite social e intelectual, por lo que su error sería apenas concebible ( Canivet, & Joly-Hurard, 2006 ).

Esta idea no impide que los jueces respondan por sus acciones y sean disciplinados. En Estados Unidos, por ejemplo, se establece que los jueces federales permanecen en sus cargos mientras observen buena conducta. Esta prescripción se traduce en la permanencia vitalicia en sus cargos. Sin embargo, estos altos jueces pueden ser removidos de sus cargos a través del procedimiento legislativo del impecheament, 13 cuyo uso en la práctica es raro.

Por su parte, a nivel estatal se han establecido comisiones de disciplina judicial y remoción. Sin embargo la responsabilidad de los jueces en esta tradición no solo se traduce en la posibilidad de ser disciplinados, sino en el hecho de que deban rendir cuentas a la sociedad sobre sus acciones.

En los Estados Unidos, dado que el Congreso tiene un amplio poder para decidir sobre el presupuesto 14 y sobre la organización judicial, el poder judicial se obliga a presentar un informe sobre la utilización óptima de recursos ( Gur-Arie & Wheeler, 2002 ). Del mismo modo, la presentación de informes estadísticos hace que los jueces den cuenta sobre la eficacia de su gestión.

En algunos casos se ha denunciado cómo a través de estos procesos de rendición de cuentas, el legislativo y el ejecutivo pueden incidir en la decisión de los jueces, y por ende en su independencia. En suma se trata de que el juez en las dos grandes familias del derecho está llamado a rendir cuentas por sus acciones y omisiones.

A continuación presento en detalle las formas en que puede revestir la responsabilidad. La responsabilidad disciplinaria, En general, este tipo de responsabilidad persigue la violación o el desconocimiento de las faltas frente a deberes profesionales, reglas deontológicas y principios éticos. Así, se acepta que los jueces pueden faltar a sus deberes no solamente cuando ejercen sus funciones, sino a través de conductas inscritas en el ámbito de su vida privada.

En este caso, se puede tratar de atentados contra la imagen o la reputación de la institución judicial, como ha sido previsto en el caso de Italia y Francia. En este último país, en principio, se prevé que las manifestaciones de la vida privada del juez no relevan una acción disciplinaria.

Sin embargo, cuando los comportamientos privados atentan 15 contra el ‘crédito y la confianza de los justiciables’, la inmunidad del juez se diluye. Algunos de los actos privados que los jueces en este país están llamados a evitar son: 16 los gestos de violencia contra funcionarios, auxiliares y usuarios de la justicia, las relaciones afectivas o de amistad, esto es, las frecuentaciones públicas; 17 los compromisos religiosos, políticos, contractuales o sindicales cuando estos son la causa del ausentismo exagerado, y el retardo en las labores judiciales.

Un tipo de actos que se encuentran, en principio, excluidos de control disciplinario, son los actos jurisdiccionales. Sin embargo, como en el caso de los actos de la vida privada, existen ciertas excepciones, como cuando el juez en su sentencia, contra las apariencias, profiere un acto extraño a toda actividad jurisdiccional.18 Por ejemplo, cuando en la redacción del juzgamiento emplea términos inútiles, particularmente duros o violentos, inapropiados, irrespetuosos, extravagantes, groseros y racistas.19 En los países con tradición continental suele existir un órgano encargado de asegurar la disciplina de los jueces: el Consejo Superior de la Magistratura.

Esta institución puede tener una integración mixta, en la que se incluyen miembros de la magistratura, pero también personas que vienen de diversos medios. Esta composición mixta es notablemente el caso de Italia. En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura puede considerarse como de carácter mixto.

Otros países han preferido confiar la disciplina de sus jueces a un órgano integrado exclusivamente por personas del medio judicial.20 Las faltas disciplinarias, La garantía de independencia y el control sobre de la disciplina de los jueces se ha encomendado en ciertos países a los Consejos Superiores de la Magistratura ( Renoux, 2000 ).

  • Para cumplir sus fines, estas instituciones se orientan por normas especialmente previstas para tal fin.
  • En países como Francia, existe un statut de la magistrature, en el cual se define lo que constituye una falta disciplinaria.
  • En este país la ordenanza n.° 58-1270 de diciembre 22 de 1998 define la falta disciplinaria como: 21 ” tout manquent par un magistrat aux devoirs de son état, a l’honeur, a la délicatesse a la dignité constituant une faute disciplinaire “.

A lo anterior se suman una serie de deberes profesionales del orden deontológico que son compatibles con el estatuto arriba enunciado ( Canivet & Joly-Hurard, 2009 ). Aunque la imposición de sanciones por faltas disciplinarias es el ejercicio que predomina en muchos países (incluido Colombia), otros han optado por conjugar la prevención y la sanción.

  • Esta estrategia pasa por un conjunto de políticas y acciones encaminadas a fortalecer en el cuerpo judicial la concienciación sobre la importancia de su misión y la imagen que de esta envían a la sociedad.
  • En la práctica, se ha resaltado cómo la conciencia elevada sobre valores deontológicos pasa por las buenas prácticas en el reclutamiento y la formación inicial y continua de los jueces ( Canivet & Joly-Hurard, 2009 ).

Además, pueden ser de gran utilidad las acciones que buscan recompensar a “los buenos jueces”.22 En Francia estas acciones se han traducido en la prima al mérito y en la firma de contratos de objetivos.23 Del mismo modo, se ha resaltado la importancia de adoptar códigos de deontología y órganos de reflexión, que sensibilicen al cuerpo judicial sobre los problemas ligados a la ética profesional.

  1. Responsabilidad Penal,
  2. Generalmente se acepta a través del mundo que los jueces responden por delitos o infracciones a la ley penal.
  3. En algunos casos, los Estados tipifican de manera concreta conductas delictivas en las que pueden incurrir los jueces en ejercicio de sus funciones.
  4. En esta medida, las legislaciones penales suelen prever un apartado de los llamados delitos contra la administración de justicia: peculado, corrupción, abuso de autoridad, violación del secreto profesional y negación de justicia.

Este es el caso de países como España ( Durand, 2003 ) en donde el código penal, establece una sección de delitos contra la administración de justicia, dentro de los cuales se encuentra la prevaricación. En otros países los jueces pueden responder por sus infracciones como cualquier otro funcionario (Bélgica o Italia) o como cualquier otro ciudadano (Francia).

  • En este último caso, los jueces no gozan de ningún privilegio de jurisdicción ni de inmunidad luego de la ley n.° 93-2 del 4 de Enero de 1993.
  • Así, los jueces en este país, pueden ser perseguidos penalmente, como cualquier otro ciudadano, en nombre del principio de igualdad de todos ante la ley ( Canivet & Joly-Hurard, 2006 ).

Algunos países han reconocido un sistema de inmunidad para los jueces, que puede ser de tipo sustancial o procesal ( Canivet, 2003 ). En la primera categoría se encuentra una prohibición de seguir a los jueces por actos u omisiones relacionados directamente con su función de juez, como es el acto de proferir una sentencia.

  • Dentro de las inmunidades de carácter procesal, se encuentran aquellas orientadas a que el inicio de la acción de responsabilidad penal requiera una autorización previa o que se realice por autoridades estrictamente designadas ( Canivet, 2003 ).
  • Aunque los estudios comparados muestran que la tendencia en las dos tradiciones privilegia la idea de que los jueces deben responder penalmente, en la práctica estos casos son atípicos.

Luego de este rápido vistazo a la forma como las dos grandes tradiciones buscan responsabilizar a sus jueces, me ocupo del caso colombiano. Anticipo que una mezcla de características de las dos tradiciones analizadas se encuentra en el país.2. La responsabilidad de los altos jueces en Colombia En este segundo apartado detallo la manera como en la legislación colombiana se prevé que los jueces respondan por sus acciones y omisiones.

  1. Concretamente, me ocupo de dos formas de responsabilidad: la disciplinaria y la penal.
  2. Luego de presentar el marco normativo, me concentro en algunos casos emblemáticos en los que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura se han visto involucrados en acciones que, presuntamente, vulneran normas de tipo disciplinario o penal.

Advierto que una ejemplificación de este tipo es problemática, 24 por lo que los casos mostrados son aquellos que han sido altamente mediatizados y objeto de pronunciamiento por entes oficiales. En Colombia se observa la directriz a afianzar las garantías de la independencia externa e interna de los jueces.

  1. El punto culminante de esta tendencia fue la expedición de la Constitución Política de 1991, a través de la cual se introdujo un diseño que aparta al poder judicial de indebidas influencias.
  2. Del mismo modo, se encuentra en el sistema jurídico colombiano un conjunto de normas a través del cual se busca que todos los jueces de la República respondan por sus acciones y omisiones.

Las formas como los jueces responden, varían en función de su jerarquía. Así, las faltas cometidas por los altos jueces en Colombia (dada su condición de aforados) son conocidas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Por su parte: jueces, magistrados de tribunales y demás funcionarios del poder judicial son responsables civil, penal y disciplinariamente.

  1. Este último control es ejercido actualmente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura siguiendo los parámetros establecidos por normas como el Código Disciplinario Único y la Ley Estatuaria de la Administración de Justicia.
  2. La indagación y el castigo por la responsabilidad penal suelen estar en manos de la justicia ordinaria.

En la tabla 1 se ilustran los tipos de responsabilidad y las entidades ante las cuales responden los jueces, según su nivel jerárquico. Tabla 1 Responsabilidad penal y disciplinaria de los altos jueces en Colombia Fuente: elaboración propia.2.1 Responsabilidad disciplinaria En Colombia las acciones y omisiones que pueden catalogarse como faltas disciplinarias están previstas en textos como el Código Disciplinario Único y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

El Código Disciplinario Único 25 contempla un apartado que trata sobre el régimen de los funcionarios de la rama judicial.26 La falta disciplinaria es definida por este código como: “() el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la constitución, en la ley estatutaria de administración de justicia y demás leyes “.27 Este estatuto enumera las faltas disciplinarias en particular, haciendo una clasificación entre faltas gravísimas, graves o leves.

Del análisis de la primera categoría, esto es las faltas gravísimas, se puede afirmar que son hechos que se mueven entre la falta disciplinaria y el delito. Entre este tipo de infracciones se encuentran: extraviar, perder o dañar bienes del Estado, incrementar injustificadamente el patrimonio, obstaculizar investigaciones que adelanten las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, ocasionar la muerte a un grupo nacional, étnico, racial, político o religioso, incurrir en violaciones al derecho internacional humanitario y privar ilegalmente de la libertad a una persona.

En lo que se refiere a la tipificación de las faltas, el Código Disciplinario Único remite a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.28 Esta norma, al ser más específica, enumera los deberes y las prohibiciones propias de los funcionarios y empleados de la rama judicial. El conjunto de deberes contiene algunas prescripciones de carácter general y otras ligadas estrechamente al ejercicio de funciones judiciales.

En la primera categoría (prescripciones de carácter general), según la Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia, en su artículo 153, se encuentran: cumplir la Constitución y las leyes, desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones a su cargo.

En el segundo tipo de normas (las específicas que prevén deberes), se encuentran entre otras: la obligación de guardar reserva de los asuntos conocidos aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo, declarar en ciertas circunstancias las variaciones importantes del patrimonio, dedicarse exclusivamente a la función judicial, 29 evitar la lentitud procesal y sancionar todas aquellas maniobras dilatorias.

Del mismo modo, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 154, prevé un conjunto de prohibiciones entre las que se encuentran: realizar actividades ajenas al ejercicio de su trabajo durante la jornada laboral, abandonar sus labores sin autorización previa, embriagarse periódicamente y utilizar sustancias prohibidas por la ley, retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos conocidos, proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración de justicia que conozcan, participar en procesos electorales, realizar en el servicio o en la vida social actividades que afecten la confianza del público u observar conductas que comprometan la dignidad de la administración de justicia, recibir remuneraciones de los interesados en un proceso, aceptar donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria de las partes o de sus apoderados.

  • Estas son, en síntesis, las dos principales normas que encuadran el comportamiento de los funcionarios y empleados del poder judicial en Colombia.
  • A lo anterior ha de sumarse un cúmulo de sentencias 30 de la Corte Constitucional colombiana, a través de las cuales se han diseñado líneas jurisprudenciales claras y que son de fácil acceso para los miembros del judicial y para cualquier ciudadano.

Menos publicitadas y de acceso más complicado son las sentencias emitidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y los Consejos Seccionales de la Judicatura. La falta de visibilidad de su jurisprudencia supone un problema para que los operadores judiciales y el público en general puedan conocer, reflexionar e interiorizar las reglas legales y los principios deontológicos Comentarios sobre el origen de la responsabilidad disciplinaria en Colombia La existencia de un cuerpo con funciones jurisdiccionales encargado de sancionar disciplinariamente a jueces y magistrados fue admitido con muchos reparos en el sistema judicial colombiano.

  • A este sistema de control se llegó luego de haberlo confiado al superior jerárquico, a las comisiones disciplinarias, a la Procuraduría y a los jurados de honor.
  • La adjudicación del control en estos cuerpos debió remplazarse por adolecer de vicios burocráticos.
  • La creación de un Tribunal Disciplinario (antecesor del Consejo Superior de la Judicatura), llamado por algunos ‘Súper Corte’, se remonta al comienzo de la década de los sesenta.

Según el Decreto 1698 de 1964, este Tribunal conocía, en única instancia, de los procesos por faltas disciplinarias adelantadas contra magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y en segunda instancia, de los procesos por faltas disciplinarias fallados en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito judicial y por el Tribunal de Aduanas.

  • Estas atribuciones fueron objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.
  • En su decisión, el máximo tribunal de la justicia ordinaria decretó la inexequibilidad de la prescripción, al considerar que no era aceptable que los jueces fueran juzgados por un ente que no fuera su superior.

La iniciativa de fundar este tipo de tribunal renació en la reforma constitucional de 1968. El Tribunal Disciplinario, esta vez de rango constitucional, tenía bajo su control las faltas cometidas por los funcionarios judiciales 31 y ofrecía garantías procesales plenas para los investigados.

Además, conocía de las faltas contra la ética de los abogados y dirimía conflictos de competencia que se desataran entre diferentes jurisdicciones. Sus miembros, elegidos para periodos de 5 años, debían cumplir los mismos requisitos que para ser elegido en el cargo de magistrado de la Corte Suprema y eran elegidos por el Congreso de la República de ternas presentadas por el Presidente de la República.

La recepción de un Tribunal de estas características y con estas funciones no fue de buen recibo en la cúpula del poder judicial. El malestar que generó este nuevo tribunal, pudo estar al origen del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 21 de Octubre de 1976.

  • Mediante su decisión 32 la máxima instancia de la Justicia ordinaria restringió las facultades del Tribunal Disciplinario que en adelante solo disciplinaría a sus propios magistrados, a los del Consejo de Estado, Tribunales Superiores de distrito judicial, aduanas y contencioso administrativo 33,
  • El Tribunal Disciplinario con funciones ampliamente reducidas pereció en 1991, cuando fue remplazado por el Consejo Superior de la Judicatura.2.2.

Responsabilidad Penal Como arriba anoté, jueces y magistrados en Colombia están llamados por la ley a responder por sus infracciones a la ley penal. La indagación y el castigo por este tipo de responsabilidad suelen estar en manos de la justicia ordinaria.

Existe, por ejemplo, un apartado en el Código Penal colombiano que se ocupa de los delitos y transgresiones contra la administración de justicia. Por su parte, la competencia para conocer de este tipo de conductas ha sido, por ley, confiada a diferentes autoridades. Los altos magistrados, gracias a su fuero, son investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y eventualmente juzgados por la más alta instancia de la justicia ordinaria: la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, las infracciones de tipo penal cometidas por los jueces de inferior jerarquía son de conocimiento de la justicia ordinaria. Es importante subrayar que la única sanción de tipo disciplinario contra un alto magistrado fue emitida contra un miembro de la sala penal ( Domínguez, 1981 ).

  1. En efecto, en el año 1976 un magistrado en el cargo fue destituido por el Tribunal Disciplinario al considerarse que había cometido una falta contra la administración de justicia.
  2. El asunto se inició por dos supuestas llamadas telefónicas hechas por el entonces miembro de la Corte Suprema de Justicia.

En la primera habría preguntado a un magistrado de inferior jerarquía sobre la doctrina probable frente a un caso. En la segunda llamada, el alto juez habría solicitado a un magistrado del Tribunal Superior estudiar personalmente un negocio. La historia finalizó con la nulidad de la actuación del Tribunal Disciplinario, decretada en 1980 por el Consejo de Estado.

  • A juicio de este alto tribunal, la decisión habría sido proferida por una autoridad que carecía de competencia: el Tribunal Disciplinario.
  • El asunto, entonces, era de competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y del Senado de la República.
  • Luego de este breve repaso sobre la forma en la que responden penalmente los altos jueces, reseño algunas denuncias por presuntos delitos cometidos por los magistrados.

Denuncias por presuntos delitos cometidos por los altos jueces, El escaso número de “casos juzgados” ( Domínguez, 1981 ) contrasta con la cantidad creciente de denuncias de faltas de carácter disciplinario y penal de los magistrados de las altas Cortes.

El incremento de cuestionamientos al comportamiento frente a sus deberes como juez y, en general, en su vida privada, se constata en una simple revisión de los expedientes conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y el amplio número de artículos de prensa sobre el tema.34 Aunque a través del mundo se ha reseñado la rareza de las sanciones contra los altos jueces, el caso colombiano llama especialmente la atención por dos razones.

La primera, es que al contrario de lo que ocurre en países que privilegian la tradición del commonlaw, los altos jueces en Colombia (especialmente los miembros de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura) no gozan en todos los casos de una imagen de prestigio ni llegan a su cargo luego de un proceso de selección riguroso.35 La segunda razón por la que la rareza de las sanciones contra los altos jueces llama la atención, es porque en la comisión de Investigación y Acusación anidan inconvenientes 36 que dificultan su gestión y minan su legitimidad.3.

  • Debilidades en el ente que investiga las faltas de los altos jueces Este último apartado está consagrado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
  • Inicio el análisis haciendo énfasis en los principales problemas que actualmente aquejan a esta célula legislativa.
  • Estos inconvenientes están relacionados con: el procedimiento previsto para tramitar los expedientes y con el personal que conforma la Comisión de Investigación y Acusación.

En seguida, muestro los resultados de la gestión de la Comisión de Investigación y Acusación. Estos se traducen en el considerable número de expedientes que (luego de muchos años) aún se encuentran en “preliminares” y la gran cantidad de conductas que aún no han sido tipificadas.

Son estas falencias en la gestión y resultados los que contribuyen a consolidar la percepción de una ‘responsabilidad atenuada’ de los altos jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.3.1. Algunas observaciones sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes En Colombia, la Constitución Política de 1991 confió al Congreso la facultad de investigar y acusar a algunos de los altos funcionarios.37 El trámite que se surte en Cámara y Senado se aproxima a la idea de un juicio político.

La constitución también reconoce la posibilidad de que, tratándose de delitos comunes, el procedimiento pueda ser conocido por la Corte Suprema de Justicia. En este caso la sanción aplicable es la prevista por la ley penal. Las críticas que recaen sobre este procedimiento se concentran en su fase en la Cámara de Representantes ( López Daza, 2010 ).

  • Se debe tener en cuenta que desde hace más de 50 años ningún alto funcionario ha sido llevado ante el Senado.
  • Por su parte, los eventuales inconvenientes ligados al desarrollo de un eventual juicio ante la Corte Suprema de justicia son una incógnita: a la fecha, ningún procedimiento ha llegado a esta instancia.

A continuación reseño la forma como se surte el procedimiento de investigación de altos funcionarios en la Cámara de Representantes. En seguida presento algunas de las críticas más frecuentes al mismo. Los Trámites en la Comisión de Investigación y Acusación,

A semejanza del impeachment, 38 en Colombia las tareas de investigación y el juzgamiento de altos funcionarios han sido confiadas a la Cámara de Representantes y al Senado. Así, en la Cámara de Representantes existe una comisión de carácter permanente denominada Comisión de Investigación y Acusación.39 La investigación en esta instancia puede ser iniciada de oficio, por una denuncia o por el informe de una autoridad.

De su conocimiento se ocupan 15 miembros del Congreso, elegidos por el sistema de cociente electoral.40 Las denuncias pueden ser instauradas por delitos cometidos en el ejercicio de funciones, por indignidad, mala conducta o por delitos comunes. Cuando la Comisión de Investigación y Acusación encuentra mérito, prepara proyectos de acusación (que deberá aprobar el pleno de la Cámara) y eventualmente acusa ante el Senado.

  • En esta instancia se da inicio a la etapa de juicio.
  • Si la acusación se refiere a delitos comunes, se citará al acusado y se le pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
  • Aunque en teoría este sistema puede ocasionar que los miembros de la Corte Suprema juzguen a sus propios magistrados, en la práctica nunca se ha presentado esta situación.

El estudio realizado por López Daza (2010) ilustra muy bien cómo recientemente ninguna alta corte ha escapado a denuncias contra uno o varios de sus miembros. No obstante, el número de procesos contra miembros de las altas cortes varía notablemente. De un lado, la Corte Suprema de Justicia es la instancia que en el año 2010 tenía más procesos contra sus magistrados: 180 ( Castillo, 2010 ).

  • Casi la mitad de estos procesos estaban dirigidos contra miembros de la sala penal.
  • Esta abundancia, puede explicarse a partir de los choques constantes del alto tribunal (sala penal) con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
  • La segunda alta Corte que más procesos tenía en contra de sus miembros en 2010 era el Consejo Superior de la Judicatura: 170.

Un 48% de las denuncias se dirigieron contra miembros de su Sala Disciplinaria ( López Daza, 2010 ). Este porcentaje es un indicador del avanzado estado de descomposición que en ciertas épocas ha caracterizado a esta sala.41 Finalmente, la alta corte que menos investigaciones tiene en su contra (aproximadamente 28) es la Corte Constitucional.42 El alto número de denuncias en contra de miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura desentona con la lentitud del trámite y la ausencia de sanciones.43 3.2.

  1. Principales inconvenientes en la célula legislativa que investiga a los aforados Trabas ligadas al Procedimiento,
  2. Una de las quejas más frecuentes contra la referida Comisión es la lentitud en el trámite de las denuncias.
  3. A continuación, señalo varios hechos que pueden hacer engorroso el procedimiento.

El primero es el tiempo de sesiones de la Comisión de Investigación y Acusación; debe tenerse en cuenta que esta célula legislativa labora en los mismos periodos previstos para el Congreso.44 En la práctica, esto implica que durante los recesos parlamentarios, las investigaciones contra aforados se estancan.

A su vez, durante el tiempo normal de las sesiones, los miembros de la comisión de investigación y acusación pueden no tener o no estar dispuestos a dedicar todo su tiempo al tratamiento de expedientes.45 En efecto, salvo casos altamente mediatizados, la dedicación de tiempo y esfuerzo disminuye para consagrarse a otros proyectos que pueden ser más beneficiosos frente al electorado.

La escasez de tiempo fue, por ejemplo, la razón esgrimida por un congresista que ocupaba la Presidencia de la Cámara de Representantes y a su vez hacía parte de la Comisión de Investigación y Acusación. Esta dualidad de funciones lo llevó a dimitir de su cargo argumentando: 46 “Mi actual condición de presidente de la Cámara, me impide dedicarle el tiempo y el esfuerzo exigidos para ser parte de la Comisión de Investigaciones”.

  • En este orden de ideas, la falta de autonomía de la Comisión de Investigación y Acusación, también puede generar retardos en el trámite de los expedientes.
  • Debe tenerse en cuenta que según la ley, la comisión debe apoyarse en otras autoridades tratándose de desarrollar ciertas actividades y práctica pruebas.

Esto significa que el avance en el trámite de un expediente depende de la rapidez y eficacia en la gestión de organismos externos. La forma prevista para asignar los expedientes entre los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación es otro aspecto que traba la gestión.

Según lo previsto por el reglamento del Congreso, el reparto debe hacerlo el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación.47 En la práctica este hecho puede generar que casos sensibles sean instruidos por Congresistas afines al investigado, quienes podrían por ejemplo retardar o agilizar el trámite o incluso favorecerle a través de su decisión.

Problemas con el personal que integra la Comisión de Investigación y Acusación La escasez de personal y la poca pericia de quienes integran la Comisión de Investigación y Acusación debilitan su gestión. Según lo previsto por la ley, la célula legislativa está compuesta por quince miembros.

  • Nada se dice sobre la formación, experiencia o calidades que deben reunir los congresistas que la integran.
  • Varios son entonces los reproches que pueden hacerse a esta célula legislativa.
  • El primero, es la escasez del personal que debe llevar a cabo las investigaciones.
  • En efecto, 15 personas no son un número suficiente para conocer de numerosos y bien intrincados expedientes.

A lo anterior se su­ma el hecho de que no existe suficiente personal que apoye técnicamente la labor. Cada miembro de la comisión posee en promedio de dos a tres asistentes. Este número de personas, puede resultar insuficiente para recibir las denuncias y realizar los trámites que se derivan de las investigaciones.

  • El segundo inconveniente, ligado a los miembros que componen la Comisión de Investigación y Acusación, es la ausencia de la pericia suficiente para instruir los expedientes.
  • Según lo previsto por la ley, la Comisión de Investigación y Acusación indaga por hechos que pueden constituir faltas disciplinarias, pero también conductas tipificadas por la ley penal.

En la práctica no se requiere el diploma de abogado, ni experiencia judicial de ningún tipo para conocer de las investigaciones. Este hecho puede dificultar las investigaciones que indudablemente tienen un fuerte componente legal. Por ejemplo, tratándose de la comisión de delitos, la formación jurídica o la experiencia previa en el medio judicial serían deseables.

  • La tendencia que recientemente ha tomado fuerza en el Congreso es nombrar a personas que tengan el diploma de abogado, como mínimo.
  • Este hecho se deduce del análisis de la actual composición de la Comisión de Investigación y Acusación.48 En conclusión, esta falta de pericia puede hacer que el trámite sea lento y la argumentación de las decisiones deficiente y altamente cuestionable.

Otro problema es el cuestionamiento ético hecho a algunos de los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación que han sido acusados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia por la comisión de ilícitos. Varios son los casos sobre el particular.

Por ejemplo, el de una parlamentaria que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias 49 o el de un representante a quien el Consejo de Estado retiró su investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.50 Finalmente, existe el problema del cruce de funciones de juzgamiento entre miembros de la Corte Suprema y del Congreso.

En la práctica, la Corte Suprema de Justicia es la encargada de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Por su parte este último conoce de las denuncias contra los primeros. Este ‘cruce’ de funciones mella la independencia de la Comisión de Investigación y Acusación, que puede temer adelantar investigaciones contra los miembros de la Corte Suprema por temor a represalias.

  1. Sobre el particular, es muy concluyente el hecho de que en 2009 varios miembros de la comisión especularan sobre su renuncia (El Tiempo, 2009).
  2. Bajo estas condiciones no puede impresionar el hecho de que muchas de las investigaciones tarden años, sean archivadas o finalicen con auto inhibitorio o preclusión.

Este proceder ha dejado en la opinión pública la sensación de: ‘no-justicia o manipulación de sus decisiones por los detentadores del poder político o judicial’ ( López Daza, 2010 ). Ahora bien, los inconvenientes arriba descritos, pueden ser causas eficientes de esta gestión ineficaz.

Así, presento algunas cifras sobre el número de procesos conocidos y el estado en que se encuentran en la Comisión de Investigación y Acusación. La ausencia de información en el Congreso es uno de los mayores problemas para cualquier tipo de investigación que pretenda medir los resultados de su gestión.

Los datos que se analizan en este texto se extrajeron de la página web del Congreso de la República, 51 específicamente de la Comisión de Investigación y Acusación, la cual presenta un reporte titulado: Procesos reales vigentes 2010-2014, Resalto que no existe información disponible en la página web del Congreso de la República anterior a este reporte.

Frecuentemente la comisión aduce que la carencia de cualquier tipo de información se explica por la obligación de guardar la información del sumario. Por no hacer parte del presente estudio, los procesos adelantados contra el Presidente de la República, miembros de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Fiscalía general de la nación, no serán tenidos en cuenta.3.3.

See also:  Cual Es El Corte Militar?

Algunos indicadores sobre las deficiencias en la gestión El análisis de esta investigación está organizado como sigue. En una primera fase, se diseñó y completó la siguiente ficha en el programa Word. El objetivo fue conocer y organizar los datos pertinentes para construir este artículo, que se encontraban dispersos en un vasto archivo de la Comisión de Investigación y Acusación. Fuente: elaboración propia. Las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura El documento consultado de la Comisión de Investigación y Acusación reseña la existencia de 1.226 expedientes en curso, de los cuales 474 (38,6%) corresponden a investigaciones en contra de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia.

  • Esta última institución registra un total 250 (20,39%) expedientes conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
  • Las denuncias son formuladas contra uno o varios de sus miembros, o contra la institución en general.
  • El más antiguo de estos expedientes data del año 2002 y el más reciente del año 2011.

En el expediente se reseñan las faltas por las que cursa la denuncia, las cuales pueden ser de tipo penal, disciplinario, incidente de desacato o por establecer. Entre los delitos denunciados se encuentran la injuria, el prevaricato, el asesoramiento ilegal y el peculado.

Nada se detalla sobre las quejas disciplinarias y las llamadas ‘conductas por establecer’. De otro lado, los casos conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación en los que están implicados miembros del Consejo Superior de la Judicatura son en total 224 (18,17%). Los expedientes más antiguos se remontan al año 2002 y los más recientes al año 2011.

Entre las denuncias de tipo penal, se señalan hechos como la injuria y el prevaricato. Tal y como ocurre en el caso de la Corte Suprema de Justicia, no se dan detalles sobre los tipos de infracción disciplinaria y las conductas ‘por establecer’. La siguiente tabla muestra el número total de expedientes en contra de magistrados la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura. Fuente: elaboración propia. La figura 1 muestra el porcentaje de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura. Tal y como se observa, un 85% de los hechos conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se encuentran en la categoría ‘por establecer’. Figura 1 Tipo de falta denunciada Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura (2002-2014) Fuente: elaboración propia. Estado del trámite de los expedientes en la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Frecuentemente se aduce que los expedientes que son conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación, al entrar en esta instancia: “duermen el sueño de los justos” ( Castillo, 2010 ).

Esta afirmación se relaciona con la parálisis de en las investigaciones, hecho que se denuncia con frecuencia. La siguiente tabla muestra el número de expedientes que se encuentran en ‘preliminares’. En la Corte Suprema de Justicia son 239 los procesos que se encuentran en preliminares, con archivo y uno pendiente de recurso.

El panorama en el Consejo Superior de la Judicatura no es más alentador: 215 procesos se encuentran en preliminares, cuatro han sido archivados y diez se encuentran en la categoría pendiente de recurso. Tabla 2 Estado del trámite de los expedientes (2010-2014) Fuente: elaboración propia. Finalmente, el siguiente gráfico ilustra cómo 95,78% de los procesos que se adelantan en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra miembros del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia se encuentran en preliminares. Este alto porcentaje contrasta con el escaso número de expedientes archivados: 1,90%. Figura 2 Estado del trámite de los expedientes (2010-2014) Fuente: elaboración propia. Conclusiones Varias conclusiones pueden extraerse a propósito de la rendición de cuentas de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia.

La primera es que existe un amplio conjunto de normas constitucionales y legales, que buscan que los jueces respondan por sus acciones y por sus omisiones. Así, fruto de una amalgama de elementos que se aproximan a las dos grandes tradiciones jurídicas, se han previsto algunas medidas que buscan mejorar la gestión de los tribunales.

Estas acciones, puestas en obra por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pueden ser leídas como desarrollos incipientes de judicial accountability, También se han implementado mecanismos que buscan asegurar la responsabilidad de los jueces a través de controles de tipo disciplinario y penal.

En estos casos, el común denominador es que los altos jueces gozan de una especie de inmunidad que hace que el control sobre sus acciones sea ejercido por la comisión al seno del Congreso colombiano. Pese a la existencia de estos diseños institucionales que buscan compensar las garantías de independencia con la exigencia de responsabilidad, en la práctica estos arreglos gozan de una débil eficacia.

La segunda es que una de las principales fracturas al sistema de responsabilidad de jueces es el inadecuado funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La falta de una gestión óptima de la Comisión hace que en la práctica los altos jueces en Colombia den pocas cuentas sobre sus acciones y por ende gocen de una legitimidad atenuada.

No puede pasarse por alto que la falta de legitimidad de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es especialmente grave. Se debe tener en cuenta que esta instancia es el juez de los jueces, por lo que su irresponsabilidad puede ser un incentivo poderoso para la comisión de acciones indebidas en niveles jerárquicos inferiores.

La tercera es que empiezan a emerger mecanismos que buscan asegurar la accountabiliy horizontal, ante las falencias anotadas en los mecanismos de control formal. Se trata de pronunciamientos a través de los cuales la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sentado bases claras sobre algunos principios que deben orientar la acción de sus colegas y en general la administración de justicia.

En este mismo escenario han aparecido formas de control informal que se originan en medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.52 Sobre el particular, es especialmente ilustrativa una situación. Los hechos sucedieron cuando un magistrado de la sala disciplinaria se vio envuelto en un escándalo por supuesta corrupción en el mes de noviembre de 2013.

Según revelaciones hechas por un importante medio de comunicación, el magistrado habría recibido importantes sumas de dinero para que los llamados procesos por falsos positivos fueran conocidos por la justicia penal militar.53 Las denuncias y la presión ejercida por los medios de comunicación condujeron a que el magistrado renunciara a su cargo.

Este es un hecho importante, en la medida en la que en otros escándalos protagonizados por miembros de la sala disciplinaria del Consejo, los magistrados han optado por retirarse temporalmente de su cargo, luego de lo cual regresan a sus funciones y terminan sus periodos de ley sin que sus conductas sean reprendidas de manera alguna.

Frente a este panorama, es necesario afinar el diseño institucional previsto para la investigación y juzgamiento de faltas de los altos jueces. Sin embargo, estas acciones pueden ser inútiles si no son acompañadas de medidas que garanticen no solo el ingreso de los mejores a los cuerpos judiciales, sino la interiorización de un cuerpo deontológico que enmarque sus acciones dentro y fuera de los estrados.

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Ginsburg, T. (2009), Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence. American Journal of ComparativeLaw, 57 (1), pp.103-134.4 Son varios los mecanismos a través de los cuales se ha buscado dotar al poder judicial colombiano de mayor independencia. Uno de los más importantes fue la exclusión de la participación del ejecutivo y el legislativo en integración del judicial.

Me refiero específicamente a la cooptación introducida a mediados del siglo XX. Posteriormente vendrían otras tentativas, más o menos eficaces, como la creación del Consejo Superior de la Judicatura y la implementación de la carrera judicial.5 En el segundo apartado de este documento me ocupo del conjunto de arreglos previstos en Colombia para hacer a los jueces responsables.6 Pese a que recientemente han sido publicados estudios que abordan el fenómeno de la independencia y la responsabilidad de los jueces en Colombia, estos análisis siguen siendo escasos.

Entre estos se encuentran: Franco, A. (1997). Independencia judicial y política en Colombia. Documento presentado en el encuentro de 1997 de la Latin American Studies Association. Primer borrador. Carrillo, F. (1998). La independencia judicial y su relación con los órganos legislativos. Revista de Derecho (Barranquilla), 9: pp.1-12.

Arrubla Paucar, J. (2007). La independencia del juez y democracia. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 37 (107): pp.307-310. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. (2009). Justicia bajo presión: Constricciones institucionales y atentados contra la independencia judicial en Colombia, 2005-2008, Bogotá, D.C: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).

  1. Rubiano, G.S. (2009).
  2. La Corte Constitucional entre la independencia judicial y la captura política. En M.
  3. García Villegas & J.
  4. Revelo Rebolledo.
  5. Mayorías sin democracia.
  6. Desequilibrio de poderes y estado de derecho en Colombia, Bogotá: Dejusticia.
  7. García Villegas, M., & Revelo Rebolledo, J. (2010),
  8. Estado alterado.

Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia, Bogotá: DEJUSTICIA. Por su parte, los estudios sobre la responsabilidad de los altos jueces son aún más escasos. Entre estos cabe destacar el realizado por Lamprea, E. (2009).Independencia judicial y rendición de cuentas en la nominación de candidatos a la corte constitucional colombiana.

Revista derecho Público, (23) : pp.3-10.7 Este artículo se inscribe en el marco de una tesis doctoral que, en general, explora el tema de la administración de la justicia en Colombia. La elección de la CS y del CSJ, puede justificarse por el interés de descifrar académicamente, y desde una perspectiva pluridisciplinaria, los efectos de la politización de la justicia y la judicialización de la política en los dos altos tribunales.

Es importante resaltar que estas dos altas cortes fueron elegidas como objeto de estudio en el año 2009. En esta época la CS y el CSJ acaparaban la atención de la comunidad académica, medios de comunicación y diversos sectores de la sociedad civil. Esta atención se generó básicamente por dos hechos.

  1. De un lado, se hicieron evidentes las consecuencias negativas de confiar a cuerpos políticos la elección de los miembros de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
  2. Del otro lado, la Corte Suprema de Justicia llevo a juicio y profirió condenas contra algunos políticos por nexos con grupos al margen de la ley.

Al mismo tiempo, las relaciones de este alto tribunal con el gobierno de turno se degradaron; el protagonismo moderado que tenían en este contexto específico la Corte Constitucional y el Consejo de Estado explica su exclusión del análisis propuesto. Teniendo en cuenta las vicisitudes de las relaciones entre la política y la justicia en Colombia, es posible que a la fecha de publicación de este artículo, otra sea la situación de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.8 La idea de accountability o rendición de cuentas tiene dos dimensiones: de un lado, la obligación de los políticos y los funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, y del otro, la capacidad de sancionar a estos políticos y funcionarios en caso de que violen sus deberes públicos.

Léase: Schedler, A. (1999), Conceptualizing accountability. En A. Schdeler, L. Diamondy & M.F. Plattner (eds.). The self-restraining State: power and accountability in new Democracies (pp.13-28). Boulder, Co: Lynne Rienner.9 Para el desarrollo metodológico de este artículo se tuvo en cuenta el trabajo de Coffey, A., & Atkinson, P.

(2005), Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias complementarias de investigación, Alicante : Universidad de Alicante.10 A propósito de los llamados trasplantes puede leerse el libro de López Medina, D.E. (2004), Teoría impura del derecho.

  1. La transformación de la cultura jurídica latinoamericana, Bogotá: Universidad de los Andes, Legis y Universidad Nacional de Colombia.11 Una exploración de la influencia del constitucionalismo francés en la constitución política 1991 puede leerse en: Guevara Rivera, C. (2007),
  2. Análisis de la influencia del constitucionalismo francés en la Constitución Política de 1991,

Tesis de grado para optar el título de magíster en derecho, bajo la dirección de Mauricio García Villegas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.12 Cabe destacar que pese a esta reticencia, países como España, Italia y Finlandia han adoptado recientemente, y con diversos resultados medidas ligadas, la new public management en sus sistemas judiciales.

  • Ver Contini, F., & Mohr, R. (2007),
  • Reconciling independence and accountability in judicial systems.
  • Utrecht Law.
  • Review, 3, pp.26-43; Frydman, B., & Jeuland E. (2011),
  • Le nouveau management de la justice et l’indépendance des juges, Paris: Dalloz.13 Entre las bases de este procedimiento se encuentran: traición, soborno, crímenes graves y delitos menores.14 A nivel estatal se han reportado casos en los que el presupuesto de las Cortes estatales han sido disminuidos por decisiones impopulares frente al gobernador o la legislatura.

En Schauffler, R. (2007), Judicial Accountability in the US State Courts: Measuring Court, Performance, Recuperado de http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-101059/40 Consulta realizada el 10 de septiembre de 2013.15 El Conseil Superior de la Magistrature Francés se ha manifestado sobre el particular afirmando que: « Cette règle trouve cependant un tempérament lorsque le comportement privé du magistrat donne lieu à des débordements pouvant avoir un retentissement sur l’exercice professionnel ou risquant de dégrader l’image de sa fonction ».

  • Ver Francia, Conseil Supérieur de la Magistrature, rapportd’activité 2002-2003, (période du 5 juin 2002 au 31 août 2003).16 Los ejemplos concretos de los comportamientos privados que oscurecen la acción del juez son detallados por Canivet, G., & Joly-Hurard J., (2009),
  • La déontologie du magistrat, París: Dalloz.17 El Conseil Supérieur de la Magistrature ha considerado que caracterizan una falta profesional, susceptible de acciones disciplinarias, las relaciones de amistad cuando conducen ” compromettre gravement l’independence du magistrat dans la cité ” Véase Commaret, D., (2000),

Les responsabilités déontologiques des magistrats á la lumière de la jurisprudence du Conseil Supérieur de la magistrature, En Association française pour l’histoire de la justice, (Ed. scientifique). Juger les Juges. Du Moyen Age au Conseil Supérieur de la Magistrature,

Paris: La documentation Française.18 Ver: Francia. Conseil Supérieur de la Magistrature, rapport d’activité 2002-2003 (période du 5 juin 2002 au 31 août 2003).19 En Colombia, también se han excluido los actos jurisdiccionales (interpretar la norma y adoptar decisiones) del control disciplinario. La excepción a esta regla se configura cuando la discrecionalidad se trasforma en arbitrariedad o se emiten decisiones que contraríen o desatiendan textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable.

Este es el criterio sostenido por la Corte Constitucional en sus fallos. Sobre el particular léase: Sentencia C-417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández; T-249 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-625 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-056 de 2004, M.P.

  1. Marco Gerardo Monroy Cabra.20 La renuencia a aceptar este tipo de composición de los consejos es amplia.
  2. La principal razón de esta reticencia se encuentra en el alto riesgo de corporativismo que implica tal integración.21 Esta definición ha sido acogida para los funcionarios del orden judicial.
  3. Ver Canivet, G., & Joly-Hurard J.

(2009), La déontologie du magistrat, París: Dalloz.22 En Francia esta iniciativa se ha traducido en la asignación a los magistrados de indemnidades que remuneran la importancia y el valor de los servicios prestados; se trata de una prima al mérito.23 Estos contratos buscan reducir los tiempos de juzgamiento en contrapartida de una locación de medios materiales y humanos a la jurisdicción contratante.24 Hasta el momento de redacción del presente artículo no existen condenas de tipo penal ni sanciones de tipo disciplinario proferidas contra los magistrados de las altas cortes.25 Véase ley 734 de 2002.26 Los funcionaros con fuero se encuentran excluidos de este control disciplinario.

  1. Como he resaltado a lo largo del texto, esto incluye, entre otros, a los magistrados de las altas Cortes.27 Artículo 196 ley 734 de 2002.28 Véase Ley 270 de 1996.29 La única excepción permitida por la legislación colombiana a esta regla es el ejercicio de la docencia o la investigación científica.
  2. En todo caso la dedicación a estas labores no puede exceder un número determinado de horas.

Ver Colombia, Ley estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, Diario oficial 42.745 del 15 de marzo de 1996, artículo 151.30 El poder sancionatorio en materia disciplinaria ha sido encomendado al Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, la Corte Constitucional en sus fallos de tutela y en algunas demandas de constitucionalidad ha sentado parámetros jurisprudenciales en temas como la autonomía e independencia de los jueces y el ejercicio del control disciplinario de la función judicial.31 El artículo 217 del acto legislativo n.° 1 de 1968 estableció que: ” El conocimiento de las faltas disciplinarias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corresponde al Tribunal Disciplinario, el cual está encargado de dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdicción común y la administrativa() “.32 En esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia fue enfática en recalcar que solo los superiores podían juzgar a los inferiores.33 Esta decisión de la Corte Suprema fue abiertamente criticada porque: ” habría convertido una gran organización, una importante organización, en un Tribunal de muy escasa importancia, que es lo que efectivamente tenemos hoy entre manos “.

Véase Intervención de Rodolfo García Ordóñez en Revista del Tribunal Disciplinario. Enero de 1986 a Diciembre de 1991.34 La ausencia de estudios académicos y estadísticas oficiales sobre el tema contrasta con la gran cantidad de páginas dedicadas por diferentes medios de comunicación a este tipo de denuncias.

Véase: Proceso contra campo soto, (4 de julio de 2000), El Tiempo, Despilfarro en la judicatura, (28 de septiembre de 2000). El Tiempo, Comisión de acusación tiene el caso. Magistrada denunciada por sus colegas, (23 de mayo de 2003), El Tiempo, El juez y la mafia, (25 de noviembre de 2006).

El Tiempo, Amistades peligrosas, (02 de diciembre de 2006). Semana. Denuncia penal de Uribe contra presidente de la Corte Suprema de Justicia, (18 de enero de 2008), El Tiempo, Uribe demandara por injuria y calumnia al presidente de la Corte, (18 de enero de 2008), El Espectador, Gobierno contra ataca a Corte Suprema con denuncia a sus magistrados, (27 de junio de 2008), El Tiempo,

Sorpréndase: mi vida social ha sido siempre muy restringida (12 de julio de 2008), El Espectador, Magistrados preocupa su elección, (30 de agosto de 2008), El Espectador, Ovidio claros, nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura está demandado por alimentos (8 de septiembre de 2008), El Tiempo,

  1. Orozco, C., (10 de octubre de 2008).
  2. Denuncié a cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, El Espectador,
  3. Coronell, D.
  4. 11 de abril de 2009).
  5. Un magistrado en Problemas, Semana,
  6. La red del Consejo de Estado, (05 de septiembre de 2009), El Espectador,
  7. Las llamadas de los magistrados que la procuraduría pide investigar, (06 de septiembre de 2009), El Espectador,

Acusaciones enfrentan a la sala administrativa con la disciplinaria de la Judicatura, (11 de Enero de 2012), El Espectador, Denuncian sobrecostos en contratación en Sala Administrativa de la Judicatura, (11 de enero de 2012), El Espectador, Choque de trenes por investigación de carrusel de nombramientos, (16 de febrero de 2012), El Tiempo,

  1. Abren proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados, (7 de marzo de 2012), El Espectador,
  2. Senadores y magistrados admiten tener familiares en la procuraduría, (10 de octubre de 2012), El Espectador,
  3. Necesitamos mejores magistrados: Presidenta de la Judicatura, (28 de octubre de 2012), El Tiempo,

¿Quién frena a los magistrados?, (17 de noviembre de 2012), El Tiempo, Orozco, C. (04 de mayo de 2013). Entrevista a Néstor Raúl Correa, El Espectador. Este sábado llegan a Cartagena los magistrados de polémico crucero, (24 de mayo de 2013), El Tiempo,

Fin del carrusel de pensiones, (25 de mayo de 2013), El Espectador, Piden embargar sueldo de la magistrada María Mercedes López, (19 de junio de 2013), El Tiempo, Fiscalía reveló pruebas en carrusel por pensiones, (09 de agosto de 2013), El Espectador, Archivan investigación a secretaria de la Judicatura por carrusel de pensiones, (27 de agosto de 2013).

El Espectador, Las pistas que destaparon el cartel de los magistrados de Paloquemao, (19 de octubre de 2013), El Tiempo, Las grabaciones que incomodan al magistrado Villarraga, (27 de octubre de 2013), El Espectador, El otro escándalo del magistrado Villarraga, (28 de octubre de 2013), Semana,35 Los procesos actuales de nominación y selección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura han sido objeto de fuertes críticas.

En el caso de la primera institución, se han resaltado inconvenientes ligados a la intervención de la Sala Administrativa en la elaboración de listas de Candidatos. Por su parte, los reproches hechos al proceso de nominación y selección de miembros de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se concentran en la competencia para nominar y seleccionar confiada al Presidente y al Congreso de la República.

Sobre este último caso léase Revelo Rebolledo, J. (2009), El Consejo Superior de la Judicatura entre eliminación y cooptación. En M. García Villegas & J. Revelo Rebolledo (eds.), Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia 2002-2009, (pp.248-281).

Bogotá: Dejusticia.36 A estos problemas se suma el desprestigio que en ciertos momentos ha ensombrecido al Congreso colombiano, como fue el escándalo de la parapolítica. Léase López Hernández, C., & Ávila Martínez, A. (2010), Y refundaron La Patria: de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano,

Bogotá: Debate.37 El artículo 178 de la Constitución Política de 1991 establece que corresponde a la Cámara de Representantes: “‘ Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación’.

Por su parte el artículo 174 establece que corresponde al Senado: ‘conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos ‘”.38 Este modelo de investigación y juicio, esencialmente político, fue fijado en algunos apartes del texto constitucional de los Estados Unidos. El castigo consiste en la remoción del cargo y la inhabilidad a futuro para ejercer cargos.

  1. Además, quienes han sido condenados por este procedimiento no pueden ser indultados.
  2. En este país el impeachmentse inscribe en el marco del checks and balances,
  3. Así, el poder conferido al legislativo busca prevenir los abusos del ejecutivo y del judicial.
  4. Sobre el particular léase: Berger, R. (1974),
  5. Impeachment: The Constitutional Problems, Cambridge: Harvard University.

Gerhardt, M.J. (1996), The Federal Impeachment Process: A Constitutional and Historical Analysis, Princeton, N.J: Princeton University Press; Vergniolle de Chantal, F., (2000), L’analyse constitutionnelle de l’ impeachment aux États-Unis In: Revue Française de Science Politique, 50e année,1, pp.147-154 ; Stolz, P,.

(1969), Disciplining Federal Judges: Is Impeachment Hopeless? California Law Review, 57 (3), p.659-670.39 Las funciones de la comisión de investigación y acusación han sido previstas en la ley 5 de 1992 y la ley 273 de 1996.40 Para más información ver: Colombia, Congreso de la República, Ley 5 de 1992, Diario Oficial n.° 40.483 de 18 de junio de 1992.

Artículo 311.41 Entre los escándalos protagonizados por los miembros de esta institución en los últimos cinco años se encuentran: ‘el carrusel de las pensiones’, ‘la falsificación de actas’, ‘la venta de fallos’ y ‘tráfico de influencias’.42 Carlos Cortés Castillo, (8 de mayo de 2010), La Silla Vacía,

Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/12350,43 Según el diario El Tiempo, “Desde 1972 (no hay contabilidad de procesos anteriores), la Comisión de Investigación y Acusación ha abierto 3.058 procesos, de los cuales archivó 1.765 y tiene vigentes 1.293 ()” ( Valero, 2012 ).44 Esto significa que el primer periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 20 de julio hasta 16 de diciembre.

Por su parte el segundo tipo de estas sesiones, se desarrolla entre el 14 de marzo y concluye el 20 de junio.45 En 2012 se calculaba que cada miembro de la comisión debía ocuparse en promedio de 100 expedientes.46 Véase, El Presidente de la Cámara renuncia a la Comisión de Acusaciones, (12 de septiembre de 2012), El Espectador,47 El artículo 331 de la Ley 5 de 1992, modificado por la Ley 273 de 1996 dice: “El Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, dentro de los dos (2) días siguientes, repartirá la denuncia o queja entre los representantes que integran la Comisión, pudiendo designar hasta tres (3) representantes investigadores para un asunto determinado.

  1. En tal caso, designará a uno de ellos coordinador.
  2. El representante investigador o representantes investigadores, dentro de los dos (2) días siguientes, citarán al denunciante o quejoso para que se ratifique bajo juramento”.48 En el momento de redacción del presente texto, la comisión tiene catorce (14) miembros de los cuales ocho (8) son abogados titulados.

Tres (3) de sus miembros son administradores de empresas y uno (1) es trabajador social. Sin embargo (aún en el caso de los abogados titulados), la mayoría de estos congresistas tienen una vasta experiencia en el medio político y muy escasa en el judicial.49 Corte Suprema de Justicia, 23 de mayo de 2012, Sala de casación penal.

MP Julio Enrique Socha Salamanca.50 Para más información consultar: Consejo de Estado le retira investidura al Congresista Héctor Vergara, (21 de agosto de 2012), El Tiempo,51 Los datos se encuentran disponibles en la página web, http://www.camara.gov.co/portal2011/proyectos-vigentes-comision-investigacionconsultada el 2 de septiembre de 2013.52 Se trata de accountability social,53 Sobre el particular léase: Las grabaciones que incomodan al magistrado Villarraga (27 de octubre de 2013), El espectador,

El otro escándalo del magistrado Villarraga, (28 de Octubre de 2013), Semana, Notas de autor ** Doctoranda en derecho de la Université Pierre Mendés, Francia. Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Abogada egresada de la Universidad Libre.

¿Quién conforma la Corte?

La Constitución federal deposita el poder judicial federal en diversos órganos del estado, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o la Corte). La SCJN es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación (PJF) en términos jurisdiccionales –excepto en algunas controversias electorales, lugar que ocupa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– y su principal función es la de vigilar el cumplimiento y respeto de la Constitución federal.

  • De acuerdo con nuestra Constitución, la SCJN se compone de once ministros –cuyo cargo dura quince años– y funcionará, a su vez, en dos órganos: Pleno y Salas.
  • Su presidente se elige por cuatro años, sin posibilidad de reelección.
  • La Corte sesiona en dos periodos ordinarios anuales.
  • La regla general indica que sus sesiones son públicas.

Incluso las sesiones del Pleno son transmitidas por televisión, a través del Canal Judicial, y por Internet, desde su página. Sin embargo, pueden ser privadas en los casos en que la moral o el interés público lo justifiquen. Su funcionamiento se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y en diversos acuerdos generales emitidos por el Pleno.

El Pleno El Pleno se integra por la totalidad de integrantes de la Corte, pero requiere únicamente de siete para sesionar en la mayoría de los casos. Asimismo, sus resoluciones se toman por mayoría de votos, excepto en los mismos casos en los que se requiere de más de siete integrantes para sesionar, que se resuelven por mayoría de ocho votos.

El Pleno sesiona los días lunes, martes y jueves, a partir de las once horas. Sus competencias, de acuerdo con la Constitución y la LOPJF, son principalmente jurisdiccionales –es decir, la resolución de una controversia legal entre particulares y autoridades o entre autoridades– pero también tiene competencias de índole administrativa y legislativa en sentido material.

Las jurisdiccionales comprenden a las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, algunos recursos de revisión y de queja de amparos directos e indirectos, los recursos de reclamación en contra de acuerdos del presidente de la Corte en asuntos ante el Pleno, los incidentes de inejecución de sentencia, las contradicciones de tesis, algunas controversias fiscales entre la federación y los estados, y la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Las administrativas y legislativas consisten en la resolución de excusas o impedimentos de algún ministro o ministra en un asunto, los conflictos laborales y quejas administrativas a su interior, la emisión de acuerdos generales y otra normativa, la elección de quien ocupara la presidencia de la Corte, así como decisiones relacionadas con el otorgamiento de licencias, la adscripción de sus miembros en las Salas y la aprobación de su presupuesto de egresos, entre otras.

  • Igualmente, cualquier otra competencia de la Corte no asignada a las Salas corresponde al Pleno.
  • Si bien la Constitución y la LOPJF asigna al Pleno la competencia de los asuntos mencionados, mediante diversos acuerdos generales el Pleno ha delegado algunas de sus funciones a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Las Salas La Corte funciona también en dos Salas, cada una compuesta por cinco ministros, de entre quienes se elige a su presidente cada dos años. Se requiere sólo de cuatro integrantes para sesionar y sus resoluciones se toman por mayoría de votos. Sesionan los días miércoles, a partir de las once horas.

  • Las Salas dividen su competencia por materia.
  • La Primera Sala conoce de asuntos civiles y penales, y la Segunda de administrativos y laborales.
  • Las Salas llevan a cabo funciones jurisdiccionales principalmente, pero a su vez cuentan con algunas administrativas.
  • En cuando al primer tipo, por ley, las Salas resolverán las apelaciones a las controversias federales resueltas por jueces de distrito, cuando lo solicite un Tribunal Unitario de Circuito o el Procurador General de la República, las revisiones a los amparos directos e indirectos en ciertos casos, algunos recursos de queja en juicios de amparo, los recursos de reclamación en contra de acuerdos dictados por su presidente en los asuntos de su competencia, algunas controversias competencias que involucren a órganos del PJF, las contradicciones de tesis entre Plenos o Tribunales Colegiados de diferente Circuito, las controversias sobre los convenios de colaboración penal entre los estados y el D.F.

y el reconocimiento de inocencia. Sus funciones administrativas consisten en la resolución de los impedimentos y excusas de sus integrantes y la elección de sus presidentes/as. La jurisprudencia Una de las principales funciones de la SCJN, tanto del Pleno como de las Salas, es generar los criterios interpretativos obligatorios para el PJF y para algunos tribunales administrativos.

  • La jurisprudencia se genera en los casos particulares que resuelve la Corte y otros órganos jurisdiccionales, y consiste en la interpretación de una norma jurídica o de su aplicación que debe ser, a su vez, aplicada o utilizada.
  • En el caso del amparo, se construye por reiteración, contradicción de tesis y sustitución.

En los de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, los argumentos de una sentencia y su resolución serán obligatorios cuando sean resueltas por una mayoría de al menos ocho votos. La obligatoriedad de la jurisprudencia es jerarquizada: la emitida por el Pleno –en amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales obliga a todos los demás órganos judiciales federales, incluidas las Salas y el TEPJF –en lo aplicable–, y locales, así como otros tribunales administrativos como los militares, agrarios y fiscales.

  • La emitida por las Salas no lo es para el Pleno, pero sí para ellas mismas y el resto de los órganos mencionados.
  • Para saber más de la Corte En el sitio web de la SCJN ( www.scjn.gob.mx ) pueden consultarse la mayoría de sus resoluciones y su jurisprudencia, y se pueden ver sesiones anteriores.
  • Igualmente, es posible encontrar estadísitca sobre sus actividades y otra información relevante.

Regina Larrea Maccise, Abogada por el ITAM, doctoranda en Derecho por la Universidad de Harvard y feminista. Twitter: @rlmaccise De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primer periodo comienza “el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.” Dichos acuerdos generales son muy importantes, pues establecen el mapa competencial del Poder Judicial de la Federación a detalle, respecto de lo no predeterminado por la Constitución o la legislación.

Esta regla se exceptúa en los casos de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales –en los casos mencionados en el penúltimo párrafo de la fracción I, del artículo 105 constitucional– y la declaratoria general de inconstitucionalidad. En casos de empate, se convocará a una nueva sesión a la que asistan quienes estuvieron ausentes.

En caso de un segundo empate, el Presidente de la SCJN asignará el proyecto a otro ministro/a, para que se elabore un nuevo proyecto de resolución. Si persistiera el empate, el voto del Presidente decidirá el asunto. Artículo 10, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para consultar con más detalle la competencia del Pleno, ver el artículo 10 de la LOPJF. Ver artículo 11 de la LOPJF. Ver Acuerdos Generales Plenarios 5/2001, 8/2003, 3/2008, 12/2009, 11/2010 y 5/2013. En los casos de empate, el procedimiento a seguir es similar al del Pleno, excepto en que no hay una segunda discusión del primer proyecto de resolución y en que si después de turnarse el proyecto a otro miembro el empate persiste, el Presidente de la SCJN enviará a un miembro de la otra Sala.

Si aún así no hay mayoría de votos, el voto del Presidente de la Sala decidirá el asunto. Acuerdo General Plenario 5/2013. Dado que esto se encuentra regulado a través de un acuerdo general, la distribución y criterio competencial puede cambiar mediante otro acuerdo general.

  1. Cuando se emite un criterio interpretativo importante, pero aún no cumple con los requisitos para ser considerado obligatorio, se emite una tesis aislada, misma que puede llegar a convertirse en jurisprudencia, y que por el momento tiene carácter únicamente orientador.
  2. Ver artículo 235 de la LOPJF y tesis de jurisprudencia de rubro Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tienen ese carácter y vinculan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las consideraciones sustentadas en una acción de inconstitucionalidad cuando se aprueban por ocho votos o más, 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág.12 (registro electrónico 160544).

Si bien los tribunales fiscales no se encuentran incluidos en las respectivas leyes que establecen dicha jerarquía, la Suprema Corte ha resuelto que si los obliga. La misma tesis de jurisprudencia puede interpretarse en el sentido de que la jurisprudencia de la Corte obliga a todos los órganos del estado que llevan a cabo funciones materialmente jurisdiccionales, sin embargo está sujeto a interpretación.

Ver tesis de jurisprudencia de rubro Revisión Fiscal. La inobservancia de una jurisprudencia por la Sala Fiscal actualiza el supuesto de importancia y trascendencia previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para la procedencia de aquel recurso, 10a.

¿Cómo se divide la Corte Suprema de Justicia?

La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma Corporación de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de ocho años. La Corte Suprema de Justicia, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales legales y reglamentarias, consta de cinco Salas: Sala Plena, Sala de Gobierno, Sala de Casación Civil y Agraria, Sala de Casación Laboral y Sala de Casación Penal. Presidente Fernando Castillo Cadena Vicepresidente Gerson Chaverra Castro Presidente Sala Civil Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez Presidente Sala Laboral Magistrado Gerardo Botero Zuluaga Presidente Sala Penal Magistrado Hugo Quintero Bernate Que Hace La Suprema Corte De Justicia Presidente Sala Especial de Primera Instancia Magistrado Ariel Augusto Torres Rojas Que Hace La Suprema Corte De Justicia Presidente Sala Especial de Instrucción Magistrado César Augusto Reyes Medina Magistrada Hilda González Neira Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrado Francisco José Ternera Barrios Que Hace La Suprema Corte De Justicia Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo Magistrado Luis Alonso Rico Puerta Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque

¿Quién es la máxima autoridad en el tribunal Constitucional?

– El Pleno es el máximo órgano de gobierno del Tribunal Constitucional. Está integrado por todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado al que corresponde la precedencia según el artículo 9 de este Reglamento.

¿Qué casos llegan a la Suprema Corte?

La intervención de la SCJN en los juicios de amparo –

Amparos directos trascendentales. En ciertos casos, la SCJN puede resolver juicios de amparo directo cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que la trascendencia de los problemas jurídicos planteados en tales asuntos requiera de un pronunciamiento por su parte. La SCJN, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de este tipo de amparos.

  • Recursos de revisión, de queja y de reclamación. Son medios de impugnación que proceden contra actos procesales y que puede promover la parte que se estima agraviada, con el fin de que los referidos actos sean revisados y, en su caso, revocados, modificados o anulados. La SCJN puede atender los tres tipos de recursos, en los siguientes casos:
  • Recursos de revisión en amparos indirectos, en casos especiales. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede el recurso de revisión. De éste conocerá la SCJN cuando habiéndose impugnado leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, o bien, cuando se trate de leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o en los casos de leyes o actos de los Estados que invadan la esfera de la autoridad federal.
  • Recursos de revisión en amparos directos. La SCJN podrá conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, de la Ciudad de México o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado que dichas normas son directamente violatorias de la Constitución, por lo que subsiste el problema de constitucionalidad.
  • Recursos de queja. La SCJN es la encargada de atender los recursos de queja interpuestos contra las resoluciones que dicten los Juzgados de Distrito o los tribunales que hayan conocido del juicio —en el caso de jurisdicción concurrente— o los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de las quejas interpuestas ante ellos, siempre que el conocimiento de las revisiones en los juicios de garantías en los que las quejas se hagan valer, le hayan correspondido a la SCJN. A este recurso se le conoce también como “queja de la queja” pues, como puede verse, se trata de una queja que se promueve en contra de la resolución recaída a un recurso de queja anterior.
  • Recursos de reclamación. Corresponde al Pleno de la SCJN conocer de los recursos de reclamación interpuestos contra las determinaciones o acuerdos emitidos por la Presidencia de la SCJN, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del propio Pleno de la SCJN.
  • Casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados. Si la autoridad responsable incumple la sentencia de amparo, pero ese incumplimiento es justificado, la SCJN otorgará un plazo razonable para su cumplimiento. Si el incumplimiento es inexcusable, el titular de dicha autoridad será inmediatamente separado de su cargo y consignado ante un Juez de Distrito. Si concedido el amparo se incurriera en la repetición del acto reclamado, la SCJN separará de su encargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera habido una actuación dolosa y se deje sin efecto el acto repetido. El cumplimiento sustituto de una sentencia podrá ser solicitado por el quejoso o decretado de oficio por la SCJN, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso o cuando resulte imposible o gravoso en extremo el restituir la situación a la forma que tenía antes de la violación.
  • Casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes. La autoridad responsable que no suspenda el acto reclamado o cuando admita por mala fe o negligencia fianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente.
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¿Cuánto demora una sentencia en la Corte Suprema?

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

¿Quién resuelve el caso?

1) Los jueces tienen la obligación de resolver todos los casos que dentro de su competencia les fueran planteados y si bien la competencia de un juez suele ser limitada, se supone que la competencia de todos los jueces es exhaustiva en el sentido de que para todo problema jurídico siempre ha de haber un juez competente

¿Quién elige a los jueces?

Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho.

¿Cuál es la función de los jueces?

Las funciones de los jueces son:

  1. Son los responsables de administrar la justicia en la Ciudad.
  2. Controlan que se de cumplimiento de las garantías constitucionales y leyes de la Ciudad.
  3. Juzgan las conductas imputadas en juicio oral y público.
  4. Aprueban soluciones alternativas al juicio que sean acordadas por las partes.
  1. Ser independientes, inamovibles y responsables.
  2. Resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en el derecho.
  • Conservan sus empleos mientras dure su buena conducta
  • Reciben por sus servicios una retribución que no puede ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones
  • Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores
  • Pagan los impuestos que establezca la Legislatura y los aportes previsionales que correspondan
  • Sólo pueden ser removidos por juicio político o por un jurado de enjuiciamiento

Quienes interrumpan o intenten interrumpir el orden institucional o democrático, hayan participado de actos violatorios de los derechos humanos, estén realizando alguna actividad política partidaria, el ejercicio del comercio, alguna actividad profesional o se estén desempeñando en otros empleos públicos o privados.

  • Ser argentino/a
  • Tener 25 años de edad como mínimo
  • Abogado/a con 4 años de graduado/a y especial versación jurídica
  • Haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires o acreditar una residencia inmediata no menor a 3 años

Segunda Instancia (Cámara y Tribunal Oral)

  • Ser argentino/a
  • Tener 30 años de edad como mínimo
  • Abogado/a con 6 años de graduado/a
  • Haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires o acreditar una residencia inmediata no menor a 3 años

Tribunal Superior

  • Ser argentino/a
  • Tener 30 años de edad como mínimo
  • Abogado/a con 8 años de graduado/a
  • Haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires o acreditar una residencia inmediata no menor a 5 años

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¿Quién juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

Carolina Guevara Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: una fractura al sistema de responsabilidad de altos jueces en Colombia * Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol.17, no.2, 2015 Universidad del Rosario Carolina Guevara ** [email protected] Université Pierre Mendés, Francia Recepción: 10 Diciembre 2014 Aprobación: 17 Abril 2015 Resumen: En Colombia se asiste a la explosión del número de denuncias por faltas de todo tipo en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.

  1. También, se acrecienta la sensación de que los jueces cuentan con suficientes arreglos que garantizan su independencia, sin que a la par se asegure que estos respondan por sus acciones y omisiones.
  2. El presente documento busca mostrar cómo pese a la existencia de un cuerpo normativo que busca asegurar que los altos jueces rindan cuentas, en la práctica estos mecanismos se muestran poco eficaces.

La fractura al sistema de rendición de cuentas puede rastrearse en la deficiente gestión del ente que por ley controla a los togados: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Palabras clave Independencia, responsabilidad, accountability, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura.

  • Abstract: In these days, we can constant a growing number of offence denunciations against the judges composing the Supreme Court and the ones composing the Supreme Judicial Council.
  • People also feel judges dispose of number of arrangements to guarantee their independence.
  • As a result, there is the feeling judges don’t respond for their actions and omissions.

This paper intends to show that even if normative rules exist to control judges the control mechanisms don’t work. The problem of the control system resides in the poor management of the commission of investigation and prosecution of the House of Representatives, entity that is meant ruling the mentioned control system.

  • Eywords: Independence, responsibility, accountability, Supreme Court, Supreme Judicial Council.
  • Resumo: Na Colômbia assiste-se à explosão do número de denúncias por faltas de todo tipo contra magistrados da Corte Suprema de Justiça e do Conselho Superior da Judicatura.
  • Também, acrescenta-se a sensação de que os juízes contam com suficientes arranjos que garantem sua independência sem que isso assegure que estes respondam pelas suas ações e omissões.

O presente documento busca mostrar como embora a existência de um corpo normativo que busca assegurar que os altos juízes prestar conta de suas ações, na prática estes mecanismos mostram-se pouco eficazes. A fratura ao sistema de rendição de contas pode rastear-se (entre outros fatores) na deficiente gestão do ente que por lei controla aos togados: a Comissão de Pesquisa e Acusação da Câmara de Representantes.

Palavras-chave: Independência, responsabilidade, accountability, Corte Suprema de Justiça, Conselho Superior da Judicatura. Introducción El reverso de la independencia de los jueces es su responsabilidad. Si bien se asume que los jueces deben ser independientes, 1 estos deben responder por sus acciones y omisiones.2 Así, el fortalecimiento de garantías y arreglos encaminados a garantizar la independencia de los jueces, debe acompañarse de mecanismos óptimos de rendición de cuentas.

Diversos estudios a través del mundo se han concentrado en el fenómeno de la independencia. Menos atención ha recibido la obligación de los jueces de dar cuentas de sus actos.3 Colombia no ha sido la excepción en cuanto al establecimiento de arreglos institucionales que promuevan la independencia 4 y la responsabilidad 5 del poder judicial.

  1. Por su parte, son pocos los estudios académicos en el país que se han consagrado al fenómeno de la independencia y al de la rendición de cuenta de los jueces.6 En la práctica, es notorio el incremento de acusaciones y escándalos vinculados con magistrados de las altas cortes colombianas.
  2. También es evidente que el importante número de denuncias contrasta con las demoras en el trámite de expedientes y la ausencia de sanciones.

¿Qué tan responsables son los altos jueces 7 de la Corte Suprema de Justicia (CS) y del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia (CSJ)? Es esta la pregunta que intento responder en este documento. La respuesta que formulo es que, pese a la existencia de un número importante de arreglos institucionales que buscan hacer que los altos jueces den cuentas de sus actos, 8 estos son débilmente responsables.

La fractura en el sistema de control debe rastrearse a partir del funcionamiento inadecuado del órgano que por mandato constitucional controla a los aforados: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Este trabajo se sustenta en la triangulación de diversas fuentes primarias ( Bericat, 1998 ).

En este orden de ideas, son varias las fuentes metodológicas 9 utilizadas en la elaboración de esta investigación. En primer lugar, se encuentra la bibliografía que aborda el tema de la independencia y la rendición de cuentas. Del mismo modo fue leído y analizado un conjunto de normas constitucionales y legales que en Colombia fijan los parámetros de responsabilidad de los jueces, así como algunos pronunciamientos judiciales (sentencias).

Además de esta serie de escritos académicos, el presente trabajo se ha nutrido con una vasta revisión de artículos de prensa que hacen alusión a supuestas ‘conductas indebidas’ de los miembros de la CS y del CSJ. Las noticias recuperadas fueron clasificadas, leídas y analizadas, con el fin de corroborar su pertinencia en el análisis propuesto.

Solo en casos puntuales se incluyen extractos de los artículos de prensa. La revisión de artículos de prensa se focalizó en dos diarios y una revista de circulación nacional, a saber: El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. También se consultó la información disponible en la Silla Vacía.

  • La revisión de artículos de prensa (un total de 40) abarca el periodo comprendido entre el mes de enero de 2000 y el mes de noviembre de 2013.
  • La elección de este periodo obedeció al hecho de que a partir del año dos mil, la prensa escrita empieza a destacar algunas consecuencias negativas del proceso de selección política de los magistrados de la sala disciplinaria del CSJ.

Finalmente, la revisión de artículos de prensa se detiene en el mes de noviembre de 2013, época en la que este artículo fue concluido. Finalmente, este documento tiene en cuenta el análisis estadístico de la información sobre los procesos contra los magistrados, disponible en la página oficial del Congreso de la República en Internet.

  1. Este artículo se organiza de la siguiente manera.
  2. En un primer apartado me ocupo de la forma como se concibe la responsabilidad en las dos grandes familias del derecho.
  3. El énfasis hecho en la tradición de derecho civil y del common law, se justifica a partir de la importación y adaptación de arreglos institucionales propios de estas dos tradiciones al contexto colombiano.10 Es importante destacar que durante mucho tiempo el modelo que fue privilegiado en Colombia fue el del derecho civil.11 Esta es la razón por la que en este artículo se privilegia la presentación del caso francés y en menor medida, del italiano.

El actual Consejo Superior de la Judicatura, por solo citar un ejemplo, ha sido inspirado en los llamados Consejos de la Magistratura, que a mediados del siglo XX fueron creados en Francia e Italia. Por su parte, la importación de instituciones propias de la tradición del Common law, se incrementa a partir de la expedición de la constitución política de 1991( Guevara Rivera, 2007 ).

Este hecho puede explicar la adopción en el campo judicial de una visión de eficiencia en la gestión y de la idea anglosajona de la accountability, En la segunda parte, presento en detalle los mecanismos que en la legislación colombiana buscan que los jueces respondan por faltas de tipo penal y disciplinario.

A través de algunos ejemplos muestro cómo este marco normativo es poco eficaz para asegurar un control adecuado sobre la conducta de los altos jueces. En la tercera parte me concentro en una de las principales fracturas del sistema de responsabilidad: la existencia de una Comisión política que investiga y juzga a los altos jueces.

  • Finalmente, concluyo afirmando la ineficacia de los mecanismos directos de rendición de cuentas y resaltando la emergencia de un tipo de control efectivo: el de los mecanismos indirectos e informales de control.1.
  • El propósito de la independencia y responsabilidad de los jueces Tal y como ocurre con el fenómeno de la independencia, el de la rendición de cuentas está fuertemente emparentado con la tradición jurídica en la que se inscribe un sistema.

La tradición determina el tipo de control ejercido sobre los jueces y sobre todo la forma como es ejercido. Así, a través del mundo los Estados (según se orienten por el common o el civil law ) pueden privilegiar como principio la judicial independence o la judicial accountability ( Peri, 2012 ).

La judicial independence privilegia el establecimiento de principios y reglas a través de las cuales se restringe la influencia de otros poderes en las decisiones de los jueces. Los arreglos institucionales que persiguen el objetivo de la independencia pasan, entre otros, por el establecimiento de estrictos criterios de nominación, selección, promoción y duración en el cargo.

Se trata de que el juez es sobre todo un funcionario y por ende se somete a la ley, y a fuertes controles de tipo jerárquico y disciplinario ( Canivet, & Joly-Hurard, 2006 ). Además, debe responder como cualquier ciudadano cuando cometa un delito. En raras ocasiones los jueces en los Estados que privilegian el valor de la judicial independence, responden ante el ejecutivo, el legislativo o la ciudadanía en general.

También son escasos los países que en esta tradición han buscado fortalecer la judicial accountability, a través de parámetros derivados del new public management,12 El principal reparo que se hace al incremento de la rendición de cuentas es que puede acarrear una disminución de la independencia y de la imparcialidad del juez.

Por su parte, la judicial accountability se relaciona con la entrega de cuentas en una relación. De hecho, esta expresión es una de la cuestiones claves del new public management, En este contexto se busca promover la eficiencia, el control de costos y optimizar los resultados de la gestión ( Contini & Mohr, 2007 ).

  1. Desde esta perspectiva, el juez más que la boca de la ley, es concebido como un actor que juega un rol dentro de la organización pública prestando un servicio al público ( Contini & Mor, 2007 ).
  2. Así, el juez debe dar cuenta de las normas escritas, sobre todo a la sociedad y a las instituciones democráticas.

La rendición de cuentas es privilegiada en los países que siguen la tradición del common law, en la que existe una imagen valorizada de un juez prestigioso que llega al cargo luego de un proceso riguroso. Este juez integraría una élite social e intelectual, por lo que su error sería apenas concebible ( Canivet, & Joly-Hurard, 2006 ).

  1. Esta idea no impide que los jueces respondan por sus acciones y sean disciplinados.
  2. En Estados Unidos, por ejemplo, se establece que los jueces federales permanecen en sus cargos mientras observen buena conducta.
  3. Esta prescripción se traduce en la permanencia vitalicia en sus cargos.
  4. Sin embargo, estos altos jueces pueden ser removidos de sus cargos a través del procedimiento legislativo del impecheament, 13 cuyo uso en la práctica es raro.

Por su parte, a nivel estatal se han establecido comisiones de disciplina judicial y remoción. Sin embargo la responsabilidad de los jueces en esta tradición no solo se traduce en la posibilidad de ser disciplinados, sino en el hecho de que deban rendir cuentas a la sociedad sobre sus acciones.

  • En los Estados Unidos, dado que el Congreso tiene un amplio poder para decidir sobre el presupuesto 14 y sobre la organización judicial, el poder judicial se obliga a presentar un informe sobre la utilización óptima de recursos ( Gur-Arie & Wheeler, 2002 ).
  • Del mismo modo, la presentación de informes estadísticos hace que los jueces den cuenta sobre la eficacia de su gestión.

En algunos casos se ha denunciado cómo a través de estos procesos de rendición de cuentas, el legislativo y el ejecutivo pueden incidir en la decisión de los jueces, y por ende en su independencia. En suma se trata de que el juez en las dos grandes familias del derecho está llamado a rendir cuentas por sus acciones y omisiones.

A continuación presento en detalle las formas en que puede revestir la responsabilidad. La responsabilidad disciplinaria, En general, este tipo de responsabilidad persigue la violación o el desconocimiento de las faltas frente a deberes profesionales, reglas deontológicas y principios éticos. Así, se acepta que los jueces pueden faltar a sus deberes no solamente cuando ejercen sus funciones, sino a través de conductas inscritas en el ámbito de su vida privada.

En este caso, se puede tratar de atentados contra la imagen o la reputación de la institución judicial, como ha sido previsto en el caso de Italia y Francia. En este último país, en principio, se prevé que las manifestaciones de la vida privada del juez no relevan una acción disciplinaria.

Sin embargo, cuando los comportamientos privados atentan 15 contra el ‘crédito y la confianza de los justiciables’, la inmunidad del juez se diluye. Algunos de los actos privados que los jueces en este país están llamados a evitar son: 16 los gestos de violencia contra funcionarios, auxiliares y usuarios de la justicia, las relaciones afectivas o de amistad, esto es, las frecuentaciones públicas; 17 los compromisos religiosos, políticos, contractuales o sindicales cuando estos son la causa del ausentismo exagerado, y el retardo en las labores judiciales.

Un tipo de actos que se encuentran, en principio, excluidos de control disciplinario, son los actos jurisdiccionales. Sin embargo, como en el caso de los actos de la vida privada, existen ciertas excepciones, como cuando el juez en su sentencia, contra las apariencias, profiere un acto extraño a toda actividad jurisdiccional.18 Por ejemplo, cuando en la redacción del juzgamiento emplea términos inútiles, particularmente duros o violentos, inapropiados, irrespetuosos, extravagantes, groseros y racistas.19 En los países con tradición continental suele existir un órgano encargado de asegurar la disciplina de los jueces: el Consejo Superior de la Magistratura.

Esta institución puede tener una integración mixta, en la que se incluyen miembros de la magistratura, pero también personas que vienen de diversos medios. Esta composición mixta es notablemente el caso de Italia. En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura puede considerarse como de carácter mixto.

Otros países han preferido confiar la disciplina de sus jueces a un órgano integrado exclusivamente por personas del medio judicial.20 Las faltas disciplinarias, La garantía de independencia y el control sobre de la disciplina de los jueces se ha encomendado en ciertos países a los Consejos Superiores de la Magistratura ( Renoux, 2000 ).

  • Para cumplir sus fines, estas instituciones se orientan por normas especialmente previstas para tal fin.
  • En países como Francia, existe un statut de la magistrature, en el cual se define lo que constituye una falta disciplinaria.
  • En este país la ordenanza n.° 58-1270 de diciembre 22 de 1998 define la falta disciplinaria como: 21 ” tout manquent par un magistrat aux devoirs de son état, a l’honeur, a la délicatesse a la dignité constituant une faute disciplinaire “.

A lo anterior se suman una serie de deberes profesionales del orden deontológico que son compatibles con el estatuto arriba enunciado ( Canivet & Joly-Hurard, 2009 ). Aunque la imposición de sanciones por faltas disciplinarias es el ejercicio que predomina en muchos países (incluido Colombia), otros han optado por conjugar la prevención y la sanción.

  • Esta estrategia pasa por un conjunto de políticas y acciones encaminadas a fortalecer en el cuerpo judicial la concienciación sobre la importancia de su misión y la imagen que de esta envían a la sociedad.
  • En la práctica, se ha resaltado cómo la conciencia elevada sobre valores deontológicos pasa por las buenas prácticas en el reclutamiento y la formación inicial y continua de los jueces ( Canivet & Joly-Hurard, 2009 ).

Además, pueden ser de gran utilidad las acciones que buscan recompensar a “los buenos jueces”.22 En Francia estas acciones se han traducido en la prima al mérito y en la firma de contratos de objetivos.23 Del mismo modo, se ha resaltado la importancia de adoptar códigos de deontología y órganos de reflexión, que sensibilicen al cuerpo judicial sobre los problemas ligados a la ética profesional.

Responsabilidad Penal, Generalmente se acepta a través del mundo que los jueces responden por delitos o infracciones a la ley penal. En algunos casos, los Estados tipifican de manera concreta conductas delictivas en las que pueden incurrir los jueces en ejercicio de sus funciones. En esta medida, las legislaciones penales suelen prever un apartado de los llamados delitos contra la administración de justicia: peculado, corrupción, abuso de autoridad, violación del secreto profesional y negación de justicia.

Este es el caso de países como España ( Durand, 2003 ) en donde el código penal, establece una sección de delitos contra la administración de justicia, dentro de los cuales se encuentra la prevaricación. En otros países los jueces pueden responder por sus infracciones como cualquier otro funcionario (Bélgica o Italia) o como cualquier otro ciudadano (Francia).

En este último caso, los jueces no gozan de ningún privilegio de jurisdicción ni de inmunidad luego de la ley n.° 93-2 del 4 de Enero de 1993. Así, los jueces en este país, pueden ser perseguidos penalmente, como cualquier otro ciudadano, en nombre del principio de igualdad de todos ante la ley ( Canivet & Joly-Hurard, 2006 ).

Algunos países han reconocido un sistema de inmunidad para los jueces, que puede ser de tipo sustancial o procesal ( Canivet, 2003 ). En la primera categoría se encuentra una prohibición de seguir a los jueces por actos u omisiones relacionados directamente con su función de juez, como es el acto de proferir una sentencia.

Dentro de las inmunidades de carácter procesal, se encuentran aquellas orientadas a que el inicio de la acción de responsabilidad penal requiera una autorización previa o que se realice por autoridades estrictamente designadas ( Canivet, 2003 ). Aunque los estudios comparados muestran que la tendencia en las dos tradiciones privilegia la idea de que los jueces deben responder penalmente, en la práctica estos casos son atípicos.

Luego de este rápido vistazo a la forma como las dos grandes tradiciones buscan responsabilizar a sus jueces, me ocupo del caso colombiano. Anticipo que una mezcla de características de las dos tradiciones analizadas se encuentra en el país.2. La responsabilidad de los altos jueces en Colombia En este segundo apartado detallo la manera como en la legislación colombiana se prevé que los jueces respondan por sus acciones y omisiones.

Concretamente, me ocupo de dos formas de responsabilidad: la disciplinaria y la penal. Luego de presentar el marco normativo, me concentro en algunos casos emblemáticos en los que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura se han visto involucrados en acciones que, presuntamente, vulneran normas de tipo disciplinario o penal.

Advierto que una ejemplificación de este tipo es problemática, 24 por lo que los casos mostrados son aquellos que han sido altamente mediatizados y objeto de pronunciamiento por entes oficiales. En Colombia se observa la directriz a afianzar las garantías de la independencia externa e interna de los jueces.

  1. El punto culminante de esta tendencia fue la expedición de la Constitución Política de 1991, a través de la cual se introdujo un diseño que aparta al poder judicial de indebidas influencias.
  2. Del mismo modo, se encuentra en el sistema jurídico colombiano un conjunto de normas a través del cual se busca que todos los jueces de la República respondan por sus acciones y omisiones.

Las formas como los jueces responden, varían en función de su jerarquía. Así, las faltas cometidas por los altos jueces en Colombia (dada su condición de aforados) son conocidas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Por su parte: jueces, magistrados de tribunales y demás funcionarios del poder judicial son responsables civil, penal y disciplinariamente.

Este último control es ejercido actualmente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura siguiendo los parámetros establecidos por normas como el Código Disciplinario Único y la Ley Estatuaria de la Administración de Justicia. La indagación y el castigo por la responsabilidad penal suelen estar en manos de la justicia ordinaria.

En la tabla 1 se ilustran los tipos de responsabilidad y las entidades ante las cuales responden los jueces, según su nivel jerárquico. Tabla 1 Responsabilidad penal y disciplinaria de los altos jueces en Colombia Fuente: elaboración propia.2.1 Responsabilidad disciplinaria En Colombia las acciones y omisiones que pueden catalogarse como faltas disciplinarias están previstas en textos como el Código Disciplinario Único y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

El Código Disciplinario Único 25 contempla un apartado que trata sobre el régimen de los funcionarios de la rama judicial.26 La falta disciplinaria es definida por este código como: “() el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la constitución, en la ley estatutaria de administración de justicia y demás leyes “.27 Este estatuto enumera las faltas disciplinarias en particular, haciendo una clasificación entre faltas gravísimas, graves o leves.

Del análisis de la primera categoría, esto es las faltas gravísimas, se puede afirmar que son hechos que se mueven entre la falta disciplinaria y el delito. Entre este tipo de infracciones se encuentran: extraviar, perder o dañar bienes del Estado, incrementar injustificadamente el patrimonio, obstaculizar investigaciones que adelanten las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, ocasionar la muerte a un grupo nacional, étnico, racial, político o religioso, incurrir en violaciones al derecho internacional humanitario y privar ilegalmente de la libertad a una persona.

  • En lo que se refiere a la tipificación de las faltas, el Código Disciplinario Único remite a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.28 Esta norma, al ser más específica, enumera los deberes y las prohibiciones propias de los funcionarios y empleados de la rama judicial.
  • El conjunto de deberes contiene algunas prescripciones de carácter general y otras ligadas estrechamente al ejercicio de funciones judiciales.

En la primera categoría (prescripciones de carácter general), según la Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia, en su artículo 153, se encuentran: cumplir la Constitución y las leyes, desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones a su cargo.

En el segundo tipo de normas (las específicas que prevén deberes), se encuentran entre otras: la obligación de guardar reserva de los asuntos conocidos aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo, declarar en ciertas circunstancias las variaciones importantes del patrimonio, dedicarse exclusivamente a la función judicial, 29 evitar la lentitud procesal y sancionar todas aquellas maniobras dilatorias.

Del mismo modo, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 154, prevé un conjunto de prohibiciones entre las que se encuentran: realizar actividades ajenas al ejercicio de su trabajo durante la jornada laboral, abandonar sus labores sin autorización previa, embriagarse periódicamente y utilizar sustancias prohibidas por la ley, retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos conocidos, proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración de justicia que conozcan, participar en procesos electorales, realizar en el servicio o en la vida social actividades que afecten la confianza del público u observar conductas que comprometan la dignidad de la administración de justicia, recibir remuneraciones de los interesados en un proceso, aceptar donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria de las partes o de sus apoderados.

Estas son, en síntesis, las dos principales normas que encuadran el comportamiento de los funcionarios y empleados del poder judicial en Colombia. A lo anterior ha de sumarse un cúmulo de sentencias 30 de la Corte Constitucional colombiana, a través de las cuales se han diseñado líneas jurisprudenciales claras y que son de fácil acceso para los miembros del judicial y para cualquier ciudadano.

Menos publicitadas y de acceso más complicado son las sentencias emitidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y los Consejos Seccionales de la Judicatura. La falta de visibilidad de su jurisprudencia supone un problema para que los operadores judiciales y el público en general puedan conocer, reflexionar e interiorizar las reglas legales y los principios deontológicos Comentarios sobre el origen de la responsabilidad disciplinaria en Colombia La existencia de un cuerpo con funciones jurisdiccionales encargado de sancionar disciplinariamente a jueces y magistrados fue admitido con muchos reparos en el sistema judicial colombiano.

A este sistema de control se llegó luego de haberlo confiado al superior jerárquico, a las comisiones disciplinarias, a la Procuraduría y a los jurados de honor. La adjudicación del control en estos cuerpos debió remplazarse por adolecer de vicios burocráticos. La creación de un Tribunal Disciplinario (antecesor del Consejo Superior de la Judicatura), llamado por algunos ‘Súper Corte’, se remonta al comienzo de la década de los sesenta.

Según el Decreto 1698 de 1964, este Tribunal conocía, en única instancia, de los procesos por faltas disciplinarias adelantadas contra magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y en segunda instancia, de los procesos por faltas disciplinarias fallados en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito judicial y por el Tribunal de Aduanas.

Estas atribuciones fueron objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. En su decisión, el máximo tribunal de la justicia ordinaria decretó la inexequibilidad de la prescripción, al considerar que no era aceptable que los jueces fueran juzgados por un ente que no fuera su superior.

La iniciativa de fundar este tipo de tribunal renació en la reforma constitucional de 1968. El Tribunal Disciplinario, esta vez de rango constitucional, tenía bajo su control las faltas cometidas por los funcionarios judiciales 31 y ofrecía garantías procesales plenas para los investigados.

Además, conocía de las faltas contra la ética de los abogados y dirimía conflictos de competencia que se desataran entre diferentes jurisdicciones. Sus miembros, elegidos para periodos de 5 años, debían cumplir los mismos requisitos que para ser elegido en el cargo de magistrado de la Corte Suprema y eran elegidos por el Congreso de la República de ternas presentadas por el Presidente de la República.

La recepción de un Tribunal de estas características y con estas funciones no fue de buen recibo en la cúpula del poder judicial. El malestar que generó este nuevo tribunal, pudo estar al origen del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia el 21 de Octubre de 1976.

Mediante su decisión 32 la máxima instancia de la Justicia ordinaria restringió las facultades del Tribunal Disciplinario que en adelante solo disciplinaría a sus propios magistrados, a los del Consejo de Estado, Tribunales Superiores de distrito judicial, aduanas y contencioso administrativo 33, El Tribunal Disciplinario con funciones ampliamente reducidas pereció en 1991, cuando fue remplazado por el Consejo Superior de la Judicatura.2.2.

Responsabilidad Penal Como arriba anoté, jueces y magistrados en Colombia están llamados por la ley a responder por sus infracciones a la ley penal. La indagación y el castigo por este tipo de responsabilidad suelen estar en manos de la justicia ordinaria.

Existe, por ejemplo, un apartado en el Código Penal colombiano que se ocupa de los delitos y transgresiones contra la administración de justicia. Por su parte, la competencia para conocer de este tipo de conductas ha sido, por ley, confiada a diferentes autoridades. Los altos magistrados, gracias a su fuero, son investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y eventualmente juzgados por la más alta instancia de la justicia ordinaria: la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, las infracciones de tipo penal cometidas por los jueces de inferior jerarquía son de conocimiento de la justicia ordinaria. Es importante subrayar que la única sanción de tipo disciplinario contra un alto magistrado fue emitida contra un miembro de la sala penal ( Domínguez, 1981 ).

En efecto, en el año 1976 un magistrado en el cargo fue destituido por el Tribunal Disciplinario al considerarse que había cometido una falta contra la administración de justicia. El asunto se inició por dos supuestas llamadas telefónicas hechas por el entonces miembro de la Corte Suprema de Justicia.

En la primera habría preguntado a un magistrado de inferior jerarquía sobre la doctrina probable frente a un caso. En la segunda llamada, el alto juez habría solicitado a un magistrado del Tribunal Superior estudiar personalmente un negocio. La historia finalizó con la nulidad de la actuación del Tribunal Disciplinario, decretada en 1980 por el Consejo de Estado.

A juicio de este alto tribunal, la decisión habría sido proferida por una autoridad que carecía de competencia: el Tribunal Disciplinario. El asunto, entonces, era de competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Luego de este breve repaso sobre la forma en la que responden penalmente los altos jueces, reseño algunas denuncias por presuntos delitos cometidos por los magistrados.

Denuncias por presuntos delitos cometidos por los altos jueces, El escaso número de “casos juzgados” ( Domínguez, 1981 ) contrasta con la cantidad creciente de denuncias de faltas de carácter disciplinario y penal de los magistrados de las altas Cortes.

El incremento de cuestionamientos al comportamiento frente a sus deberes como juez y, en general, en su vida privada, se constata en una simple revisión de los expedientes conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y el amplio número de artículos de prensa sobre el tema.34 Aunque a través del mundo se ha reseñado la rareza de las sanciones contra los altos jueces, el caso colombiano llama especialmente la atención por dos razones.

La primera, es que al contrario de lo que ocurre en países que privilegian la tradición del commonlaw, los altos jueces en Colombia (especialmente los miembros de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura) no gozan en todos los casos de una imagen de prestigio ni llegan a su cargo luego de un proceso de selección riguroso.35 La segunda razón por la que la rareza de las sanciones contra los altos jueces llama la atención, es porque en la comisión de Investigación y Acusación anidan inconvenientes 36 que dificultan su gestión y minan su legitimidad.3.

  1. Debilidades en el ente que investiga las faltas de los altos jueces Este último apartado está consagrado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
  2. Inicio el análisis haciendo énfasis en los principales problemas que actualmente aquejan a esta célula legislativa.
  3. Estos inconvenientes están relacionados con: el procedimiento previsto para tramitar los expedientes y con el personal que conforma la Comisión de Investigación y Acusación.

En seguida, muestro los resultados de la gestión de la Comisión de Investigación y Acusación. Estos se traducen en el considerable número de expedientes que (luego de muchos años) aún se encuentran en “preliminares” y la gran cantidad de conductas que aún no han sido tipificadas.

  1. Son estas falencias en la gestión y resultados los que contribuyen a consolidar la percepción de una ‘responsabilidad atenuada’ de los altos jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.3.1.
  2. Algunas observaciones sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes En Colombia, la Constitución Política de 1991 confió al Congreso la facultad de investigar y acusar a algunos de los altos funcionarios.37 El trámite que se surte en Cámara y Senado se aproxima a la idea de un juicio político.

La constitución también reconoce la posibilidad de que, tratándose de delitos comunes, el procedimiento pueda ser conocido por la Corte Suprema de Justicia. En este caso la sanción aplicable es la prevista por la ley penal. Las críticas que recaen sobre este procedimiento se concentran en su fase en la Cámara de Representantes ( López Daza, 2010 ).

Se debe tener en cuenta que desde hace más de 50 años ningún alto funcionario ha sido llevado ante el Senado. Por su parte, los eventuales inconvenientes ligados al desarrollo de un eventual juicio ante la Corte Suprema de justicia son una incógnita: a la fecha, ningún procedimiento ha llegado a esta instancia.

A continuación reseño la forma como se surte el procedimiento de investigación de altos funcionarios en la Cámara de Representantes. En seguida presento algunas de las críticas más frecuentes al mismo. Los Trámites en la Comisión de Investigación y Acusación,

A semejanza del impeachment, 38 en Colombia las tareas de investigación y el juzgamiento de altos funcionarios han sido confiadas a la Cámara de Representantes y al Senado. Así, en la Cámara de Representantes existe una comisión de carácter permanente denominada Comisión de Investigación y Acusación.39 La investigación en esta instancia puede ser iniciada de oficio, por una denuncia o por el informe de una autoridad.

De su conocimiento se ocupan 15 miembros del Congreso, elegidos por el sistema de cociente electoral.40 Las denuncias pueden ser instauradas por delitos cometidos en el ejercicio de funciones, por indignidad, mala conducta o por delitos comunes. Cuando la Comisión de Investigación y Acusación encuentra mérito, prepara proyectos de acusación (que deberá aprobar el pleno de la Cámara) y eventualmente acusa ante el Senado.

En esta instancia se da inicio a la etapa de juicio. Si la acusación se refiere a delitos comunes, se citará al acusado y se le pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Aunque en teoría este sistema puede ocasionar que los miembros de la Corte Suprema juzguen a sus propios magistrados, en la práctica nunca se ha presentado esta situación.

El estudio realizado por López Daza (2010) ilustra muy bien cómo recientemente ninguna alta corte ha escapado a denuncias contra uno o varios de sus miembros. No obstante, el número de procesos contra miembros de las altas cortes varía notablemente. De un lado, la Corte Suprema de Justicia es la instancia que en el año 2010 tenía más procesos contra sus magistrados: 180 ( Castillo, 2010 ).

  • Casi la mitad de estos procesos estaban dirigidos contra miembros de la sala penal.
  • Esta abundancia, puede explicarse a partir de los choques constantes del alto tribunal (sala penal) con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
  • La segunda alta Corte que más procesos tenía en contra de sus miembros en 2010 era el Consejo Superior de la Judicatura: 170.

Un 48% de las denuncias se dirigieron contra miembros de su Sala Disciplinaria ( López Daza, 2010 ). Este porcentaje es un indicador del avanzado estado de descomposición que en ciertas épocas ha caracterizado a esta sala.41 Finalmente, la alta corte que menos investigaciones tiene en su contra (aproximadamente 28) es la Corte Constitucional.42 El alto número de denuncias en contra de miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura desentona con la lentitud del trámite y la ausencia de sanciones.43 3.2.

Principales inconvenientes en la célula legislativa que investiga a los aforados Trabas ligadas al Procedimiento, Una de las quejas más frecuentes contra la referida Comisión es la lentitud en el trámite de las denuncias. A continuación, señalo varios hechos que pueden hacer engorroso el procedimiento.

El primero es el tiempo de sesiones de la Comisión de Investigación y Acusación; debe tenerse en cuenta que esta célula legislativa labora en los mismos periodos previstos para el Congreso.44 En la práctica, esto implica que durante los recesos parlamentarios, las investigaciones contra aforados se estancan.

A su vez, durante el tiempo normal de las sesiones, los miembros de la comisión de investigación y acusación pueden no tener o no estar dispuestos a dedicar todo su tiempo al tratamiento de expedientes.45 En efecto, salvo casos altamente mediatizados, la dedicación de tiempo y esfuerzo disminuye para consagrarse a otros proyectos que pueden ser más beneficiosos frente al electorado.

La escasez de tiempo fue, por ejemplo, la razón esgrimida por un congresista que ocupaba la Presidencia de la Cámara de Representantes y a su vez hacía parte de la Comisión de Investigación y Acusación. Esta dualidad de funciones lo llevó a dimitir de su cargo argumentando: 46 “Mi actual condición de presidente de la Cámara, me impide dedicarle el tiempo y el esfuerzo exigidos para ser parte de la Comisión de Investigaciones”.

En este orden de ideas, la falta de autonomía de la Comisión de Investigación y Acusación, también puede generar retardos en el trámite de los expedientes. Debe tenerse en cuenta que según la ley, la comisión debe apoyarse en otras autoridades tratándose de desarrollar ciertas actividades y práctica pruebas.

Esto significa que el avance en el trámite de un expediente depende de la rapidez y eficacia en la gestión de organismos externos. La forma prevista para asignar los expedientes entre los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación es otro aspecto que traba la gestión.

Según lo previsto por el reglamento del Congreso, el reparto debe hacerlo el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación.47 En la práctica este hecho puede generar que casos sensibles sean instruidos por Congresistas afines al investigado, quienes podrían por ejemplo retardar o agilizar el trámite o incluso favorecerle a través de su decisión.

Problemas con el personal que integra la Comisión de Investigación y Acusación La escasez de personal y la poca pericia de quienes integran la Comisión de Investigación y Acusación debilitan su gestión. Según lo previsto por la ley, la célula legislativa está compuesta por quince miembros.

  1. Nada se dice sobre la formación, experiencia o calidades que deben reunir los congresistas que la integran.
  2. Varios son entonces los reproches que pueden hacerse a esta célula legislativa.
  3. El primero, es la escasez del personal que debe llevar a cabo las investigaciones.
  4. En efecto, 15 personas no son un número suficiente para conocer de numerosos y bien intrincados expedientes.

A lo anterior se su­ma el hecho de que no existe suficiente personal que apoye técnicamente la labor. Cada miembro de la comisión posee en promedio de dos a tres asistentes. Este número de personas, puede resultar insuficiente para recibir las denuncias y realizar los trámites que se derivan de las investigaciones.

El segundo inconveniente, ligado a los miembros que componen la Comisión de Investigación y Acusación, es la ausencia de la pericia suficiente para instruir los expedientes. Según lo previsto por la ley, la Comisión de Investigación y Acusación indaga por hechos que pueden constituir faltas disciplinarias, pero también conductas tipificadas por la ley penal.

En la práctica no se requiere el diploma de abogado, ni experiencia judicial de ningún tipo para conocer de las investigaciones. Este hecho puede dificultar las investigaciones que indudablemente tienen un fuerte componente legal. Por ejemplo, tratándose de la comisión de delitos, la formación jurídica o la experiencia previa en el medio judicial serían deseables.

  1. La tendencia que recientemente ha tomado fuerza en el Congreso es nombrar a personas que tengan el diploma de abogado, como mínimo.
  2. Este hecho se deduce del análisis de la actual composición de la Comisión de Investigación y Acusación.48 En conclusión, esta falta de pericia puede hacer que el trámite sea lento y la argumentación de las decisiones deficiente y altamente cuestionable.

Otro problema es el cuestionamiento ético hecho a algunos de los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación que han sido acusados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia por la comisión de ilícitos. Varios son los casos sobre el particular.

Por ejemplo, el de una parlamentaria que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias 49 o el de un representante a quien el Consejo de Estado retiró su investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.50 Finalmente, existe el problema del cruce de funciones de juzgamiento entre miembros de la Corte Suprema y del Congreso.

En la práctica, la Corte Suprema de Justicia es la encargada de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Por su parte este último conoce de las denuncias contra los primeros. Este ‘cruce’ de funciones mella la independencia de la Comisión de Investigación y Acusación, que puede temer adelantar investigaciones contra los miembros de la Corte Suprema por temor a represalias.

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Sobre el particular, es muy concluyente el hecho de que en 2009 varios miembros de la comisión especularan sobre su renuncia (El Tiempo, 2009). Bajo estas condiciones no puede impresionar el hecho de que muchas de las investigaciones tarden años, sean archivadas o finalicen con auto inhibitorio o preclusión.

Este proceder ha dejado en la opinión pública la sensación de: ‘no-justicia o manipulación de sus decisiones por los detentadores del poder político o judicial’ ( López Daza, 2010 ). Ahora bien, los inconvenientes arriba descritos, pueden ser causas eficientes de esta gestión ineficaz.

Así, presento algunas cifras sobre el número de procesos conocidos y el estado en que se encuentran en la Comisión de Investigación y Acusación. La ausencia de información en el Congreso es uno de los mayores problemas para cualquier tipo de investigación que pretenda medir los resultados de su gestión.

Los datos que se analizan en este texto se extrajeron de la página web del Congreso de la República, 51 específicamente de la Comisión de Investigación y Acusación, la cual presenta un reporte titulado: Procesos reales vigentes 2010-2014, Resalto que no existe información disponible en la página web del Congreso de la República anterior a este reporte.

Frecuentemente la comisión aduce que la carencia de cualquier tipo de información se explica por la obligación de guardar la información del sumario. Por no hacer parte del presente estudio, los procesos adelantados contra el Presidente de la República, miembros de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Fiscalía general de la nación, no serán tenidos en cuenta.3.3.

Algunos indicadores sobre las deficiencias en la gestión El análisis de esta investigación está organizado como sigue. En una primera fase, se diseñó y completó la siguiente ficha en el programa Word. El objetivo fue conocer y organizar los datos pertinentes para construir este artículo, que se encontraban dispersos en un vasto archivo de la Comisión de Investigación y Acusación. Fuente: elaboración propia. Las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura El documento consultado de la Comisión de Investigación y Acusación reseña la existencia de 1.226 expedientes en curso, de los cuales 474 (38,6%) corresponden a investigaciones en contra de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia.

  • Esta última institución registra un total 250 (20,39%) expedientes conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
  • Las denuncias son formuladas contra uno o varios de sus miembros, o contra la institución en general.
  • El más antiguo de estos expedientes data del año 2002 y el más reciente del año 2011.

En el expediente se reseñan las faltas por las que cursa la denuncia, las cuales pueden ser de tipo penal, disciplinario, incidente de desacato o por establecer. Entre los delitos denunciados se encuentran la injuria, el prevaricato, el asesoramiento ilegal y el peculado.

Nada se detalla sobre las quejas disciplinarias y las llamadas ‘conductas por establecer’. De otro lado, los casos conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación en los que están implicados miembros del Consejo Superior de la Judicatura son en total 224 (18,17%). Los expedientes más antiguos se remontan al año 2002 y los más recientes al año 2011.

Entre las denuncias de tipo penal, se señalan hechos como la injuria y el prevaricato. Tal y como ocurre en el caso de la Corte Suprema de Justicia, no se dan detalles sobre los tipos de infracción disciplinaria y las conductas ‘por establecer’. La siguiente tabla muestra el número total de expedientes en contra de magistrados la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura. Fuente: elaboración propia. La figura 1 muestra el porcentaje de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura. Tal y como se observa, un 85% de los hechos conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara se encuentran en la categoría ‘por establecer’. Figura 1 Tipo de falta denunciada Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura (2002-2014) Fuente: elaboración propia. Estado del trámite de los expedientes en la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Frecuentemente se aduce que los expedientes que son conocidos por la Comisión de Investigación y Acusación, al entrar en esta instancia: “duermen el sueño de los justos” ( Castillo, 2010 ).

  1. Esta afirmación se relaciona con la parálisis de en las investigaciones, hecho que se denuncia con frecuencia.
  2. La siguiente tabla muestra el número de expedientes que se encuentran en ‘preliminares’.
  3. En la Corte Suprema de Justicia son 239 los procesos que se encuentran en preliminares, con archivo y uno pendiente de recurso.

El panorama en el Consejo Superior de la Judicatura no es más alentador: 215 procesos se encuentran en preliminares, cuatro han sido archivados y diez se encuentran en la categoría pendiente de recurso. Tabla 2 Estado del trámite de los expedientes (2010-2014) Fuente: elaboración propia. Finalmente, el siguiente gráfico ilustra cómo 95,78% de los procesos que se adelantan en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra miembros del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia se encuentran en preliminares. Este alto porcentaje contrasta con el escaso número de expedientes archivados: 1,90%. Figura 2 Estado del trámite de los expedientes (2010-2014) Fuente: elaboración propia. Conclusiones Varias conclusiones pueden extraerse a propósito de la rendición de cuentas de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia.

  1. La primera es que existe un amplio conjunto de normas constitucionales y legales, que buscan que los jueces respondan por sus acciones y por sus omisiones.
  2. Así, fruto de una amalgama de elementos que se aproximan a las dos grandes tradiciones jurídicas, se han previsto algunas medidas que buscan mejorar la gestión de los tribunales.

Estas acciones, puestas en obra por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pueden ser leídas como desarrollos incipientes de judicial accountability, También se han implementado mecanismos que buscan asegurar la responsabilidad de los jueces a través de controles de tipo disciplinario y penal.

En estos casos, el común denominador es que los altos jueces gozan de una especie de inmunidad que hace que el control sobre sus acciones sea ejercido por la comisión al seno del Congreso colombiano. Pese a la existencia de estos diseños institucionales que buscan compensar las garantías de independencia con la exigencia de responsabilidad, en la práctica estos arreglos gozan de una débil eficacia.

La segunda es que una de las principales fracturas al sistema de responsabilidad de jueces es el inadecuado funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La falta de una gestión óptima de la Comisión hace que en la práctica los altos jueces en Colombia den pocas cuentas sobre sus acciones y por ende gocen de una legitimidad atenuada.

No puede pasarse por alto que la falta de legitimidad de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es especialmente grave. Se debe tener en cuenta que esta instancia es el juez de los jueces, por lo que su irresponsabilidad puede ser un incentivo poderoso para la comisión de acciones indebidas en niveles jerárquicos inferiores.

La tercera es que empiezan a emerger mecanismos que buscan asegurar la accountabiliy horizontal, ante las falencias anotadas en los mecanismos de control formal. Se trata de pronunciamientos a través de los cuales la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sentado bases claras sobre algunos principios que deben orientar la acción de sus colegas y en general la administración de justicia.

En este mismo escenario han aparecido formas de control informal que se originan en medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.52 Sobre el particular, es especialmente ilustrativa una situación. Los hechos sucedieron cuando un magistrado de la sala disciplinaria se vio envuelto en un escándalo por supuesta corrupción en el mes de noviembre de 2013.

Según revelaciones hechas por un importante medio de comunicación, el magistrado habría recibido importantes sumas de dinero para que los llamados procesos por falsos positivos fueran conocidos por la justicia penal militar.53 Las denuncias y la presión ejercida por los medios de comunicación condujeron a que el magistrado renunciara a su cargo.

Este es un hecho importante, en la medida en la que en otros escándalos protagonizados por miembros de la sala disciplinaria del Consejo, los magistrados han optado por retirarse temporalmente de su cargo, luego de lo cual regresan a sus funciones y terminan sus periodos de ley sin que sus conductas sean reprendidas de manera alguna.

Frente a este panorama, es necesario afinar el diseño institucional previsto para la investigación y juzgamiento de faltas de los altos jueces. Sin embargo, estas acciones pueden ser inútiles si no son acompañadas de medidas que garanticen no solo el ingreso de los mejores a los cuerpos judiciales, sino la interiorización de un cuerpo deontológico que enmarque sus acciones dentro y fuera de los estrados.

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(2001), en su trabajo titulado Independencia y responsabilidad de los jueces. Gestión y análisis de políticas públicas, para quien: “La independencia y la responsabilidad no son características excluyentes, sino características complementarias de la buena justicia” (p.100).3 Garoupa, N.

Ginsburg, T. (2009), Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence. American Journal of ComparativeLaw, 57 (1), pp.103-134.4 Son varios los mecanismos a través de los cuales se ha buscado dotar al poder judicial colombiano de mayor independencia. Uno de los más importantes fue la exclusión de la participación del ejecutivo y el legislativo en integración del judicial.

Me refiero específicamente a la cooptación introducida a mediados del siglo XX. Posteriormente vendrían otras tentativas, más o menos eficaces, como la creación del Consejo Superior de la Judicatura y la implementación de la carrera judicial.5 En el segundo apartado de este documento me ocupo del conjunto de arreglos previstos en Colombia para hacer a los jueces responsables.6 Pese a que recientemente han sido publicados estudios que abordan el fenómeno de la independencia y la responsabilidad de los jueces en Colombia, estos análisis siguen siendo escasos.

  • Entre estos se encuentran: Franco, A. (1997).
  • Independencia judicial y política en Colombia.
  • Documento presentado en el encuentro de 1997 de la Latin American Studies Association.
  • Primer borrador.
  • Carrillo, F. (1998).
  • La independencia judicial y su relación con los órganos legislativos.
  • Revista de Derecho (Barranquilla), 9: pp.1-12.

Arrubla Paucar, J. (2007). La independencia del juez y democracia. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 37 (107): pp.307-310. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. (2009). Justicia bajo presión: Constricciones institucionales y atentados contra la independencia judicial en Colombia, 2005-2008, Bogotá, D.C: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).

  • Rubiano, G.S. (2009).
  • La Corte Constitucional entre la independencia judicial y la captura política. En M.
  • García Villegas & J.
  • Revelo Rebolledo.
  • Mayorías sin democracia.
  • Desequilibrio de poderes y estado de derecho en Colombia, Bogotá: Dejusticia.
  • García Villegas, M., & Revelo Rebolledo, J. (2010),
  • Estado alterado.

Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia, Bogotá: DEJUSTICIA. Por su parte, los estudios sobre la responsabilidad de los altos jueces son aún más escasos. Entre estos cabe destacar el realizado por Lamprea, E. (2009).Independencia judicial y rendición de cuentas en la nominación de candidatos a la corte constitucional colombiana.

  • Revista derecho Público, (23) : pp.3-10.7 Este artículo se inscribe en el marco de una tesis doctoral que, en general, explora el tema de la administración de la justicia en Colombia.
  • La elección de la CS y del CSJ, puede justificarse por el interés de descifrar académicamente, y desde una perspectiva pluridisciplinaria, los efectos de la politización de la justicia y la judicialización de la política en los dos altos tribunales.

Es importante resaltar que estas dos altas cortes fueron elegidas como objeto de estudio en el año 2009. En esta época la CS y el CSJ acaparaban la atención de la comunidad académica, medios de comunicación y diversos sectores de la sociedad civil. Esta atención se generó básicamente por dos hechos.

De un lado, se hicieron evidentes las consecuencias negativas de confiar a cuerpos políticos la elección de los miembros de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Del otro lado, la Corte Suprema de Justicia llevo a juicio y profirió condenas contra algunos políticos por nexos con grupos al margen de la ley.

Al mismo tiempo, las relaciones de este alto tribunal con el gobierno de turno se degradaron; el protagonismo moderado que tenían en este contexto específico la Corte Constitucional y el Consejo de Estado explica su exclusión del análisis propuesto. Teniendo en cuenta las vicisitudes de las relaciones entre la política y la justicia en Colombia, es posible que a la fecha de publicación de este artículo, otra sea la situación de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.8 La idea de accountability o rendición de cuentas tiene dos dimensiones: de un lado, la obligación de los políticos y los funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, y del otro, la capacidad de sancionar a estos políticos y funcionarios en caso de que violen sus deberes públicos.

Léase: Schedler, A. (1999), Conceptualizing accountability. En A. Schdeler, L. Diamondy & M.F. Plattner (eds.). The self-restraining State: power and accountability in new Democracies (pp.13-28). Boulder, Co: Lynne Rienner.9 Para el desarrollo metodológico de este artículo se tuvo en cuenta el trabajo de Coffey, A., & Atkinson, P.

(2005), Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias complementarias de investigación, Alicante : Universidad de Alicante.10 A propósito de los llamados trasplantes puede leerse el libro de López Medina, D.E. (2004), Teoría impura del derecho.

La transformación de la cultura jurídica latinoamericana, Bogotá: Universidad de los Andes, Legis y Universidad Nacional de Colombia.11 Una exploración de la influencia del constitucionalismo francés en la constitución política 1991 puede leerse en: Guevara Rivera, C. (2007), Análisis de la influencia del constitucionalismo francés en la Constitución Política de 1991,

Tesis de grado para optar el título de magíster en derecho, bajo la dirección de Mauricio García Villegas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.12 Cabe destacar que pese a esta reticencia, países como España, Italia y Finlandia han adoptado recientemente, y con diversos resultados medidas ligadas, la new public management en sus sistemas judiciales.

Ver Contini, F., & Mohr, R. (2007), Reconciling independence and accountability in judicial systems. Utrecht Law. Review, 3, pp.26-43; Frydman, B., & Jeuland E. (2011), Le nouveau management de la justice et l’indépendance des juges, Paris: Dalloz.13 Entre las bases de este procedimiento se encuentran: traición, soborno, crímenes graves y delitos menores.14 A nivel estatal se han reportado casos en los que el presupuesto de las Cortes estatales han sido disminuidos por decisiones impopulares frente al gobernador o la legislatura.

En Schauffler, R. (2007), Judicial Accountability in the US State Courts: Measuring Court, Performance, Recuperado de http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-101059/40 Consulta realizada el 10 de septiembre de 2013.15 El Conseil Superior de la Magistrature Francés se ha manifestado sobre el particular afirmando que: « Cette règle trouve cependant un tempérament lorsque le comportement privé du magistrat donne lieu à des débordements pouvant avoir un retentissement sur l’exercice professionnel ou risquant de dégrader l’image de sa fonction ».

Ver Francia, Conseil Supérieur de la Magistrature, rapportd’activité 2002-2003, (période du 5 juin 2002 au 31 août 2003).16 Los ejemplos concretos de los comportamientos privados que oscurecen la acción del juez son detallados por Canivet, G., & Joly-Hurard J., (2009), La déontologie du magistrat, París: Dalloz.17 El Conseil Supérieur de la Magistrature ha considerado que caracterizan una falta profesional, susceptible de acciones disciplinarias, las relaciones de amistad cuando conducen ” compromettre gravement l’independence du magistrat dans la cité ” Véase Commaret, D., (2000),

Les responsabilités déontologiques des magistrats á la lumière de la jurisprudence du Conseil Supérieur de la magistrature, En Association française pour l’histoire de la justice, (Ed. scientifique). Juger les Juges. Du Moyen Age au Conseil Supérieur de la Magistrature,

  1. Paris: La documentation Française.18 Ver: Francia.
  2. Conseil Supérieur de la Magistrature, rapport d’activité 2002-2003 (période du 5 juin 2002 au 31 août 2003).19 En Colombia, también se han excluido los actos jurisdiccionales (interpretar la norma y adoptar decisiones) del control disciplinario.
  3. La excepción a esta regla se configura cuando la discrecionalidad se trasforma en arbitrariedad o se emiten decisiones que contraríen o desatiendan textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable.

Este es el criterio sostenido por la Corte Constitucional en sus fallos. Sobre el particular léase: Sentencia C-417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández; T-249 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-625 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-056 de 2004, M.P.

Marco Gerardo Monroy Cabra.20 La renuencia a aceptar este tipo de composición de los consejos es amplia. La principal razón de esta reticencia se encuentra en el alto riesgo de corporativismo que implica tal integración.21 Esta definición ha sido acogida para los funcionarios del orden judicial. Ver Canivet, G., & Joly-Hurard J.

(2009), La déontologie du magistrat, París: Dalloz.22 En Francia esta iniciativa se ha traducido en la asignación a los magistrados de indemnidades que remuneran la importancia y el valor de los servicios prestados; se trata de una prima al mérito.23 Estos contratos buscan reducir los tiempos de juzgamiento en contrapartida de una locación de medios materiales y humanos a la jurisdicción contratante.24 Hasta el momento de redacción del presente artículo no existen condenas de tipo penal ni sanciones de tipo disciplinario proferidas contra los magistrados de las altas cortes.25 Véase ley 734 de 2002.26 Los funcionaros con fuero se encuentran excluidos de este control disciplinario.

  1. Como he resaltado a lo largo del texto, esto incluye, entre otros, a los magistrados de las altas Cortes.27 Artículo 196 ley 734 de 2002.28 Véase Ley 270 de 1996.29 La única excepción permitida por la legislación colombiana a esta regla es el ejercicio de la docencia o la investigación científica.
  2. En todo caso la dedicación a estas labores no puede exceder un número determinado de horas.

Ver Colombia, Ley estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, Diario oficial 42.745 del 15 de marzo de 1996, artículo 151.30 El poder sancionatorio en materia disciplinaria ha sido encomendado al Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, la Corte Constitucional en sus fallos de tutela y en algunas demandas de constitucionalidad ha sentado parámetros jurisprudenciales en temas como la autonomía e independencia de los jueces y el ejercicio del control disciplinario de la función judicial.31 El artículo 217 del acto legislativo n.° 1 de 1968 estableció que: ” El conocimiento de las faltas disciplinarias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corresponde al Tribunal Disciplinario, el cual está encargado de dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdicción común y la administrativa() “.32 En esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia fue enfática en recalcar que solo los superiores podían juzgar a los inferiores.33 Esta decisión de la Corte Suprema fue abiertamente criticada porque: ” habría convertido una gran organización, una importante organización, en un Tribunal de muy escasa importancia, que es lo que efectivamente tenemos hoy entre manos “.

  1. Véase Intervención de Rodolfo García Ordóñez en Revista del Tribunal Disciplinario.
  2. Enero de 1986 a Diciembre de 1991.34 La ausencia de estudios académicos y estadísticas oficiales sobre el tema contrasta con la gran cantidad de páginas dedicadas por diferentes medios de comunicación a este tipo de denuncias.

Véase: Proceso contra campo soto, (4 de julio de 2000), El Tiempo, Despilfarro en la judicatura, (28 de septiembre de 2000). El Tiempo, Comisión de acusación tiene el caso. Magistrada denunciada por sus colegas, (23 de mayo de 2003), El Tiempo, El juez y la mafia, (25 de noviembre de 2006).

El Tiempo, Amistades peligrosas, (02 de diciembre de 2006). Semana. Denuncia penal de Uribe contra presidente de la Corte Suprema de Justicia, (18 de enero de 2008), El Tiempo, Uribe demandara por injuria y calumnia al presidente de la Corte, (18 de enero de 2008), El Espectador, Gobierno contra ataca a Corte Suprema con denuncia a sus magistrados, (27 de junio de 2008), El Tiempo,

Sorpréndase: mi vida social ha sido siempre muy restringida (12 de julio de 2008), El Espectador, Magistrados preocupa su elección, (30 de agosto de 2008), El Espectador, Ovidio claros, nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura está demandado por alimentos (8 de septiembre de 2008), El Tiempo,

  • Orozco, C., (10 de octubre de 2008).
  • Denuncié a cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, El Espectador,
  • Coronell, D.
  • 11 de abril de 2009).
  • Un magistrado en Problemas, Semana,
  • La red del Consejo de Estado, (05 de septiembre de 2009), El Espectador,
  • Las llamadas de los magistrados que la procuraduría pide investigar, (06 de septiembre de 2009), El Espectador,

Acusaciones enfrentan a la sala administrativa con la disciplinaria de la Judicatura, (11 de Enero de 2012), El Espectador, Denuncian sobrecostos en contratación en Sala Administrativa de la Judicatura, (11 de enero de 2012), El Espectador, Choque de trenes por investigación de carrusel de nombramientos, (16 de febrero de 2012), El Tiempo,

  • Abren proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados, (7 de marzo de 2012), El Espectador,
  • Senadores y magistrados admiten tener familiares en la procuraduría, (10 de octubre de 2012), El Espectador,
  • Necesitamos mejores magistrados: Presidenta de la Judicatura, (28 de octubre de 2012), El Tiempo,

¿Quién frena a los magistrados?, (17 de noviembre de 2012), El Tiempo, Orozco, C. (04 de mayo de 2013). Entrevista a Néstor Raúl Correa, El Espectador. Este sábado llegan a Cartagena los magistrados de polémico crucero, (24 de mayo de 2013), El Tiempo,

Fin del carrusel de pensiones, (25 de mayo de 2013), El Espectador, Piden embargar sueldo de la magistrada María Mercedes López, (19 de junio de 2013), El Tiempo, Fiscalía reveló pruebas en carrusel por pensiones, (09 de agosto de 2013), El Espectador, Archivan investigación a secretaria de la Judicatura por carrusel de pensiones, (27 de agosto de 2013).

El Espectador, Las pistas que destaparon el cartel de los magistrados de Paloquemao, (19 de octubre de 2013), El Tiempo, Las grabaciones que incomodan al magistrado Villarraga, (27 de octubre de 2013), El Espectador, El otro escándalo del magistrado Villarraga, (28 de octubre de 2013), Semana,35 Los procesos actuales de nominación y selección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura han sido objeto de fuertes críticas.

En el caso de la primera institución, se han resaltado inconvenientes ligados a la intervención de la Sala Administrativa en la elaboración de listas de Candidatos. Por su parte, los reproches hechos al proceso de nominación y selección de miembros de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se concentran en la competencia para nominar y seleccionar confiada al Presidente y al Congreso de la República.

Sobre este último caso léase Revelo Rebolledo, J. (2009), El Consejo Superior de la Judicatura entre eliminación y cooptación. En M. García Villegas & J. Revelo Rebolledo (eds.), Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia 2002-2009, (pp.248-281).

  • Bogotá: Dejusticia.36 A estos problemas se suma el desprestigio que en ciertos momentos ha ensombrecido al Congreso colombiano, como fue el escándalo de la parapolítica.
  • Léase López Hernández, C., & Ávila Martínez, A. (2010),
  • Y refundaron La Patria: de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano,

Bogotá: Debate.37 El artículo 178 de la Constitución Política de 1991 establece que corresponde a la Cámara de Representantes: “‘ Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación’.

Por su parte el artículo 174 establece que corresponde al Senado: ‘conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos ‘”.38 Este modelo de investigación y juicio, esencialmente político, fue fijado en algunos apartes del texto constitucional de los Estados Unidos. El castigo consiste en la remoción del cargo y la inhabilidad a futuro para ejercer cargos.

  • Además, quienes han sido condenados por este procedimiento no pueden ser indultados.
  • En este país el impeachmentse inscribe en el marco del checks and balances,
  • Así, el poder conferido al legislativo busca prevenir los abusos del ejecutivo y del judicial.
  • Sobre el particular léase: Berger, R. (1974),
  • Impeachment: The Constitutional Problems, Cambridge: Harvard University.

Gerhardt, M.J. (1996), The Federal Impeachment Process: A Constitutional and Historical Analysis, Princeton, N.J: Princeton University Press; Vergniolle de Chantal, F., (2000), L’analyse constitutionnelle de l’ impeachment aux États-Unis In: Revue Française de Science Politique, 50e année,1, pp.147-154 ; Stolz, P,.

(1969), Disciplining Federal Judges: Is Impeachment Hopeless? California Law Review, 57 (3), p.659-670.39 Las funciones de la comisión de investigación y acusación han sido previstas en la ley 5 de 1992 y la ley 273 de 1996.40 Para más información ver: Colombia, Congreso de la República, Ley 5 de 1992, Diario Oficial n.° 40.483 de 18 de junio de 1992.

Artículo 311.41 Entre los escándalos protagonizados por los miembros de esta institución en los últimos cinco años se encuentran: ‘el carrusel de las pensiones’, ‘la falsificación de actas’, ‘la venta de fallos’ y ‘tráfico de influencias’.42 Carlos Cortés Castillo, (8 de mayo de 2010), La Silla Vacía,

Recuperado de http://www.lasillavacia.com/historia/12350,43 Según el diario El Tiempo, “Desde 1972 (no hay contabilidad de procesos anteriores), la Comisión de Investigación y Acusación ha abierto 3.058 procesos, de los cuales archivó 1.765 y tiene vigentes 1.293 ()” ( Valero, 2012 ).44 Esto significa que el primer periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 20 de julio hasta 16 de diciembre.

Por su parte el segundo tipo de estas sesiones, se desarrolla entre el 14 de marzo y concluye el 20 de junio.45 En 2012 se calculaba que cada miembro de la comisión debía ocuparse en promedio de 100 expedientes.46 Véase, El Presidente de la Cámara renuncia a la Comisión de Acusaciones, (12 de septiembre de 2012), El Espectador,47 El artículo 331 de la Ley 5 de 1992, modificado por la Ley 273 de 1996 dice: “El Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, dentro de los dos (2) días siguientes, repartirá la denuncia o queja entre los representantes que integran la Comisión, pudiendo designar hasta tres (3) representantes investigadores para un asunto determinado.

En tal caso, designará a uno de ellos coordinador. El representante investigador o representantes investigadores, dentro de los dos (2) días siguientes, citarán al denunciante o quejoso para que se ratifique bajo juramento”.48 En el momento de redacción del presente texto, la comisión tiene catorce (14) miembros de los cuales ocho (8) son abogados titulados.

Tres (3) de sus miembros son administradores de empresas y uno (1) es trabajador social. Sin embargo (aún en el caso de los abogados titulados), la mayoría de estos congresistas tienen una vasta experiencia en el medio político y muy escasa en el judicial.49 Corte Suprema de Justicia, 23 de mayo de 2012, Sala de casación penal.

MP Julio Enrique Socha Salamanca.50 Para más información consultar: Consejo de Estado le retira investidura al Congresista Héctor Vergara, (21 de agosto de 2012), El Tiempo,51 Los datos se encuentran disponibles en la página web, http://www.camara.gov.co/portal2011/proyectos-vigentes-comision-investigacionconsultada el 2 de septiembre de 2013.52 Se trata de accountability social,53 Sobre el particular léase: Las grabaciones que incomodan al magistrado Villarraga (27 de octubre de 2013), El espectador,

El otro escándalo del magistrado Villarraga, (28 de Octubre de 2013), Semana, Notas de autor ** Doctoranda en derecho de la Université Pierre Mendés, Francia. Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Abogada egresada de la Universidad Libre.

¿Cuánto demora una sentencia en la Corte Suprema?

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

¿Qué es la casación en derecho?

El Art.139 inciso 3 y 6 de la Constitucin Poltica del Per, seala como principio y derecho de la funcin jurisdiccional a la observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional y la pluralidad de instancias; la primera se refiere al derecho de defensa en juicio de un derecho subjetivo pblico individual de toda persona que resulte afectada con el contenido de una resolucin. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, supone entre otros a que a iguales pretensiones, se establecen iguales oportunidades, siendo uno de ellos el acceso a recursos impugnatorios que puedan resolver un conflicto que para el caso de casacin se refiere, entre otros, a la interpretacin correcta de una ley. Desde el 15 de abril del 2002 rige la Ley 27584 (publicada el 07 del 12 del 2001), nominada como la Ley que regula el proceso contencioso administrativo la misma que en observancia al artculo 148 de la Constitucin Poltica del Per tiene por finalidad el control jurdico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administracin pblica sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Dicho proceso adems de regirse por los principio de integracin, igualdad procesal, favorecimiento del proceso y suplencia de oficio, previstos en la misma ley, se rige por aquellos principios que rigen el derecho procesal civil en los casos en que sea compatible: Recurso de Reposicin, Recurso de Apelacin, Recurso de Casacin y Recurso de Queja. Dentro de la descripcin del recurso de casacin, se seala que procede contra las siguientes resoluciones: 1. Las sentencias expedidas en revisin por las Cortes Superiores y 2. Los autos expedidos por la Cortes Superiores que, en revisin, ponen fin al proceso. Exige adems como un requisito adicional que: EL RECURSO DE CASACION PROCEDE SIEMPRE Y CUANDO LA CUANTIA DEL ACTO IMPUGNADO SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE DE 70 UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL (U.R.P.) y cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; Y POR EXCEPCION, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITAL, CUANDO LA CUANTIA SEA SUPERIOR A 70 UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL (U.R.P.) 1.- Del Recurso De Casacion En El Codigo Procesal Civil,- (Decreto Legislativo 768, del 04 de marzo de 1992). El Cdigo Procesal Civil en sus Art.384 al 400, seala que el recurso de casacin tiene por fines esenciales la correcta aplicacin e interpretacin del derecho objetivo y la unificacin de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, las que procede slo para; sentencias expedidas en revisin por las Cortes Superiores, autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisin, ponen fin al proceso; y las resoluciones que la ley seale. El artculo 378 del mismo cdigo seala literalmente “Contra la sentencia de segunda instancia slo procede el pedido de aclaracin o correccin y el RECURSO DE CASACION, siempre que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su admisin, no exigiendo en ningn extremo que la cuanta de la pretensin sea superior a determinado monto. Lo que desde ya nos parece correcto, porque es suficiente con el hecho de que el administrado o usuario comn haya atravesado todo el proceso ordinario o comn como para que en instancia judicial se le exija adems de todos los requisitos de fondo y forma uno de cuanta.2.- Del Recurso de Casacion en los Procesos Contenciosos Administrativos en el Codigo Procesal Civil,- El Cdigo Procesal Civil en sus Art.540 al 545 (artculos derogados) referido a la impugnacin de acto o resolucin administrativa que regulaba la accin contencioso administrativa, no exiga monto mnimo para que una resolucin o sentencia expedida de un proceso contencioso – administrativo pueda ser impugnada mediante casacin, todas eran resueltas por la Sala en segunda instancia (si alguna de las partes impugnaba) y todas tambin eran posibles de recurrir en casacin, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por Ley.3.- Del Recurso de Casacion en la Ley del Procedimiento Contencioso – Administrativo,- En el ltimo prrafo del numeral 3.2 del Art.32 de la ley 27584 determina que el recurso de casacin procede siempre y cuando la cuanta del acto impugnado sea superior al equivalente de 70 unidades de referencia procesal (U.R.P.) y cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y por excepcin, los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuanta sea superior a 70 unidades de referencia procesal (U.R.P.). Es decir 20 URP ms que lo exigido por el Cdigo Procesal Civil (ya que ste slo exige que para que una pretensin sea de conocimiento del Juez Mixto o especializado, adems de tener una va procedimental propia, sea superior a 50 URP, de forma tal que la apelacin lo conozca la Sala Superior), siendo una forma ms de tratamiento discriminatorio, ya que a iguales pretensiones se d diferentes tratos. De permitir que contine vigente la cuanta mnima a que se refiere el Art.32 de la Ley 27584 se le estara dando igual trato que a un proceso abreviado, (donde incluso no gozan del beneficio de la casacin por ser los Jueces de Paz quienes toman conocimiento y los Jueces Mixtos o especializados quienes conocen al resolver recursos impugnatorios, por lo tanto no posibles de recurrir en casacin), va en donde se discuten o ventilan procesos no tan complejos, como si lo es un contencioso administrativo, lo que resulta con una incongruencia legal que afecta los principios de igualdad ante la ley amparado por la Constitucin Poltica del Per, porque a igual situacin, se le establecen diferentes accesos a un recurso impugnatorios como es la casacin; distinguiendo donde la ley no distingue.4.- De la Doctrina para el Recurso de Casacion,- La doctrina ha asumido una posicin uniforme, definindola como un recurso procesal extraordinario que la ley otorga a las partes para obtener la invalidacin de una sentencia definitiva o interlocutoria cuando sta ha sido dictada en un procedimiento vicioso o cuando el tribunal ha infringido la ley decisoria del conflicto, al resolverlo. La definicin sealada abarca tanto, el recurso de casacin en la forma como en el fondo.6.1 De la casacin de forma.- Cuando un tribunal admite la casacin y sta se refiere a una casacin de forma, entonces declara nulo, o inaplicable determinada sentencia viciada, a fin de que se dicte otra con arreglo a derecho, El tribunal que conoce de la casacin debe limitarse, simplemente, a establecer si a los hechos tal cual estn establecidos en el proceso, se ha aplicado bien o no el derecho, es decir emite una sentencia mediante la cual invalida el fallo recurrido y subroga al que emiti el fallo recurrido dictar un nuevo fallo.6.2 De la casacin de fondo.- En cambio, cuando la Corte Suprema acoge una casacin en el fondo, hace, ella misma, dos operaciones importantsimas: invalida el fallo y dicta un nuevo fallo, dndole la interpretacin que segn su concepto, merecen los preceptos legales infringidos en la sentencia recurrida. Este derecho no debera estar limitado a una cuanta que signifique una pretensin, pues de serlo as ya existira una forma de discriminacin, inaceptable en cualquier proceso ya que la Constitucin Poltica del Per en su artculo 2 inciso 2 lo prohbe, siendo adems que a un Recurso de Casacin importa no la cuanta sino una aplicacin e interpretacin correcta del derecho. La cuanta importa slo para determinar la competencia pero de ninguna manera condicin para que se le pueda negar el derecho a que sea otro tribunal quien segn sus atribuciones lo revise. Podramos entender la intencin del legislador al introducir este precepto de cuanta como requisito para admitirse un recurso de casacin, quien amparndose quizs en el principio celeridad que debe observar la justicia a travs de sus diferentes tribunales, sta es aceptable siempre y cuando no se vulnere el derecho a un debido proceso, ya que sta prima sobre cualquier otra buena intencin de agilizar y aliviar una carga procesal ya existente. Este principio de celeridad procesal la recoge el Cdigo Procesal Civil, pero dada la jerarqua de las leyes no debe ir en contra del principio del debido proceso que tiene carcter constitucional y por ende de aplicacin obligatoria. Siendo que si bien es cierto la Ley 27584 se rige supletoriamente de los principio del derecho procesal civil, cierto es tambin que stos no deben ser inconstitucionales. Es decir se estara discriminando que puedan acudir a un tribunal competente para calificar si se aplic correctamente determinada ley o principio de aquellas acciones inferiores a 70 URP, o de aquel acto que provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional. Es importante mencionar que en el proyecto de Ley que regula el Proceso Contencioso administrativo (publicado en separata especial el 05 de Julio del 2001, en el diario oficial “El Peruano”), presentado por el Ministerio de Justicia, en ningn extremo limita el derecho a acudir a los tribunales supremos en casacin cuando la cuanta de la pretensin, tenga un monto determinado, fundamento adicional que justifica nuestra propuesta.

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